Una jueza peruana evaluaba este miércoles (17.03.2021) si acoge o rechaza el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, solicitado por la Fiscalía en el marco de una investigación por corrupción mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua, en 2014.

Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, puede convertirse en el segundo exgobernante peruano en quedar detenido, siguiendo los pasos de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), de quien fue vicepresidente.

El destino de Vizcarra, de 57 años, está en manos de la jueza María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios. Esa misma jueza le dictó en noviembre una orden cautelar de impedimento de salida del país hasta mayo de 2022.

Debido a la pandemia la audiencia se realiza por videoconferencia, con la asistencia también del fiscal del caso, Germán Juárez, Vizcarra -desde su domicilio- y su abogado Fernando Ugaz. La jueza, que tiene hasta cinco días para pronunciarse, anunció que la sesión continuará el jueves.

Investigan supuestos sobornos

Según la prensa, el fiscal posee testimonios de hasta cinco personas que dicen haber intervenido en pagos de presuntas coimas a Vizcarra a cambio de obras públicas cuando era gobernador de Moquegua (2011-2014). Los montos de los supuestos sobornos alcanzarían los 621.000 dólares.

Por este caso Vizcarra fue removido del cargo en un juicio relámpago que desató violentas protestas que dejaron dos muertos y una crisis institucional mayúscula en plena pandemia. En el lapso de 10 días, Perú tuvo tres presidentes.

"Hubo pagos indebidos a favor de Martín Vizcarra mediante José Hernández (un exministro) conforme este así lo ha reconocido en sus declaraciones a la Fiscalía", dijo el fiscal al sustentar una de las pruebas que presentó en el transcurso de su intervención de tres horas.

Mientras transcurría la sesión, un pequeño grupo de simpatizantes de Vizcarra estuvo a punto de trenzarse a golpes con detractores en las puertas del tribunal.

El exmandatario (2018-2020) ha negado dichos de la Fiscalía de que busque refugiarse en Bolivia, alegando ser víctima de un intento de sacarlo de carrera electoral en momentos en que postula a un escaño en las legislativas del 11 de abril por el partido Somos Perú.

gs (afp, efe, Diario Perú 21)