Pese a la oposición de miles de empleados judiciales, que han protagonizado paros y marchas en varias ciudades mexicanas, el Senado aprobó el martes (24.10.2023) una reforma para eliminar fondos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Esta ley, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca extinguir 13 de los 14 fideicomisos -fondos laborales y de seguridad social- por un valor de 15.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares). Una vez retirados, el Gobierno de AMLO los destinará a programas sociales. 

"Privilegios" de magistrados

El Gobierno mexicano argumenta que es necesario recortar los fideicomisos para eliminar varios "privilegios" que tan solo benefician a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con sueldos mensuales de hasta "700.000 pesos", equivalente a 38.000 dólares. 

Según el Ejecutivo, a través de los 13 fideicomisos se pagan pensiones complementarias para mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas y el mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces. Por su parte, el senador oficialista Ovidio Peralta criticó que los recursos de esos fondos aumentaron de 8.700 millones de pesos, en 2013, a 21.500 millones de pesos, en 2023. 

"Al presidente no le gustan los contrapesos"

Según la Dra. Laurence Pantin, del centro de pensamiento y análisis México Evalúa, se trata concretamente de once magistrados que estarían recibiendo sueldos demasiado altos. "Al presidente no le gustan los contrapesos", sentencia Pantin, que coordina el Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, y agrega que "los argumentos de López Obrador no se sostienen, en particular, el tema de los sueldos". 

En entrevista con DW, la experta detalla que los fideicomisos sirven, por un lado, para pagar prestaciones laborales, como pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, o para pagar gastos médicos extraordinarios que un seguro médico no cubre.

Por otro lado, prosigue, los fondos sirven para construir edificios nuevos y renovar edificios existentes: "Esto es muy importante, porque en México ha habido varias reformas en los últimos años, por ejemplo, una reforma de 2008 que cambió el sistema escrito por uno oral. Entonces, fue necesario construir salas de oralidad para que la gente pudiera tener ahí sus juicios. Eso implica mucho gasto en infraestructura".

"Hay una actitud muy hostil"

"Hay una actitud muy hostil por parte del presidente hacia todo el Poder Judicial Federal", sostiene Laurence Pantin, que también forma parte del colectivo "La Justicia que Queremos".

Si bien afirma que, en todo país democrático con división de poderes, es natural que haya ciertas tensiones entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, también hace hincapié en que, en México, "es inédito el nivel de intensidad que estamos viviendo", donde las críticas del Ejecutivo en contra de la Suprema Corte de Justicia se habrían intensificado en 2023.

Nueva presidente de Suprema Corte de Justicia

Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que los ataques de López Obrador, en particular en contra de los ministros de la corte, comenzaron en enero pasado, cuando Norma Piña asumió la presidencia de la SCJN, que ha declarado la invalidez de leyes y actos impulsados por el presidente y la mayoría parlamentaria oficialista (Morena y sus aliados).

En opinión de Burgoa, con la eliminación de los fideicomisos en el penúltimo año de su gobierno, Morena busca "vengarse" del PJF, que "no se ha subordinado al Poder Ejecutivo". "Al contrario", subraya, "la Corte ha refrendado su carácter de ser el Máximo Tribunal Constitucional de México durante la presidencia de la ministra Norma Piña". 

"La Justicia en México es imperfecta"

Por su parte, Laurence Pantin destaca que la mayoría legislativa también está proponiendo un recorte presupuestal al Poder Judicial equivalente a entre un 20 y un 30 por ciento de su presupuesto de 2023.

"La Justicia en México es imperfecta y hay muchísima impunidad, por eso el discurso del presidente es muy exitoso hacia la opinión pública, pero, desde los análisis de México Evalúa, no pensamos que se necesite menos Justicia, sino más. Necesitamos más recursos y mejores controles sobre estos recursos para mejorar la impartición de Justicia", insiste.

También el profesor de Derecho Constitucional Francisco Burgoa está convencido de que el PJF necesita una reforma para fortalecerse, pero cree que esto solo se logrará con "un auténtico diagnóstico en el que participen los tres Poderes, no a partir de consideraciones políticas".

"En distintos momentos", cuenta Burgoa, "López Obrador se ha mostrado reacio a cumplir con la ley. Incluso ha dicho: 'no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley'. Esta expresión es muy importante, porque deja de manifiesto que no le gusta que exista otro Poder, como lo es el Judicial, que lo controle".

(ms)