Un juez dictó hoy orden de detención en España de la independentista catalana Anna Gabriel, pero no reclamó su arresto y entrega -como pedía la Fiscalía- a las autoridades de Suiza, país adonde huyó hace unos días para eludir la acción de la Justicia española.

Gabriel, investigada por el proceso independentista catalán, no puede ser extraditada a España aún cuando el delito del que es acusada -el de rebelión- existiera en el Código Penal suizo en lo referente a delitos contra el Estado o alta traición, según señaló hoy el Gobierno helvético.

"Lo decisivo aquí es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos", argumentó el portavoz del Departamento suizo de Justicia, Folco Galli.

Gabriel, exportavoz parlamentaria de la CUP (partido antisistema), tenía que declarar hoy ante el juez del Tribunal Supremo (TS) español Pablo Llarena, que investiga el proceso independentista catalán de 2017 -declarado inconstitucional-, pero no se presentó en el juzgado.

En declaraciones a una televisión catalana desde la ciudad suiza de Ginebra, Gabriel opinó que hay falta de imparcialidad de los tribunales españoles y pidió el archivo de la causa y la libertad de los independentistas catalanes "perseguidos".

En estas circunstancias, el juez Llarena, encargado del caso, dictó una orden nacional de detención contra Gabriel.

De esta manera, queda en la misma situación que el expresidente catalán independentista Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos consejeros, que permanecen en otro país europeo -Bélgica- huidos también de la Justicia y con una orden judicial de detención en España. efe

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