El magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aplazó la audiencia para las cinco de la tarde de este miércoles (31.05.2017), de modo que los abogados de los implicados puedan acceder a las copias del expediente acusatorio formulado por el Ministerio Público.

Ortega, además, sostuvo su decisión de mantener en prisión a los inculpados, rechazando los argumentos de la defensa. El juez de la SCJ también rechazó la nulidad del proceso, como solicitaron algunos abogados, bajo el alegato de que uno de los acusados estaba fuera del país, además de que no había sido citado.

Ortega escuchó los alegatos del Ministerio Público, que en una primera intervención solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el grupo, entre quienes se encuentran el ministro de Industria y comercio, Temístocles Montás, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y expresidente del Senado, Andrés Bautista.

El reclamo de la mayoría de los abogados defensores fue el de que ni ellos ni sus clientes conocían el expediente formulado por la Procuraduría General de la República, cuyo responsable, Jean Alain Rodríguez, anunció este lunes la imputación de 14 personas por el caso de Odebrecht, que aseguró haber pagado 92 millones de dólares en el país en concepto de sobornos para acceder a obras públicas.

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A la audiencia también se presentaron los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del PRM Alfredo Pacheco, quienes se incluyen en el grupo de acusados por supuesta corrupción, pero quienes gozan de jurisdicción privilegiada por su condición de legisladores, por lo cual no pueden ser apresados, a menos que sus respectivas cámaras les retiren ese privilegio. Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Entre los apresados figuran también, el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en República Dominicana; los exvicepresidentes ejecutivos de la estatal Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura y César Sánchez; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Roberto Rodríguez y Máximo De Óleo Ramírez, exfuncionario de la CDEEE. Así como el exdiputado Rudy González, el abogado Conrado Pittaluga y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.

Otro de los imputados es el ingeniero Bernardo Castellanos, que está fuera del país e informó que regresará para enfrentar las acusaciones.

Las acusaciones han estremecido a la clase política dominicana, pues entre los involucrados figuran altos dirigentes de los dos principales formaciones políticas del país, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el PRM.

RML (efe, diariolibre.com, noticiassin.com)