El histórico proceso contra autores de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina marca un hito y desmiente a tribunos de ultraderecha que intentan pulir la imagen de los violadores de derechos humanos.
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El veredicto del Tribunal Oral Federal número 5 fue contundente: 29 condenas a cadena perpetua, 19 penas de cárcel para autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina, en el marco de una "guerra sucia” que se libró al amparo de la nefasta "doctrina de la seguridad nacional”. Una doctrina que causó estragos no solo en Argentina, sino en múltiples países de América Latina, donde las Fuerzas Armadas arremetieron contra el "enemigo interno”, sin contemplaciones con los derechos humanos más elementales.
Aún hoy, décadas después del restablecimiento de la democracia, el capítulo de las dictaduras militares latinoamericanas no termina de cerrarse del todo, ni siquiera en Argentina, con el histórico proceso conocido como "Juicio ESMA III”. Aún quedan crímenes por esclarecer y culpables por sancionar. Y, más grave aún: todavía se vislumbran vestigios de ese principio ideológico utilizado para justificar las dictaduras y sus tropelías, en aras de una supuesta defensa nacional.
Lo ejemplifican meridianamente las palabras de Alfredo Astiz en este proceso, que volvió a depararle una condena a cadena perpetua: "Nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria”, dijo el "Ángel de la muerte”. No es el único incorregible; y no sólo entre los victimarios de entonces hay figuras que justifican el "combate a la subversión” de esos años.
En Chile, el candidato presidencial ultraconservador José Antonio Kast, declarado pinochetista, dijo que "el gobierno militar hizo muchas cosas por los derechos humanos". Cierto es que no pasó a segunda vuelta, pero obtuvo un 7,9 por ciento de los votos en las elecciones del 19 de noviembre. Y en Brasil ocupa el segundo lugar en las encuestas para los comicios del año próximo un coronel de la reserva que no oculta su admiración por la última dictadura de su país: Jair Bolsonaro. Este diputado de extrema derecha incluso ha defendido a Carlos Alberto Brilhante Ustra, un símbolo de la represión del régimen militar, que fue el primer oficial brasileño en ser acusado formalmente en un proceso por torturas durante la dictadura.
Figuras como estas representan, afortunadamente, solo a una minoría. Pero revelan la visión distorsionada de ciertos sectores que aún ven en los tiempos de la dictadura rasgos de estabilidad, desviando la mirada de los criminales atropellos cometidos contra el Estado de Derecho y la vida humana. El "juicio ESMA III” desenmascara una vez más la falacia de que las dictaduras "restablecieron el orden” en peligro y de que los militares actuaron para "rescatar” democracias amenazadas. Los golpes militares son la antítesis de la democracia. Es una perogrullada, pero quizá valga la pena recordarlo, para que nadie caiga en pleno siglo XXI en la tentación de golpear las puertas de los cuarteles cuando un país naufraga en la crisis, o en la de dar crédito a los nuevos tribunos de extrema derecha que intentan pulir la imagen de violadores de derechos humanos condenados por la historia y por la Justicia, como acaba de ocurrir una vez más en Argentina.
Megajuicio a represores: un hito en la historia de Argentina
La dictadura argentina (1976-1983) fue duramente juzgada en una megacausa que condenó por crímenes de lesa humanidad a 48 militares.
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El golpe
El general Jorge Rafael Videla (centro) jura como presidente de la República Argentina, el 24 de marzo de 1976, acompañado por el almirante Emilio Massera (izq.) y el brigadier Orlando Agosti (der.), miembros de la cúpula militar que derrocó a la entonces presidenta democrática Isabel Perón, esposa de Domingo Perón. Todos los que posan en la foto fueron condenados por crímenes de lesa humanidad.
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Cuando empezó el horror
Dos soldados del ejército leen un periódico en la Plaza de Mayo, en el corazón de Buenos Aires, el día en que las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Durante los siete años (1976-1983) que duró el gobierno militar, las fuerzas armadas emprendieron una campaña contra opositores políticos y movimientos culturales. Los grupos de derechos humanos elevan la cifra de desaparecidos a 30.000.
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Nunca más
La CONADEP fue una comisión creada por el ex presidente Raúl Alfonsín en 1983, tras el advenimiento de la democracia en Argentina, que investigó violaciones a los DD. HH. durante la dictadura bajo la dirección del escritor argentino Ernesto Sábato. Su informe final "Nunca más" dio paso a los primeros juicios a los jefes militares, entre ellos Rafael Videla y Emilio Massera (ver primera foto).
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"Perdón" a los represores
Apenas asumió en 1989, el ex presidente Carlos Menem (der.), anunció una serie de decretos que indultaron a los responsables del golpe, librándolos de toda posibilidad de juzgamiento. El beneficio extendió el “perdón oficial” a los jefes militares procesados no favorecidos por las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, promulgadas por el expresidente Ricardo Alfonsín (izq.) en 1986 y 1987.
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Juicios en marcha
El entonces presidente Néstor Kirchner promulgó, el 2 de septiembre de 2003, la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, que hasta ese momento frenaban los juicios de lesa humanidad. A su tiempo y en un decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia habilitó el juzgamiento de cientos de represores que habían sido indultados en los 80.
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Madres y Abuelas de Playa de Mayo
Las Madres de Plaza de Mayo, primera organización en denunciar los crímenes de la dictadura junto con las Abuelas de Plaza de Mayo, marchan con una pancarta con retratos de desaparecidos por la conmemoración, en 2015, del 39° aniversario del golpe. Los jueves de cada semana de todo el año, desde 1977, realizan su emblemática marcha alrededor de la Pirámide de Mayo frente al Palacio de Gobierno.
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El "Ángel de la Muerte"
Alfredo Ignacio Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte, fue un capitán de la Armada Argentina y operó durante la dictadura militar argentina como infiltrado en las organizaciones de derechos humanos. Este jueves (30.11.2017) fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Dumont y la muerte de la sueca Dagmar Hagelin, entre otros crímenes.
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Arrojadas al mar
Alice Domon, apodada Caty, fue una monja católica francesa secuestrada durante la dictadura argentina y arrojada desde un avión militar entre el 17 y 18 de diciembre de 1977 en el mar argentino, cerca de la localidad de Santa Teresita, junto con Léonie Henriette Duquet, compañera de Domon en la congregación. El caso de ambas es mundialmente conocido como el de "las monjas francesas".
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El día de su muerte
Léonie Henriette Duquet fue una monja católica francesa detenida-desaparecida durante la dictadura militar. Al producirse el golpe militar, ella y Domon empezaron a participar en las organizaciones de DD. HH., algo que definió su participación en una solicitada crítica al gobierno militar publicada por el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977, el mismo día de su desaparición.
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Los NN
Personal del Equipo de Antropología Forense (EAAF) trabaja en una exhumación de cadáveres en el cementerio de San Vicente en Córdoba, Argentina, en 2003. El EAAF es una ONG científica argentina creada en 1984 con el fin de ayudar a identificar restos de personas vinculadas a crímenes de la dictadura. Desde el año 1986 trabajó en más de 30 países, incluidos Bosnia, Angola, Kosovo y Sudáfrica.
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El papa Francisco
El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, habla con medios después de una reunión privada en el Vaticano con el Papa Francisco, en Roma, el 21 de marzo de 2013. Esquivel defendió a Francisco contra numerosas acusaciones en su contra por complicidad con las Fuerzas Armadas que gobernaron argentina aludiendo a una “diplomacia silenciosa”.
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Reencuentro
Estela de Carlotto (der.), presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, abraza a su nieto Guido, el hijo de su hija Laura desaparecida en 1976 y la persona 114 identificada por el grupo, en Buenos Aires, el 8 de agosto de 2014. Ignacio Hurban, secuestrado durante la dictadura, nació en realidad como Guido Montoya Carlotto, hijo de un prisionero político asesinado por el régimen militar.
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Frente al tribunal
En una vista general de la audiencia de sentencia, los 52 soldados y los dos civiles que fueron sentenciados el miércoles (29.11.2017), escuchan el veredicto del tribunal por los llamados “vuelos de la muerte” y otros crímenes cometidos en el centro de tortura Escuela de Mecánicos de la Armada (ESMA).
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Obama presente
El ex presidente de EE. UU., Barack Obama (izq.), y el actual presidente argentino, Mauricio Macri (der.), arrojan flores al río desde el Parque de la Memoria en el 40º aniversario del golpe de Estado de 1976. Desde que Macri asumiera el gobierno, más de 50 represores condenados fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
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Hollande por la memoria
El ex presidente francés, François Hollande (der.), también visitó el Parque de la Memoria, el 25 de febrero de 2016, para arrojar flores al Río de la Plata en memoria de los desaparecidos durante la dictadura. Lo acompaña la presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, movimiento que busca niños secuestrados por el régimen militar para regresarlos a sus familias legítimas.
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Visita de Steinmeier
El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alemania y actual presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier (der.), y la directora de la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (izq.), tienen flores en sus manos antes de arrojarlas el río para honrar a las víctimas de la dictadura argentina, en el Parque de la Memoria en Buenos Aires, Argentina, el 3 de junio de 2016.
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El Megajuicio
El ex capitán de la armada Jorge Eduardo Acosta (izq.), el ex espía Alfredo Astiz (segundo a la izq.), apodado "el Ángel de la Muerte"; y otros miembros de las Fuerzas Armadas esperan la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 5 en Buenos Aires, este miércoles (29.11.2017). Acosta y Astiz fueron sentenciados a cadena perpetua junto con otros 46 represores, que también fueron condenados.
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Esperanza
Al cumplirse 40 años del último golpe de Estado de la historia argentina, el 24 de marzo de 2016, se hicieron públicos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Argentina, informando que hasta entonces habían sido condenados 703 represores en 156 sentencias. Sin embargo, el informe también alertó que “únicamente el 25% de las personas condenadas tiene su sentencia firme".
