Líderes sociales de Colombia piden protección constitucional
28 de abril de 2022
La Corte Constitucional de Colombia convocó a una audiencia pública con líderes sociales y organizaciones cuyos derechos están siendo vulnerados.
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"La violencia contra líderes y lideresas es gravísima por su intensidad y por su impactos, pues no solo viola los derechos a la vida y su integridad de líderes y lideresas, sino el derecho a defender derechos e impacta muy negativamente a sus comunidades", consideró durante la audiencia el director del centro de estudios DeJusticia, Rodrigo Uprimny, que actúa como accionante de una de las tutelas (recursos de amparo) sobre el tema presentada a la alta corte.
La Corte Constitucional estudia nueve acciones de tutela de líderes y defensores contra varias autoridades estatales, como la Presidencia, los ministerios de Interior y Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad Nacional de Protección (UNP), porque consideran "vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran".
"Los accionantes alegan (...) que en su mayoría los líderes no cuentan con la protección de la UNP y si cuentan con medidas ofrecidas por el Estado no han resultado suficientes dado que la amenazas no disminuyen", resumió el magistrado ponente, José Fernando Reyes.
867 defensores/as de derechos humanos asesinados
De 2012 a 2021, ONU-Derechos Humanos ha verificado los homicidios de 867 personas defensoras vinculados a su labor de defensa de derechos humanos, según expuso la propia representante en Colombia de esta oficina, Juliette de Rivero.
El aumento "ha sido progresivo", dijo la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien explicó que se pasó de 61 en 2016 a 84 en 2017 y a 115 en 2018.
Los años siguientes se mantuvieron en torno al centenar, aunque los "casos registrados por ONU-Derechos Humanos son solo una muestra del fenómeno de violencia en contra de personas y, por lo tanto, no pueden interpretarse como un reflejo exhaustivo y completo".
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Estigmatización y militarización
"La muerte de cada persona defensora de derechos humanos es una tragedia para Colombia y para su comunidad", aseguró De Rivero, quien apuntó que "los ataques a defensores se dan para debilitar la capacidad organizativa y de resistencia de las comunidades frente a los actores armados, que quieren controlar y despojar el territorio".
Uprimny incidió en que "esta situación no ha mejorado durante el Gobierno (de Iván) Duque, pues no solo esta violencia persiste sino en algunos aspectos ha empeorado".
Otro de los accionantes, el líder social Fabián Laverde, añadió que "es necesario resaltar que existe una política de estigmatización, judicialización y alta militarización de los territorios" donde la protesta social "ha recibido un tratamiento de guerra".
Por ello, piden medidas más efectivas para defender los liderazgos sociales y a las personas en los territorios, que se ven amenazadas por grupos armados -guerrilleros y paramilitares- pero también por las fuerzas de seguridad.
ONG de toda Colombia denuncian recrudecimiento de la violencia
"ONU Derechos Humanos ha constatado que el despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios no ha logrado frenar la expansión y violencia de los grupos armados no estatales", subrayó la representante de la ONU, quien llamó a "reforzar la presencia integral de las instituciones del Estado".
Justamente esta semana representantes de varias organizaciones de toda Colombia llegaron a Bogotá para denunciar "la dramática situación" que afrontan las comunidades, expuestas a "homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos, masacres, amenazas, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento forzado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes", entre otros.
"Nos preocupan los constantes enfrentamientos y ataques en los cuales se ve afectada la población civil, el aumento del 621 % de la violencia en el país, el incremento de ésta de cara a las próximas elecciones, el incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, el problema del paramilitarismo y la persistencia del conflicto armado en Colombia", explicaron en un comunicado de la Agenda Humanitaria.
jov (efe, dejusticia, elespectador)
Acuerdo de Paz en Colombia: 52 años de guerra y cinco de paz
Hace cinco años, Colombia firmó la primera versión del Acuerdo de Paz con las FARC, que luego fuera complementado y suscrito el 24 de noviembre de 2016. Los guerrilleros fueron primero idealistas, y luego criminales
Imagen: picture-alliance/dpa
Los campesinos se convierten en un ejército
A mediados del siglo XX se libra una batalla entre bandos políticos de Colombia. Los grupos de izquierda crearon repúblicas independientes en zonas remotas, que fueron tomadas gradualmente por las tropas gubernamentales. Dos de los líderes de la "República de Marquetalia" se escapan: en 1966 Manuel Marulanda y Jacobo Arenas (izq.) fundan las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
Imagen: ALATPRESS/AFP
La insurgencia como forma de vida
En el Amazonas, los campesinos tienen una ventaja táctica: conocen el terreno. Pronto las FARC aprenden de otros grupos guerrilleros de América Latina y comienzan a reclutar a estudiantes y habitantes de los barrios marginales de las ciudades, entre ellos, más de 18.000 menores. Las mujeres también se unen, o son obligadas a unirse a los rebeldes. Aunque tienen estrictamente prohibido tener hijos.
Imagen: ALATPRESS/AFP
Mercenarios, narcotraficantes, extorsionadores
Más tarde, varios frentes del grupo marxista se involucran en el narcotráfico: se ofrecen como mercenarios a los cárteles de la cocaína y luego participan en el cultivo. Mientras el ejército colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, destruye las zonas de cultivo y los laboratorios de drogas (foto), las ganancias suben.
Imagen: Guillermo Legaria/AFP
El secuestro como modelo de negocio
Los ingresos de las FARC se llegaron a estimar en cientos de millones de dólares al año. También, producto del secuestro que ellos llamaban “toma de rehenes”. Las FARC habrían secuestrado a casi 10.000 personas entre 1970 y 2010. La víctima más destacada fue la política ecologista Ingrid Betancourt en 2002. Sólo después de 6 años las fuerzas militares liberaron a Betancourt y a otras 14 víctimas.
Imagen: Remi Ochlik/MAXPPP/picture alliance/dpa
La lucha por la paz
Ya en la década de 1980, las FARC negociaron un frágil alto el fuego inicial con el gobierno colombiano. En los años 90, presentaron un programa político de diez puntos. En 2001, el líder de las FARC Manuel Marulanda (derecha) se reúne con el presidente Andrés Pastrana para reanudar las conversaciones de paz. Pero la reunión no tuvo éxito.
Era poco probable que las FARC y el gobierno colombiano llegaran a un acuerdo, entre otras cosas, porque los rebeldes intensificaron los actos terroristas durante las negociaciones. No mostraban ninguna consideración por las víctimas civiles, como aquí en Medellín, en 2003, cuando un coche bomba hirió a 30 personas y mató a seis, entre ellas a un niño pequeño.
Imagen: Vergara/AFP/picture alliance/dpa
Terror de izquierda y de derecha
La Masacre de Bojayá es el nombre con que se conoce este crimen de lesa humanidad. En esta iglesia del Chocó murieron unos 119 civiles, víctimas de la explosión de una pipeta de gas lanzada por las FARC el 2 de mayo de 2002. El crimen fue cometido en enfrentamientos con paramilitares (AUC) por el control del acceso al río Atrato. Unas 250.000 personas murieron en el conflicto, la mayoría civiles.
Imagen: picture-alliance/dpa
Guerrillas debilitadas
Álvaro Uribe, elegido presidente en 2002, intensifica la guerra. El 1° de marzo de 2008, la Fuerza Aérea de Colombia mata al subjefe de las FARC, Raúl Reyes, y poco después muere Marulanda. Su sucesor también cae en 2011. En 2008, las FARC se habían reducido a unos 8.000 miembros, frente a los 20.000 de la década de 1990. La mayoría desertó. Juan Manuel Santos era entoces ministro de Defensa.
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Colombia firma el Acuerdo de Paz
Así debilitadas, las FARC inician conversaciones de paz con el nuevo presidente, Juan Manuel Santos (izq.). Las negociaciones tendrán lugar en Cuba. El 26 de septiembre de 2016, el líder rebelde Timoleón Jiménez (centro) y Santos firman la primera versión del Acuerdo de Paz. Una estrecha mayoría de colombianos votó en contra en un referéndum no vinculante.
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El desarme de los rebeldes
Al firmar, las FARC se comprometen a desarmarse. Unos cientos de rebeldes se niegan, los otros 7000 aproximadamente se enfrentan a la reintegración en la vida civil. Los sospechosos de haber cometido violaciones de los derechos humanos son llevados ante un tribunal especial. A principios de 2021, los miembros de la dirección también fueron acusados por primera vez.
Imagen: Fernando Vergara/AP Photo/picture alliance
Reconciliación entre guerrilleros y víctimas
Algunos excombatientes de las FARC trabajan activamente por la reconciliación con la sociedad colombiana, y especialmente con sus víctimas. Aquí, el exguerrillero Rodrigo Granda se reúne con la hermana de dos víctimas de secuestro para pedir perdón. Las víctimas también participan en proyectos de reinserción.
Imagen: Fernando Vergara/AP Photo/picture-alliance
Todavía queda mucho camino por recorrer
Las FARC son ahora un partido político: Los Comunes. Pero muchos acusan al Gobierno de Iván Duque de no aplicar partes esenciales del Acuerdo de Paz. Algunos rebeldes regresaron a grupos armados criminales. Entre ellos, los dos principales negociadores del Acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich. A mediados de 2019, anunciaron en un video que había comenzado la "segunda Marquetalia".