Argentina intentó pagar a sus deudores, pero la Justicia no permitió que ese dinero llegara a las manos que Buenos Aires quería, pues existen otros deudores que no aceptaron la negociación previa y exigen el pago por el total y más de la deuda. Así podría resumirse, muy poco académicamente, el conflicto que tiene ahora el gobierno de Cristina Fernández con los llamados “fondos buitre”.

Este viernes (27.06.2014), el juez estadounidense Thomas Griesa convocó a una reunión a los abogados argentinos y los de los inversores que no reestructuraron la deuda soberana, y aseguró que el país cometió un acto “ilegal” que podría llevarlos a desacatar una orden judicial. Ésta dice que Buenos Aires debe pagar a los acreedores no reestructurados 1.330 millones de dólares más los intereses por la deuda que el país no pagó en 2001 y 2002, si desea abonar a quienes sí aceptaron las reestructuraciones.

Griesa aseguró que “cualquier intento de hacer el pago a los acreedores reestructurados sin cumplir (la orden de pagar al mismo tiempo al fondo NML) es ilegal”, por lo que recomendó al Bank of New York Mellon que devuelva al gobierno sudamericano el dinero que ingresó en sus cuentas por medio del Banco Central argentino. A juicio de Griesa, ese depósito fue una “medida explosiva” porque desafió una orden de la Corte.

Hay que seguir negociando

En la audiencia, Griesa llamó a las partes a seguir negociando hasta alcanzar un acuerdo, pero insistió en que Argentina debe pagar tanto a quienes reestructuraron los bonos como a quienes no negociaron. “Cualquier intento hoy en día de pagar a los bonistas (con deuda reestructurada) es ilegal, no puede hacerse y no puede ser permitido por esta corte”, afirmó el juez. “El dinero debe ser devuelto a la República. Así de simple”, añadió.

El juez estadounidense piensa que las solicitudes del gobierno de Cristina Fernández de una moratoria para pagar a los fondos especulativos unos 1.500 millones de dólares no estaban bien fundadas. “Lo que sería deseable, si es posible, es llegar a un acuerdo. Y no quiero ir mucho más lejos”, añadió el magistrado, quien designó al abogado experto en finanzas Daniel Pollack para que medie entre las partes.

DZC (Reuters, EFE)