Pese a que el presidente peruano, Pedro Castillo, y su ministro de Economía, Pedro Francke, reiteraron la semana pasada, durante su viaje a Estados Unidos, que su Gobierno no expropiará empresas, el primer ministro Guido Bellido advirtió en su cuenta de Twitter que "nacionalizará” el yacimiento de gas Camisea, ubicado en la sureña región de Cusco, si es que la empresa concesionaria no renegocia el reparto de utilidades a favor del Estado.

Ante la polémica desatada por Bellido, el presidente Castillo tuvo que salir a calmar la tormenta con otro tuit: "Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales en armonía entre el Estado y el sector privado”. La mayoría de los ministros prefirió pronunciarse también en un tono distinto al de Bellido, reflejando así contracciones en el gabinete ministerial. El premier fue respaldado, sin embargo, por el polémico Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, de ideología marxista, por el que Castillo candidateó como invitado.

"No solamente es irresponsable hacer un anuncio de esa manera, es incoherente con lo que dice el gobierno. Es una amenaza al Estado de derecho, pero creo que esa posición está bastante lejos de ser la oficial”, explica a DW Gonzalo Banda, analista político de la Universidad Santa María de Arequipa.

El economista Diego Macera, representante del Instituto Peruano de Economía (IPE), califica también de "irresponsable” el tono amenazante de Bellido. "Deja mucho que desear. El Ejecutivo no puede forzar acuerdos ni ‘nacionalizar' libremente. Siempre puede haber espacio para renegociaciones y mejoras consensuadas con una causa que las justifique. Pero negociar con una pistola sobre la mesa no es negociar”, afirma el experto a DW.

Renegociación vs. nacionalización

Legalmente, Bellido no tendría competencia para negociar ni para nacionalizar. Para ello necesitaría una ley que tiene que pasar por el Parlamento, donde claramente no tiene los votos. Sin embargo, Bellido entregó el lunes en las oficinas de las empresas concesionarias un oficio para empezar nuevas negociaciones. "Usa un eufemismo al decir que no están diciendo "expropiar”, sino "nacionalizar”. Pero para modificaciones constitucionales o expropiar necesita una ley, y en ambos casos no tiene los votos en el Congreso. En el fondo no tiene votos para nada”, aclara el analista político Banda.  

La discusión en torno a la renegociación del contrato con el Consorcio Camisea formado por la empresa argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil y la española Repsol, entre otras, no es nueva. Durante la última campaña presidencial, el entonces candidato Castillo prometió "recuperar el gas de Camisea”, así como otros recursos estratégicos. Esa propuesta no fue exclusiva de Castillo o de la izquierda peruana, incluso la candidata derechista Keiko Fujimori planteó la necesidad de revisar dichos contratos.

"El problema no es renegociar o poner el tema en agenda, porque desde que empezó la explotación en Camisea, hace 16 años, los contratos han sido cuestionados. La gente en las ciudades del sur del país también quiere que el gas natural llegue a sus hogares y a precios bajos”, apunta el experto Banda. Pero el Gobierno de Castillo, agrega Banda, logra que temas que deberían ser abordados seriamente sean caricaturizados y trata de confundir a la población haciendo creer que el GLP (gas licuado de petróleo), utilizado para el consumo doméstico, es igual al gas natural que sale de Camisea.

En el yacimiento de Camisea, una de las mayores reservas de gas de América Latina, se procesa el 92% de la producción de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40% de la energía eléctrica que se consume a nivel nacional. Además, el gas natural licuado de Camisea es exportado a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.

Consecuencias para la economía

Por su parte, el economista Macera opina que siempre se pueden hacer mejoras en los contratos, pero teniendo en cuenta que "tiene que haber una razón válida y que no se puede hacer sobre la base de amenazas, menos aún cuando se trata de un asunto tan delicado". Expropiar Camisea, según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, le costaría al Estado peruano alrededor de 30 mil millones de dólares ante tribunales internacionales.

Como ejemplo a seguir, Bellido y Cerrón han puesto a Bolivia, donde después de aplicar medidas similares, el GLP, por ejemplo, sería más barato que en Perú. Pero Macera, del IPE, que junto a economistas bolivianos realizó un informe al respecto, sostiene lo contrario. "Bolivia no tiene un modelo sostenible ni en términos energéticos ni en términos macroeconómicos. No hay capacidad para reponer las reservas ni nuevas exploraciones exitosas y es un país que lleva desequilibrios fiscales y monetarios serios, que fueron facilitados por el boom de precios, pero que más temprano que tarde le van a pasar una factura muy seria”, asegura el economista.

Según los expertos, las declaraciones de Bellido afectan la percepción de los inversionistas sobre Perú y ahuyentan la inversión privada. Algo que se vio reflejado este lunes cuando la moneda peruana, el sol, cayó abruptamente frente al dólar estadounidense. "Genera una gran preocupación sobre la economía peruana en general. Cualquier inversionista en recursos naturales se pregunta, con razón, si él podría ser el siguiente en la lista. Perú aún no termina de salir de la crisis económica del COVID-19 y esto solo logra retrasar seriamente cualquier recuperación”, apunta Macera.

Con ello, refiere el analista político Banda, Bellido reactiva nuevamente la polarización en el país para tener un contacto mayor con su base popular. "Alardear el poder es el estilo de una parte del gobierno. Creen ser parte de un proceso revolucionario que en realidad no tienen. Por menos cosas, un ministro ya habría renunciado o el presidente hubiese pedido su renuncia, pero con Castillo nunca se sabe”, lamenta el experto.

(er)