El nacionalista de izquierda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asumió la presidencia de México este 1° de diciembre. Un país en donde cunden los problemas: la violencia del crimen organizado ha tocado techo, y la confianza en la política y las instituciones se encuentra en su punto más bajo. El Estado de derecho está en coma y las perspectivas económicas son inciertas, tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado T-MEC, en peores condiciones para México.

La clase baja quiere ahora beneficiarse de los frutos del progreso y espera escalar socialmente; la clase media quiere transparencia y Estado de derecho, mientras la clase alta busca estabilidad, y que los impuestos no suban. Todos empero, exigen más seguridad. "El principal desafío político es mediar las altas expectativas con la realidad”, dijo a DW Ricardo Alvarado, analista de la organización "Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”.

Plan de 25 puntos

El programa de 25 puntos de AMLO parece una lista de deseos: sin contraer más deudas, quiere construir una refinería, dos ferrocarriles, 100 nuevas universidades, un nuevo aeropuerto, duplicar la pensión mínima estatal, asegurar la soberanía alimentaria, la reforestación, ofrecer becas estudiantiles y crear un sistema de salud gratuito a nivel nacional.

"Si sumas todo, no hay presupuesto que alcance”, apunta, por su parte, el politólogo Rubén Aguilar en entrevista con DW, y adelanta que lo verdaderamente prioritario se cristalizará en las negociaciones presupuestarias en el Congreso. Sin la cooperación del sector privado será muy difícil lograr su plan. Pero López Obrador lo maltrató con el polémico plebiscito que enterró el nuevo aeropuerto de la capital, ya en construcción. La alternativa que ofrece es la remodelación de una base de la fuerza aérea.

Poco después, declaraciones de miembros de su coalición, más radicales que AMLO, sobre una presunta nacionalización de los fondos de pensiones y la prohibición de tarifas bancarias, hicieron caer el peso y el mercado de valores. Al parecer, AMLO espera que China pueda fungir como inversionista. Algo que podría enojar a Estados Unidos, su más importante socio comercial.

Para el periodista José Gil Olmos, lo prioritario no es la economía, si no la lucha contra el "narcoestado”, porque "de nada valdrán los proyectos de construcción férrea y aérea o los programas sociales sino se ataca este cáncer que ha minado las estructuras de Gobierno y el tejido social”, escribe en el semanario crítico "Proceso".

Pero el nuevo Jefe de Estado, contrariamente a lo que prometió durante su campaña, apuesta al Ejército. Quiere crear una Guardia Nacional, comandada por las fuerzas armadas y subordinada directamente a él. En su opinión, la espiral de violencia se debe a la decadencia moral y al débil liderazgo, que ha abierto las puertas a la corrupción de la Policía y los políticos locales, por parte de la mafia. No está asegurado que logre las mayorías en el Congreso. Pero, hasta ahora, no hay un plan "B" en política de seguridad.

La Justicia y un "plesbiscito demagógico"

Su propuesta ha sido duramente criticada. Organizaciones de la sociedad civil ya ven fracasada la desmilitarización de la guerra contra las drogas, después de que Amlo negara el establecimiento de una Fiscalía General independiente. "Él será el controlador del Fiscal y decidirá a quién se investiga, y hacia dónde debe dirigirse la lucha contra la corrupción”, recalca Aguilar.

AMLO ha enfatizado repetidamente que los expresidentes sospechosos de corrupción no serán procesados porque no quiere hacer una "caza de brujas". Por último, y ante la indignación pública, sugirió que la gente debería votar en una consulta sobre si perseguir o no legalmente a los expresidentes sindicados de corrupción. En opinión de Ricardo Alvarado, una acción completamente fuera del Estado de derecho, y advierte que "lo del plebiscito es demagógico, porque la Justicia no es plebiscitaria”.

Pero los plebiscitos tienen su significado en la lógica de AMLO, como escribe la politóloga Daniela Stevens, de la American University en el "Aula Blog”: "Parecen servir para legitimar las intenciones de AMLO y fortalecer su poder. Al parecer, él y su partido tienen planes de socavar los contrapesos que controlan al presidente”. Alvarado lo ve de manera similar: "Él cree que la solución es concentrar poder en sus manos y en las de aquellos en los que él confía. Todo depende de una persona, es discrecional, poco transparente, y eso eleva la posibilidad de corrupción", concluye.

Según Aguilar, los "delegados”, nombrados por el Presidente en cada Estado, deben, entre otras cosas, controlar los programas sociales y, por lo tanto, actuar como una especie de poder paralelo a los gobernadores elegidos. Aguilar también ve con preocupación la creciente polarización, que algunos funcionarios todavía están alimentando con la retórica "O estás a favor de mí, o contra mí”. Y termina advirtiendo que "un país polarizado, en conflicto y en tensión permanente entre los dos grandes grupos que lo integran; no puede avanzar”.

(JOV/CP)

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