DW-WORLD entrevistó al respecto a Esteban Cuya, coordinador de la Coalición contra la Impunidad, Núremberg, Alemania.

DW-WORLD: ¿Cuál es estado del juicio contra militares argentinos en Italia?

Esteban Cuya: Desde 1985 se desarrolla en Italia un proceso penal contra los responsables de la desaparición en Argentina de unas 30 personas de origen italiano. El primer juicio concluyó el 6 de diciembre del 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales argentinos Carlos Guillermo Suárez Mason y Omar Riveros. En ese juicio el Tribunal de Roma también condenó a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin, culpables del delito de homicidio en el caso de Martino Mastinu.

En junio de este año, la justicia italiana decidió comenzar otro juicio titulado causa “ESMA”, para esclarecer y sancionar los delitos cometidos en ese centro de la armada Argentina. En ese proceso están acusados el "Tigre" Jorge Acosta, el autodenominado “Ángel de la Muerte” Alfredo Astiz, Antonio Bañen, y el Almirante Massera, por los secuestros homicidios entre otros de Ángela Maria Anete de Gullo(56), Juan Pegoraro y Susana Pegoraro de Bauer (casada con un descendiente de alemán, Rubén Santiago Bauer, también desaparecido).

Al finalizar las valoraciones jurídicas preliminares, ahora están en la fase de invitar a testigos y expertos en derecho penal argentino, por lo cual en los próximos días, a partir del 5 de octubre comenzarán a declarar ante el tribunal de Roma varias personas en calidad de testigos.

El Presidente del Tribunal, II de la Corte de Asise Mario D'Andria, ha citado por ejemplo, a Ítalo Moretti, Julio Velasco y Enrico Calamai, ex cónsul de Italia, quien durante su permanencia en Argentina salvó a decenas de personas en peligro, sacándolos del país y enviándolos a Italia, incluso con pasaportes "especiales".

Posteriormente, entre octubre y noviembre de este año se espera que acudan a declarar ante el mismo Tribunal expertos sobre el tema de la dictadura Argentina, entre los que se cuentan el periodista Horacio Verbitsky, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el político Eduardo Luis Duhalde. También han sido convocados varios sobrevivientes y familiares de victimas de la dictadura.

Asimismo el Tribunal de Roma se ha propuesto en vía de cooperación judicial solicitar a España el interrogatorio de Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, ambos militares actualmente procesados en ese país.

El actual Gobierno de Italia está priorizando el tema de sus ciudadanos desaparecidos o asesinados en el exterior, concretamente en Argentina. Durante el gobierno de Berlusconi se avanzó muy lentamente, se congelaron prácticamente los pedidos de extradición y las ordenes de capturas emitidas por un Tribunal de Roma contra Carlos G. Suárez Mason y Omar Riveros, condenados a cadena perpetua por otros crímenes contra ciudadanos italianos.

Ahora la justicia italiana ha invitado a Roma a las personas mencionadas, es decir, les financiará sus costos de viaje y estadía mientras dure su permanencia por el proceso ESMA. Eso significa una gran diferencia con la justicia alemana, donde prácticamente los denunciantes, la Coalición contra la Impunidad, ha tenido que asumir los gastos de traer a los testigos por los casos de los alemanes o descendientes de alemanes desaparecidos en Argentina, para que declaren ante la fiscalía de Núremberg.

DW-WORLD: ¿En qué otros países europeos están teniendo o van a tener lugar juicios contra militares latinoamericanos y cuáles son las perspectivas?

E. C: En Alemania la Fiscalía de Núremberg ha reabierto recientemente sus investigaciones por la desaparición del ciudadano alemán Jorge Federico Tatter, y también la Fiscalía continúa con sus demandas de extradición a Alemania de cinco altos jefes militares, entre ellos el ex presidente de la Junta Jorge Videla, por el asesinato de los ciudadanos alemanes Elisabeth Käsemann y Klaus Zieschank.

En Francia hay ya una orden de captura y condena a prisión perpetua contra el autodenominado “Ángel de la Muerte”, Alfredo Astiz. Con el descubrimiento de los cadáveres de las monjas francesas secuestradas y asesinadas por el grupo de tareas de Astiz, el caso se ha vuelto a reabrir en Paris, y se continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los otros coautores que lo acompañaron en este hecho.

En España ya se conoce la condena contra Adolfo Silingo y el juicio actual contra Cavallo, ambos calificados represores de la dictadura Argentina.

En Suiza existen ya órdenes de captura y pedidos de extradición de militares argentinos y chilenos por el secuestro y desaparición de Alexis Jaccard en 1977.

Las perspectivas de estos juicios son alentadoras para la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos, ampliando la convicción en la comunidad jurídica sobre la jurisdicción internacional para los crímenes de lesa humanidad.

Lea en la segunda parte sobre el estado de la persecución penal en Alemania.

DW-WORLD: ¿Concretamente en Alemania, cuál es el estado de la persecución penal en esos casos en detalle?

E. C: Los hijos de estas victimas del régimen hitleriano también sufrieron violencia en Argentina durante los años 1976 a 1983. Este recurso es necesario, ya que no nos conformamos con la decisión de la Fiscalía de Núremberg, de archivar los casos de estas personas de origen judío-alemán. Se está aceptando las consecuencias de leyes que han sido declaradas anuladas en Alemania para negarles el derecho a la justicia a estas familias.

Para nosotros lo esencial en este caso es la manifestación de la voluntad de ser alemán, que en los casos de Marcelo Weisz y de Pedro Berliner, fue muy clara. Ambos solicitaron ante el consulado de Alemania obtener la nacionalidad alemana que les había sido despojada a sus padres, tal como lo estipulaba la ley. Marcelo no pudo recibir su titulo de nacionalidad alemana, expedida por la autoridad alemana competente, porque en los días en que esta llego a la embajada en Bs. As. el ya se encontraba prisionero en “El Banco” y “El Olimpo”, donde era torturado por el “Turco Julián”, actualmente condenado a 25 años de cárcel en Argentina, por otros casos.

Por ese hecho de que Marcelo no recibió en sus manos el titulo de la nacionalidad alemana, no se le reconoce como alemán, y por lo tanto la justicia argumenta que no tiene competencia para investigar y juzgar el secuestro y desaparición de Marcelo Weisz. En este caso concreto se interpreta el derecho para favorecer a criminales argentinos. Eso no lo aceptamos, no es correcto.

Por otro lado, respecto al Caso de Federico Tatter, es una victoria de la Coalición que la Fiscalía de Núremberg ahora haya reiniciado las investigaciones de este caso, ya que había sido archivado, con el argumento de que no se podía establecer su destino final, después de haber sido secuestrado por militares en Argentina. Los abogados nuestros han facilitado a la Fiscalía documentos de los conocidos “Archivos del Terror” de Paraguay, en lo cuales hay referencias importantes sobre la participación paraguaya en el secuestro y desaparición de Federico Tatter.

Hay otros casos en los que los militares desaparecieron a los secuestrados, arrojándolos al mar o destruyendo sus restos en crematorios, imitando los crímenes nazis. La Fiscalía de Núremberg argumenta que al no existir la convicción sobre la muerte de estas personas, debido a la ausencia del cadáver, entonces no se puede investigar el delito de homicidio. Los tribunales en América Latina tienen otro razonamiento. Ante tantas evidencias del sistema perfecto de terror de estado, con cadenas de mando tan bien estructuradas, con grupos operativos especializados en secuestros y torturas, como en Argentina, así como con las declaraciones de los sobrevivientes del terror de estado, no se duda que los desaparecidos fueron posteriormente asesinados. Además existe en América Latina la Convención contra la Desaparición Forzada.

DW-WORLD: ¿Qué importancia tiene para el Derecho internacional que se lleven adelante los juicios?

E. C: Se están creando doctrina y precedentes jurídicos sumamente importantes, que posibilitaran a mediano plazo, que los torturadores, genocidas, los que violan el estado de derecho y las obligaciones de derechos humanos se sientan cada vez con menos libertad de acción y tengan menos posibilidades de desplazarse libremente por el mundo. La impunidad de los delitos de derechos humanos no debe ser tolerada en ningún país. Por eso, consecuente con su obligación internacional, es sumamente importante que Alemania dé una señal clara de su compromiso con los derechos humanos, asumiendo un rol decisivo para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas se apruebe la Convención contra la Desaparición Forzada. Esta Convención será un instrumento muy importante para frenar muchos crímenes de derechos humanos que hoy en día se siguen cometiendo en diversos países del mundo. Por eso muchos organismos de DDHH. De diversas regiones del mundo han puesto sus esperanzas en que pronto se apruebe dicho instrumento internacional. Pensemos no solamente en lo que ocurre actualmente en Colombia o Guatemala, pero también en los graves delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos que se cometen en Chechenia, Rusia, China, Turquía, Irán, Irak, Guantánamo.

Los organismos miembros de la Coalición contra la Impunidad son: El Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Amnistia Internacional (Grupo de coordinacion Argentina), El grupo Argentino de Stuttgart, el Departamento de Derechos Humanos de la Obra Diaconal de la Iglesia Evangélica de Alemania, el Servicio de Desarrollo de la Iglesia Evangélica de Baviera, la Comision de Derechos Humanos de la Asociación de Jueces, Fiscales y Abogados, de Freiburg; la Coordinadora de los grupos argentinos en Alemania, la Misión Central de los Franciscanos, el Fondo Solidario Latinoamericano de Pax Christi de Alemania, el Servicio Universitario Mundial, y Misereor. Otros organismos de derechos humanos han manifestado tambien su interés de incorporarse a la Coalición contra la Impunidad.

El coordinador de la Coalición contra la Impunidad es Esteban Cuya, del Centro de Derechos Humanos de Núremberg.