Es probable que varios gobiernos europeos tuvieran conocimiento de estas actividades, sostiene el informe aprobado este jueves en Estrasburgo. Las conclusiones preliminares de la comisión parlamentaria sobre la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense) indican que el espacio aéreo europeo fue empleado por empresas tapadera de la CIA para fines ilegales.

También en Alemania

El informe, elaborado bajo la responsabilidad del diputado socialista italiano Giovanni Claudio Fava, acusa asimismo a los servicios secretos de algunos países europeos, entre ellos Alemania. "Reconstruimos minuciosamente más de 1.000 vuelos", explica Fava. "Se trata de un sistema complejo de empresas tapadera que transportaron material y personas. Pero eso no fue todo, también secuestraron a muchas personas", añade.

Por ejemplo al alemán de origen libanés Khaled Al-Masri. Detenido en Macedonia, secuestrado y enviado a Afganistán, sufrió malos tratos durante meses antes de ser puesto en libertad.

Según el informe parlamentario, las autoridades alemanas habrían intentado impedir que se conociera lo sucedido. Entretanto el caso es investigado pro la fiscalía general del Estado y una comisión parlamentaria alemana.

Informe y debate

El informe no deja de provocar debates, también en el propio Parlamento Europeo. La pregunta que ocupa a los parlamentarios es la de la legalidad europea del transporte de detenidos por la CIA.

"Este informe es extremadamente tendencioso, porque sólo considera posturas críticas hacia los EE.UU.", sostiene por ejemplo el conservador Jas Gawronski, del partido italiano Forza Italia. "En el concepto de la izquierda no se toman en cuenta declaraciones contrarias como las del encargado de exteriores Javier Solana o del coordinador antiterrorismo Vries", agrega.

Por su parte, algunos eurodiputados polacos critican que faltan pruebas que demuestren la existencia de supuestos centros ilegales de detención de la CIA en Polonia o Rumania.

Otros, advierten que el combate del terrorismo no justifica todos los medios. El socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissl-Dörfler no niega la importancia de combatir el terrorismo, pero advierte que "no podemos emplear los métodos de los terroristas, debemos aplicar los medios que nosotros mismos propagamos en el mundo".

Reformar los servicios secretos

Tal parece que el informe parlamentario tendrá un efecto real. Se debe pensar en una reforma de los servicios secretos europeos, señala por ejemplo Franco Frattini, comisario de política interna y justicia europeo.

"Las reformas de los servicios secretos son jurisdicción nacional, pero creo que debemos estudiar la posibilidad de mayor transparencia frente a organismos europeos, o bien si es posible una coordinación de las actividades de los servicios secretos con responsabilidad directa de los jefes de gobierno y de Estado", explica.

Siguen las investigaciones

Precisamente Frattini fue ministro de Exteriores de Italia cuando se realizaron los vuelos de la CIA. Por ello debe investigarse qué papel jugó en esa época, exige el diputado alemán, Cem Özdemir. Según este parlamentario del Partido Verde, la Unión Europea (UE) tiene la obligación de interferir si la CIA realiza actividades ilegales en terreno comunitario. La llamada Convención de Chicago acerca de la colaboración con servicios secretos de Estados amigos, no debe amparar los secuestros ni la "exportación" de la tortura, señaló.

Al mismo tiempo, la diputada conservadora alemana Eva Klamt, que al igual que Özdemir pertenece a la comisión de investigación parlamentaria, reconoce que todavía "no sabemos nada concreto, estamos todavía en un punto en el cual debemos hacer muchas preguntas".

A lo largo de los siguientes seis meses serán entrevistados en primer lugar representantes de los gobiernos afectados, entre ellos, el ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier. Durante los vuelos de la CIA el socialdemócrata era el responsable de coordinación del servicio secreto alemán.

Si efectivamente se comprueba la complicidad de algunos gobiernos europeos en actividades ilegales, la Comisión Europea impondrá sanciones por ruptura de los acuerdos de la UE.