Mientras, el presidente del país, Hassan Rohani, defendió el derecho del pueblo a ser escuchado.

"Seguramente quienes organizaron y dirigieron las protestas contra el sistema pueden esperar la pena máxima", dijo el vicejefe de la Justicia iraní, Hamid Shahriari, citado por la agencia Isna.

La pena de muerte es el mayor castigo que puede imponerse en Irán y se aplica a delitos relacionados con las drogas, asesinato o acusaciones de traición.

Las protestas, que comenzaron a finales de diciembre, se dirigieron en un primer momento contra la política económica y exterior del Gobierno. Pero rápidamente se extendieron a todo el sistema político, en el que tienen una gran influencia la cúpula religiosa, como el líder máximo, el ayatolá Ali Jamenei.

Los seguidores de la línea dura afirman que las protestas responden a una conspiración extranjera y que se dirigen sobre todo contra la elevada inflación y al política económica del Gobierno.

También el presidente Rohani y sus reformistas ven "a los enemigos de Irán" detrás de los disturbios, pero reconocen que no todo puede estar dirigido desde el exterior.

Además, según el presidente las protestas también van contra los políticos de línea dura por estar bloqueando la implementación de reformas.

Rohani defendió hoy el derecho legítimo del pueblo a ser escuchado y a que se evalúen sus exigencias. "Sencillamente debemos aceptar que el pueblo tiene la última palabra. Nosotros (los políticos) debemos aceptar que estamos en una casa de cristal", advirtió Rohani, que exige un diálogo transparente con el pueblo.

Según Rohani, en las protestas participaron sobre todo jóvenes. "No

podemos imponer a la nueva generación un estilo de vida determinado", dijo respecto a las estrictas reglas islámicas que rigen en el país.

Tampoco se puede privar a esa generación de medios tecnológicos como Internet sólo porque puedan ser dañinos, "al igual que no se puede prohibir un libro sólo porque a uno no le guste el contenido crítico", añadió el presidente.

La cúpula iraní ralentizó Internet y bloqueó algunas redes sociales que los manifestantes utilizaban como medio de comunicación. Además, la línea dura quiere instaurar un "Internet nacional" que pueda controlar.

Por el momento se desconoce el número exacto de detenidos, aunque algunos medios hablan de entre 1.000 y 1.800 personas arrestadas en todo el país, entre ellas casi 100 estudiantes. Según los datos más recientes de la Policía, hubo 18 muertos.

El Parlamento iraní debatió el domingo sobre las detenciones. Los manifestantes serán liberados de forma gradual pero los cabecillas de las protestas recibirán fuertes castigos. El mismo domingo ya fueron liberados 70 manifestantes.

Según medios estatales, los líderes de las protestas son monárquicos o miembros de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, una organización disidente en el exilio que aboga por derrocar la República Islámica.

CP (dpa, efe)