El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil que había ordenado suspender la aplicación de mensajes Telegram revirtió este domingo (20.03.2022) su propia decisión, después que la compañía cumpliera las órdenes judiciales que motivaron el bloqueo. "Considerando que se atendieron integralmente" las solicitudes del tribunal, "revoco la decisión de suspender completa e integralmente el funcionamiento de Telegram en Brasil", escribió el juez Alexandre de Moraes en un documento divulgado por el STF

La decisión de bloquear la plataforma en todo el país, publicada el viernes, no llegó a ponerse en práctica, aunque algunos operadores habían anunciado que ya no estaría disponible desde el lunes. Telegram continuó funcionando normalmente durante el fin de semana.

Tras el anuncio de la suspensión, el fundador de Telegram, Pavel Durov, de origen ruso, pidió disculpas a la corte suprema y dijo que los incumplimientos que motivaron el bloqueo se debieron a un "problema de comunicación" por e-mails traspapelados, pidiendo más tiempo para atender las órdenes judiciales y evitar el bloqueo.

El sábado, el juez otorgó 24 horas más para que la empresa cumpliera con todos los pedidos, entre ellos designar un representante legal en Brasil, remover ciertas publicaciones y perfiles y detallar ante la justicia qué medidas toma para combatir la desinformación. Entre otras cosas, la plataforma retiró informaciones falsas publicadas por el presidente Jair Bolsonaro que sembraban dudas sobre la transparencia de las urnas electrónicas que se usarán en las elecciones de octubre próximo.

Pieza clave en la estrategia de Bolsonaro de cara a esas elecciones, Telegram, que tiene sede en Dubai, está instalada en el 53% de los celulares brasileños y es la plataforma que más crece en el país, según el Tribunal Superior Electoral. El propio Bolsonaro había criticado la medida judicial de suspender la plataforma, alegando también que muchos brasileños la utilizan en su día a día, también para sus trabajos de subsistencia.

La aplicación, que ha sido objeto de prohibición o restricciones en varios países como India y Rusia, llevaba tiempo en la mira de las autoridades judiciales brasileñas, especialmente molestas con el hecho de que la compañía no tuviera representación legal en Brasil y no respondiera a sus demandas para evitar una avalancha de desinformación en las próximas elecciones, como la que sacudió la campaña electoral de 2018.

lgc (afp/efe)