Justicia española autoriza extradición de exjuez peruano
13 de mayo de 2019
Un tribunal aceptó extraditarlo por tres delitos, incluyendo tráfico de influencias, pero descartó un cargo de organización criminal. Hinostroza es señalado como el cabecilla de una mafia en el poder judicial de Perú.
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La Audiencia Nacional, una alta jurisdicción judicial española, autorizó este lunes (13.05.2019) la extradición del exjuez de la Corte Suprema de Justicia peruana César Hinostroza, que está acusado en el país suramericano de liderar una amplia red de corrupción, informó el tribunal.
"La sala acepta entregar a Hinostroza por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible del Código Penal peruano", anunció en un comunicado la Audiencia Nacional que, en cambio, descartó la extradición por delito de organización criminal.
La decisión no es definitiva. Hinostroza puede recurrir ante el mismo tribunal y, en caso de confirmarse el fallo, el Gobierno español tendría la última palabra para ejecutar la decisión.
El exjuez de 62 años había sido detenido en octubre en Madrid y permaneció en prisión provisional hasta abril, cuando fue puesto en libertad condicional después de haber declarado ante el tribunal que decidió su extradición.
Supuesto líder de una mafia judicial
Señalado como el cabecilla de una mafia en el poder judicial peruano, Hinostroza se fugó de Perú el 7 de octubre cruzando a Ecuador y de allí tomó varios aviones hasta llegar a la capital española.
La Fiscalía peruana acusaba a esta organización de obtener "prebendas y beneficios económicos" mediante el tráfico de sentencias y favores.
La Audiencia Nacional estima que los hechos que se le imputan al antiguo magistrado "serían equivalentes al tráfico de influencias en España".
En cambio, rechaza las "alegaciones de Hinostroza en contra de su extradición, como la persecución política o el estado de las prisiones peruanas y la imposibilidad de garantizar la seguridad y dignidad en el cumplimiento de la pena", señaló el comunicado.
La presunta red mafiosa bautizada "Los Cuellos Blancos del Puerto" del Callao (municipio vecino a Lima) quedó al descubierto en julio cuando la prensa difundió unos audios comprometedores, en uno de los cuales se escucha a Hinostroza ofrecer una rebaja de la pena o absolver a un condenado por violar a una niña.
La fuga de Hinostroza le costó el cargo al ministro peruano del Interior y a los jefes de la policía y del servicio de Migraciones.
rrr (afp/efe/el comercio)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
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Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.