"La amnistía no significa nada para nosotros, porque no cometimos ningún delito. Es una trampa de Daniel Ortega, que se niega a procesar a los verdaderos criminales, sus policías y paramilitares”, afirmó a DW la joven María Adilia Peralta, detenida en julio de 2018 cuando intentó refugiarse con su esposo en Costa Rica.

"La ley dice que no podemos volver a protestar, pero nosotros tenemos derechos políticos y constitucionales que deben respetarse y vamos a seguir en resistencia”, asegura la abogada de 31 años, que pasó 10 meses en prisión.

Peralta fue capturada en julio pasado por el Ejército nicaragüense en la frontera sur junto a su esposo, Christian Fajardo. Ambos habían participado en protestas contra Ortega en la ciudad de Masaya, 24 kilómetros al sureste de la capital, considerada un importante foco de la resistencia cívica.

Fajardo fue excarcelado el 11 de junio como parte de un grupo de 56 personas involucradas en actividades contra el gobierno. Tres días antes, el Parlamento dominado por el Frente Sandinista había aprobado la amnistía para "abonar a la paz y la reconciliación” en el país, donde según Ortega la revuelta social fue un "intento fallido de golpe de Estado”.

"Se han roto cadenas”

Finalmente reunida, la pareja asistió a una misa de acción de gracias en la iglesia San Miguel de Masaya, que en cuestión de minutos fue rodeada por patrullas y efectivos de la Policía fuertemente armados. El párroco del templo es el sacerdote católico Edwin Román, que también apoyó la rebelión de abril del año pasado y fue amenazado de muerte por convertir el templo en hospital y refugio de manifestantes heridos.

Lágrimas, abrazos y la emoción de ex compañeros de celda reencontrándose entre la multitud, colmaron el templo donde fieles creyentes, vecinos y periodistas se reunieron para participar en la ceremonia por los presos liberados.

"La fe ha vuelto a mover montañas y seguirá moviéndolas”, proclamó el padre Román mirando al grupo de excarcelados. "Qué alegría ésta que estamos viviendo, pues en medio de la tormenta se han roto cadenas, se han abierto calabozos y sólo ustedes saben cuánto han sufrido”, agregó.

"Queremos paz, exigimos justicia para nuestros muertos y no queremos más presos políticos, hogares divididos ni hermanos huyendo de su patria”, dijo el religioso en medio de aplausos y gritos. Los asistentes coreaban "justicia, justicia”, mientras levantan globos y banderas de Nicaragua, cuyos colores azul y blanco son hoy un símbolo de rebeldía frente al gobierno.

Entre los excarcelados está Yubrank Suazo, conocido dirigente estudiantil y miembro de una familia de artesanos de Masaya, cuya vivienda fue incendiada hace casi un año por paramilitares. Tras nueve meses en prisión, sometido a aislamiento y golpizas, Suazo fue liberado junto al resto de líderes.

"Esta lucha no ha terminado, nuestra salida de la cárcel es sólo el reinicio de la lucha que tenemos por delante”, señala el joven, que dice no temer a las amenazas de volver a la cárcel. "Mi lucha continúa firme hasta que el gobierno se vaya”, aseguró.

Expuestos a volver a prisión

La amnistía establece que quien reincida en actos considerados delictivos perderá el beneficio del perdón, lo que según activistas de derechos humanos podría llevar nuevamente a la cárcel a los opositores ahora liberados.

El estudiante de contabilidad Chéster Navarrete, de 25 años y encarcelado durante ocho meses por participar en protestas,  afirmó a DW que "repudia” la ley de amnistía y que no dejará de oponerse al gobierno. "Nosotros no somos delincuentes, sólo queremos libertad en mi país”, subrayó.

"La amnistía es un absurdo, ellos no tienen nada que perdonarnos a nosotros. Más bien hemos sido objeto de asedio y acoso después que salimos de la cárcel”, destacó, por su parte, Snayder Suazo, estudiante de cuarto año de Psicología.

El joven fue capturado en Chinandega (noroeste) a fines de octubre y salió bajo arresto domiciliar a inicios de abril, después de ser "golpeado, torturado y encerrado en la galería 16-2”, un área de máxima seguridad en la cárcel Modelo de Managua.

Otro dirigente universitario, Levi Artola, de 22 años, opina que la amnistía será derogada cuando Ortega deje el poder. "Es una burla, porque sólo pretende darle impunidad al gobierno y a los culpables de la represión”, indicó el estudiante de Derecho, que estuvo preso casi siete meses y fue expulsado de la universidad pública en la ciudad de León (occidente).

"¿Cómo es posible que ellos digan que nos perdonan, cuando nosotros no hemos hecho nada? Es el gobierno el que debe pedir perdón por los crímenes que han cometido”, exclamó Amaya Coppens, estudiante de medicina belga-nicaragüense, presa durante nueve meses.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la acción violenta de los policías y paramilitares contra manifestantes civiles dejó al menos 325 muertos, 2.000 heridos y unos 62.000 exiliados, en su mayoría jóvenes que huyeron a Costa Rica.

(cp)

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