Cuando al portavoz del Ejecutivo alemán se le preguntó sobre la posición de Berlín de cara a las controvertidas reformas y leyes impulsadas por el nuevo Gobierno de Varsovia, Steffen Seibert contestó sin titubear que era tarea de Bruselas pronunciarse sobre la compatibilidad –o incompatibilidad– del derecho nacional polaco con el derecho comunitario. Y de hecho, en su sesión del 13 de enero, la Comisión Europea analizará las mociones más recientes del flamante establishment de Polonia y sus implicaciones para el Estado de derecho del país.

Consultado sobre el mismo tema poco antes de Navidad, el ministro germano de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, respondió tajante: “Nosotros hablamos directamente con nuestros amigos polacos y no sobre ellos”. En otras palabras, Alemania está delegando la tarea de criticar públicamente las polémicas leyes y enmiendas del nuevo Gobierno polaco. Y eso se debe, muy probablemente, a un cálculo que el presidente de la comisión de Exteriores del Bundestag, Norbert Röttgen, planteó de la siguiente manera: “Quien quiera fortalecer al señor Jarosław Kaczynski [presidente del gobernante partido Ley y Justicia (PiS)] y empeorar la de por sí difícil situación en Europa, que continúe amenazando y pretendiendo darle lecciones a Varsovia”.

Relaciones pragmáticas

Otro motivo que ayuda a explicar la reticencia de Alemania a hacerle reproches a su vecino es el hecho de que ambos se necesitan mutuamente como socios políticos y económicos en la Unión Europea. Los dos países orquestan con frecuencia consultaciones gubernamentales bilaterales; la próxima tendrá lugar en junio, por cierto. Además, Berlín, Varsovia y París integran desde 1991 el llamado “Triángulo de Weimar”, en el marco del cual se realizan negociaciones a todo nivel; la última cita de este trío se dio en abril de 2015 en Breslavia.

Hace poco, Witold Jan Waszczykowski, ministro polaco de Exteriores, dijo que a su país le haría bien asumir una postura pragmática de cara a Alemania, subrayando que los vínculos económicos no debían sufrir bajo ningún pretexto, pero enfatizando también que a los alemanes se les debería persuadir de tener mayor consideración con los intereses polacos. Ese llamado a la flexibilidad parece haber sido atendido parcialmente: el nuevo Gobierno de Varsovia honrará un compromiso adquirido por el Ejecutivo anterior y acogerá a 7.000 refugiados.

Aunque Waszczykowski está en contra de esa política de asilo y sigue advirtiendo que las condiciones legales para recibir a los refugiados no son óptimas, Polonia –al contrario de Eslovaquia y Hungría– no peleará el caso ante instancias superiores. ¿Qué pide Polonia a cambio? El ministro Waszczykowski lo dijo muy claro en una entrevista reciente: sería deseable que los alemanes tuvieran más comprensión con la actual situación política en Polonia. De ahí la discreción exhibida por su homólogo germano, Steinmeier.

Si a eso sumamos que en 2016 se celebrará el 25º aniversario del Tratado Alemán-Polaco de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, obtenemos argumentos para entender por qué, en este momento, el Ejecutivo de Angela Merkel prefiere no tener fricciones indeseables con Varsovia.