Junta de Fiscales acepta renuncia de fiscal general de Perú
8 de enero de 2019
La Junta de Fiscales Supremos de Perú aceptó la renuncia del fiscal general, Pedro Chávarry, cuestionado por supuestamente interferir en las investigaciones por el escándalo Lava Jato en el país.
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La fiscal suprema Zoraida Avalos asumió en forma interina la Fiscalía de la Nación, designación que se confirmará en una próxima sesión dado que es la magistrada de mayor edad en el Ministerio Público, explicó el fiscal Tomás Gálvez a Canal N.
Ávalos anunció poco después, en una reuda de prensa, que declarará en emergencia al Ministerio Público para afrontar la crisis de ese organismo y acelerar las investigaciones de grandes casos de corrupción en el país.
La nueva fiscal general adelantó que, entre las medidas que comprenderá la emergencia, estará el incremento del apoyo al equipo especial encargado del caso de corrupción Lava Jato "independientemente de quienes sean los investigados". También se aumentará el apoyo a la Fiscalía especializada de la provincia del Callao que investiga a una red de corrupción en la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos del puerto" y a la Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios.
"Una arbitraria orden judicial"
En su carta de renuncia, Chávarry argumentó que decidió dar "un paso al costado" por respeto a su institución, y para no ser el pretexto para que "continúen estos ilegales actos contra la institución que represento como fiscal de la nación", en referencia a las investigaciones iniciadas por supuestamente integrar una mafia al interior de la judicatura peruana.
Chávarry criticó además que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las pesquisas por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, haya "irrumpido" en las oficinas de sus asesores "amparado en una arbitraria orden judicial". El exfiscal de la Nación se refirió así al allanamiento que Pérez realizó por orden judicial al despacho de uno de sus asesores en el marco de las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht.
Pérez investiga los presuntos vínculos de Chávarry con la líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, entre otros, investigados por supuestamente haber recibido dinero de la empresa.
Este martes (8.01.2019) se conoció que los precintos de seguridad con los que el Pérez selló los ambientes allanados en la Fiscalía de la Nación el último fin de semana fueron quebrados antes de que pudiera seguir con sus pesquisas y que una colaboradora de Chávarry retiró documentación de esa oficina.
"Víctima de ataques mediáticos"
Chávarry se quejó de que desde que asumió el cargo, en julio pasado, ha sido "víctima de ataques mediáticos, con falsas afirmaciones y denuncias" por parte de congresistas, organismos no gubernamentales y periodistas. "No solamente han empañado mi trayectoria y perjudicado mi buen nombre y prestigio, sino que han logrado poner en mi contra a la población", aseguró el ex fiscal general.
El fiscal Gálvez, integrante de la Junta de Fiscales Supremos, informó que la renuncia se aceptó de inmediato y que se ha designado a Ávalos como fiscal de la Nación interina, dado que el fiscal Pablo Sánchez declinó a favor de su colega. "La doctora Ávalos de todas maneras va a asumir el cargo de forma definitiva en una próxima junta", aclaró Gálvez.
La crisis en el Ministerio Público, que Chávarry aludió como supuestas interferencias de otros poderes del Estado, provocó que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentase un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público. La medida de Vizcarra respondió a la decisión de Chávarry de destituir a los fiscales encargados del caso Odebrecht en el país, que luego rectificó, ante la presión política y ciudadana que se movilizó en pleno Año Nuevo exigiendo su renuncia al cargo.
rml (efe, reuters)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
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Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.