El diario "Le Parisien" reveló esta investigación preliminar lanzada el 22 de marzo por la Fiscalía de París sobre la base de la denuncia de la europarlamentaria Sophie Montel, del Frente Nacional (FN), un partido que está en la picota de la justicia precisamente por esa misma causa desde el mes de diciembre.

Montel envió un correo al fiscal François Molins y a la oficina antifraude europea (OLAF) con una lista de 19 parlamentarios europeos franceses de derechas, de izquierdas o ecologistas, así como otra de una treintena de asistentes que, supuestamente, desarrollaban también funciones en los partidos de sus empleadores.

"Declarada y verificada por el Parlamento Europeo"

De esos nombres, "Le Parisien" publicó el de Marielle de Sarnez, a la que la parlamentaria europea del FN reprocha haber contratado como asistente, con dinero del Parlamento Europeo, a Philippine Laniesse, que ejerce cargos electivos como miembro del partido de la ministra, el centrista MoDem. Laniesse (26 años), que ahora se encarga de la comunicación para Sarnez en el departamento de Asuntos Europeos, es consejera regional en Ile de France y concejal en el distrito XIX de París.

En reacción a las informaciones sobre la investigación que le concierne, la ministra indicó en un comunicado que la joven asistente había realizado "un trabajo asiduo conmigo en mi misión de parlamentaria europea" y en concreto que había hecho "informes de actividades" que se pueden consultar.

Aseguró que la condición de Laniesse como representante municipal había sido "declarada y verificada por el Parlamento Europeo", que también había "validado y aprobado" su contrato, y todo ello conforme a unas "reglas europeas mucho más estrictas que las reglas en vigor en Francia".

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Nuevo frente para Macron

Para la titular de Asuntos Europeos, la denuncia del FN es un "cortafuegos" para tratar de desviar la atención sobre los escándalos que persiguen a la formación ultraderechista. Desde finales de 2016, el FN es objeto de pesquisas ante la sospecha de que varios de sus eurodiputados contrataron con dinero de la Eurocámara a asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban en la sede del partido en Nanterre, a las afueras de París.

En cualquier caso, las revelaciones sobre la ministra abren un nuevo frente para el Gobierno en el terreno de la moralización de la política, que es uno de los objetivos del presidente, Emmanuel Macron, que se ha comprometido a adoptar muy rápidamente una ley sobre esa cuestión.

El ministro de la Cohesión Territorial, Richard Ferrand, es objeto de múltiples críticas políticas después de que se supiera que en 2011, como responsable de las mutuas de la región de Bretaña, supuestamente benefició a su mujer en una operación inmobiliaria (efe).