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Justicia española investiga líderes chinos por represión Tíbet

5 de agosto de 2008

La Audiencia Nacional Española aceptó hoy iniciar una investigación que afecta a siete miembros del Gobierno chino, entre ellos dos ministros, acusados de dirigir supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión de las protestas en el Tíbet, iniciadas el pasado 10 de marzo.

Tres días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Pekín, el juez Santiago Pedraz aceptó la querella presentada por varios grupos, entre ellos el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahngen Sherpa Sherpa, que acusan a China de un "ataque generalizado y sistemático" contra la población tibetana desde la citada fecha.

La represión provocó la muerte de 203 personas y la desaparición de casi 6.000, además de dejar 1.000 heridos, según la querella.

Los funcionarios chinos inculpados son el ministro de Defensa chino, Lian Guanglie, el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang, el secretario del Partico Comunista Chino para el Tíbet, Zhang Qingli, el miembro del buró político Wang Lequan, el líder de la comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu, el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, Zhan Guihua.

Pedraz llamó como estigos a varios miembros del gobierno tibetano en el exilio y al autor de un informe sobre el Tíbet para la organización no gubernamental Amnistía Internacional. El auto considera que la población tibetana es un coelctivo perseguido por las autoridades chinas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.

Otro juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, abrió otra causa en 2006 en la que investiga el supuesto genocidio de China en el Tíbet durante los años 80 y 90.

La Justicia española se considera competente para juzgar crímenes que afectan a los derechos humanos, que pueden juzgarse bajo jurisdicción internacional.

El intento más conocido de juzgar esos crímenes fue la tentativa de extraditar al ex dictador chileno Augusto Pinochet a finales de los 90, aunque finalmente no tuvo éxito. (dpa)