El próximo domingo 25 de mayo se realizará en Venezuela un nuevo proceso electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro, para elegir diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y representantes de los Consejos Legislativos estadales.

Ante esta convocatoria, María Corina Machado, líder de la oposición democrática, y Edmundo González Urrutia, legítimo presidente electo en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. han llamado al país a la abstención, calificando este evento electoral como "una gran farsa que el régimen quiere montar para enterrar su derrota del 28 de julio”.

A pesar de que este boicot fue respaldado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -coalición que reúne a las principales organizaciones políticas de la oposición-, un grupo de opositores, encabezados por dos excandidatos presidenciales -Manuel Rosales (quien aspira a ser reelecto como gobernador del estado Zulia) y Henrique Capriles (aspirante a diputado de la Asamblea Nacional)-, rompieron la unidad opositora y decidieron participar. Entre sus argumentos sostienen que "el voto es la única herramienta legítima para provocar el cambio político en el país", que "no tenemos otro camino", que la vía electoral es la única forma de construir alternativas y resistir institucionalmente, y que es muy importante "mantener y conquistar espacios de poder regional y legislativo".

El dilema opositor frente a las elecciones en contextos autocráticos

La discrepancia frente a la abstención electoral ilustra uno de los dilemas estratégicos más cruciales que enfrentan los sectores democráticos dentro de contextos autocráticos como el venezolano: ¿es el voto un instrumento viable para desafiar al régimen de Maduro, especialmente tras el fraude masivo del 28 de julio de 2024?

El boicot electoral, liderado por Machado, González y la PUD, se basa en la convicción de que, bajo las actuales circunstancias, la abstención es la vía más realista y efectiva para propiciar avances hacia la redemocratización del país. Esta percepción, al parecer, no solo es compartida por la mayoría del liderazgo opositor: según una encuesta de Meganálisis realizada entre el 12 y el 16 de mayo de 2025, el 83,7 % de los venezolanos afirma que no está dispuesto a votar en las elecciones del 25 de mayo. De ese grupo, el 83,9 % sostiene que no lo hará porque "esa elección no va a cambiar nada”.

Este debate estratégico, por otra parte, trasciende las próximas elecciones parlamentarias y regionales, ya que seguramente se repetirá para las elecciones locales programadas posteriormente y frente al proceso de reforma constitucional anunciado por el régimen para este año.

El fraude masivo del 28 de julio marcó un punto de inflexión

Múltiples investigaciones han documentado cómo, durante el último cuarto de siglo, Venezuela ha experimentado uno de los retrocesos democráticos más profundos en la historia política de la región. Bajo el régimen de Hugo Chávez (1999-2013), el país derivó en una autocracia electoral caracterizada por elecciones que fueron cada vez más manipuladas y controladas para garantizar la permanencia del régimen chavista en el poder bajo una cierta apariencia de legitimidad. Con Nicolás Maduro, esta dinámica ha dado paso a una autocracia cerrada, en la que los comicios se han convertido en rituales formales sin incidencia real en la distribución o acceso al poder.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 marcaron un punto de inflexión crítico en el acelerado paso hacia una autocracia cerrada en Venezuela.

La abrumadora cantidad de graves irregularidades durante el proceso electoral, incumpliendo todo lo acordado previamente con la oposición en el "Acuerdo de Barbados”; el descarado fraude masivo avalado por todas las instituciones del Estado; el uso del "terrorismo de Estado” por parte de la Fuerza Armada y grupos paramilitares para imponerlo; el absoluto desprecio del régimen hacia las múltiples demandas internacionales, incluso de aliados históricos del chavismo como Lula y Petro, para publicar resultados detallados, y la publicación online, por parte de la oposición democrática, del 85 % de las actas comiciales que evidenciaban un triunfo de Edmundo González con el 67 % de los votos frente al 30 % del oficialismo; dejaron en evidencia que el régimen de Maduro ha eliminado toda incertidumbre electoral, reduciendo el sistema electoral venezolano a un ritual incapaz de alterar la distribución del poder.

Si bien el fraude masivo le costó a Nicolás Maduro la pérdida total de legitimidad ante el país y gran parte de la comunidad internacional -obligándolo a sostenerse únicamente mediante la fuerza y el terror-, el tránsito del régimen hacia una autocracia cada vez más cerrada ha disminuido significativamente los incentivos que antes podían justificar la participación de la oposición en elecciones controladas y manipuladas.

En autocracias cerradas desaparecen los incentivos para participar en elecciones

A medida que Maduro ha avanzado hacia la consolidación de su autocracia, las oportunidades de la oposición para aprovechar los eventos electorales -ya sea para ganar visibilidad, movilizar a la ciudadanía, obtener cargos o documentar fraudes- se han visto severamente limitadas.

Con respecto a la visibilidad y la movilización ciudadana, las oportunidades de usar las campañas electorales para llegar a la población y activar el descontento se han visto gravemente restringidas. El control absoluto del espacio mediático, la persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos, y la criminalización del disenso han promovido un clima de miedo y autocensura. El 13 de mayo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció un aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra voces críticas. IPYS Venezuela, por su parte, alertó sobre la persistencia de la censura y los bloqueos digitales.

En relación con las posibilidades de documentar y exponer el fraude, estas también han mermado significativamente luego de las elecciones del 28J. El régimen ha desmantelado, a través de la persecución y encarcelamiento, las redes de activistas de la sociedad civil, y de técnicos y militantes de partido que participaron en el resguardo del voto y en la recolección de las actas de esa elección. Según Foro Penal, cerca de 900 presos políticos permanecen detenidos, muchos de ellos vinculados a estas labores. Así mismo, se eliminó el código QR en las actas, una herramienta clave que permitió a la oposición demostrar la autenticidad de sus copias durante las presidenciales, y se prohibió la observación internacional imparcial. Sin estas condiciones mínimas, es muy difícil evidenciar con eficacia un posible fraude desde dentro del proceso.

Respecto a la obtención de escaños o cargos regionales, las posibilidades reales de incidencia política de estas instancias en pro de una transición democrática se han desvanecido. En el contexto actual, cualquier participación y eventual victoria de candidatos opositores solo es tolerada si no representa una amenaza real para el régimen. El control institucional absoluto del chavismo permite anular, intervenir o vaciar de poder a cualquier autoridad electa que no se someta a su línea. La experiencia reciente ha dejado claro que los escaños parlamentarios y los cargos regionales han dejado de ser espacios de disputa efectiva, convirtiéndose en márgenes de tolerancia controlada.

Bajo las actuales condiciones dictatoriales en Venezuela, la decisión de un sector opositor de participar en unas elecciones parlamentarias y regionales totalmente controladas y manipuladas no solo carece de utilidad práctica, sino que además favorece al régimen de Nicolás Maduro. Por un lado, contribuye a fracturar la unidad opositora; por otro, avala un proceso electoral desprovisto de garantías mínimas de transparencia y control, en el que los candidatos opositores no tienen posibilidad real de verificar ni defender la integridad de los resultados. A ello se suma el riesgo de que su eventual presencia en escaños parlamentarios o cargos regionales sin poder efectivo sirva como fachada de pluralismo para un régimen abiertamente dictatorial que busca afanosamente reequilibrarse en el poder.

En este contexto, la abstención no es pasividad ni rendición, sino uno de los mecanismos más importantes de resistencia ciudadana frente al régimen autocrático. Al rechazar masivamente participar en una farsa electoral diseñada para dejar atrás el contundente repudio expresado por el pueblo venezolano el pasado 28 de julio, la ciudadanía envía un mensaje inequívoco al mundo: Nicolás Maduro carece de legitimidad como gobernante. Esta postura reafirma el legítimo derecho de los venezolanos a exigir y procurar su salida del poder lo antes posible.

(cp)