De un hilo pende la continuación del juicio al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y a su jefe de inteligencia José Rodríguez por genocidio y crímenes de guerra: un amparo provisional al abogado defensor llevó a la suspensión temporal de un proceso cuyo final, con suerte, se podría esperar para esta semana.

“Todo es muy complicado porque hay sectores muy interesados en que así sea y que nadie entienda nada”, explica a DW Michael Mörth, abogado de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) con sede en Ginebra. Su conclusión, o su fracaso, sentará “un enorme precedente de gran efecto en la sociedad”, afirma.

Importante para las víctimas…

“Este proceso representa un acto ético, moral y necesario para la paz en Guatemala tras el largo tiempo que la sociedad ha esperado y clamado por una justicia para todos. Es necesario para que el país pueda reencontrarse y cerrar algunas heridas que ha dejado el conficto armado”, dice a DW Juan Guirado, coordinador de ACSUR.

Esta organización de cooperación al desarrollo viene trabajando con las víctimas del conflicto en el país centroamericano –desplazados, indígenas, mujeres- desde antes de los acuerdos de paz que se lograron entre 1991-1996.

…decisivo para la sociedad

“Lo decisivo de este proceso no es sólo que un dictador sanguinario, finalmente, estaría tras las rejas, sino que daría una señal clara a la sociedad guatemalteca que espera desde hace un años un sistema de justicia que funcione. Sería decisivo para los jueces independientes, para las víctimas que esperan justicia desde hace 30 años, pero también para toda la sociedad porque quedaría claro que en ese entonces fluyó mucha sangre y que no puede fluir sangre sin que alguien asuma la responsabilidad”, afirma Mörth.

“El proceso –previsto para agosto- se adelantó porque la jueza fue amenazada de muerte y se ofreció un millón de dólares al Fiscal –con amenazas a la vida de sus hijos- para que durante el proceso no se esfuerce en llegar a la condena”, cuenta Mörth.

Este abogado, de origen alemán, colabora con la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) que, bajo mandato de Naciones Unidas, intenta desvelar las estructuras clandestinas que invaden todo el aparato estatal y un sistema de justicia que no funciona.

Como ejemplo da la tasa de esclarecimiento de asesinatos en 2010: dos de cada cien. “Esto es consecuencia de 30 años de guerra y ahora de que hay sectores interesados en seguir controlando el sistema de justicia para que se garantice la impunidad”, puntualiza.

Tras décadas de horror

Aunque determinados análisis detectan en Guatemala la misma polarización de hace diecisiete años, el abogado del CIJ –que también colabora con el Bufete de Derechos Humanos que representa a las víctimas- ve avances: “La parte acusada ya no niega las masacres. Y la discusión en torno al tema si fue genocidio o no es más bien artificial y viene de los sectores que no querían permitir el proceso”.

Al parecer, en la sociedad, existe un consenso respecto a quiénes fueron quienes más sufrieron en el conflicto. “Durante más de 30 años, la violencia sexual constituyó una práctica generalizada, masiva y sistemática realizada por agentes del Estado como política contrainsurgente. Fue utilizada como instrumento de guerra y herramienta generadora de terror. Fue utilizada como antesala de la muerte durante las masacres y estuvo dirigida en un 90% contra mujeres, indígenas en un 80%”, afirma el especialista de ACSUR.

Esta ong junto con otras del Grupo Sur, de CIFCA y de APRODEV -redes de organizaciones de la sociedad civil con sede en Bruselas- expresa su apoyo al proceso, su esperanza de que se logre su conclusión y su solidaridad con los testigos de las víctimas. Según la Fiscalía guatemalteca 1.171 indígenas Ixil fueron muertos a manos del Ejército durante el régimen de Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Apoyo desde Europa

“El cierre de este juicio debería marcar un importante paso para la superación de las heridas del pasado”, afirmó Catherine Ashton, la jefa dela diplomacia de la UE al comienzo de la etapa final de este proceso reafirmando el compromiso de seguir apoyando a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer el sistema judicial.

Como fuere, hasta el momento, éste no parece proteger en demasía a quienes buscan acabar con la impunidad: el abogado de las víctimas, Edgar Pérez Archila, ha requerido de la protección de observadores internacionales debido a innumerables amenazas y atentados informa a DW la oficina europea de Brigadas Internacionales de Paz.

En esa medida, en el proceso contra Rios Montt y su jefe de inteligencia, la presencia de Europa es importante. “No para hacer presión sino para subrayar el apoyo al trabajo de estos jueces independientes que trabajan bajo amenaza de muerte”, opina Mörth echando en falta mayor presencia europea.

Pues, “si este proceso fracasa quedaría comprobado que el sistema guatemalteco no está en capacidad de proteger y apoyar a un tribunal independiente”, afirma Mörth y concluye: “Si fracasa -y sabemos que pende de un hilo- el efecto en la sociedad será muy fuerte, pues subrayará su impotencia ante la impunidad”.

Autora: Mirra Banchón
Editora: Claudia Herrera Pahl