En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos cerca de Iguala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su disposición para asesorar a la justicia mexicana a esclarecer el caso y asistir a los familiares. Hasta ahora, todavía no se dieron a conocer los detalles del ámbito de esa colaboración, pero su responsable, James Cavallaro, está desde el miércoles (12.11.2014) en la ciudad de México para negociar el mandato. Con ello, la CIDH cumplirá con la petición de búsqueda de los desaparecidos por parte de sus padres, aceptada por el Gobierno mexicano a finales de octubre.

Con sede en Washington, la CIDH es la comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OAS), a la cual pertenecen los 35 países del continente. Cualquier ciudadano de un país miembro puede denunciar violaciones de los derechos humanos ante la comisión. Desde su fundación en 1959, sus expertos analizaron numerosos casos de violaciones como la guerra de las drogas en Colombia, la guerra civil en Guatemala y, últimamente, la situación de los niños refugiados en la frontera entre EE.UU. y México.

Vigilancia externa

La CIDH quiere ahora formar un grupo de trabajo interdisciplinario para apoyar y poner a prueba las investigaciones de la justicia mexicana. Además, intentará asistir a las familias de las víctimas. "Dicho apoyo debería integrar también medidas dirigidas a solucionar los problemas estructurales que provocaron las desapariciones y no ceñirse únicamente al caso de los estudiantes de Iguala”, aclara el comunicado de la CIDH.

La baja confianza en las autoridades mexicanas no data únicamente de los acontecimientos de Iguala. Activistas pro derechos humanos, como el poeta mexicano Javier Sicilia y el experto en temas de seguridad Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, acusan a los agentes mexicanos y políticos de un pacto de impunidad. Familiares de posibles víctimas, la sociedad civil y los observadores exigieron vehementemente la inspección de las investigaciones por parte de una organización externa.

Diez puntos por aprobar

La participación de la CIDH es una parte explicita del acuerdo que los padres de los desparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto, que no recibió a los familiares hasta pasadas cinco semanas de la desaparición. La firma habría llegado cuando los padres se negaron a abandonar el palacio presidencial, hasta que Peña Nieto aceptase esta declaración de diez puntos.

El Gobierno ya aceptó algunas de las exigencias, como la ampliación de las investigaciones y el análisis de los cadáveres encontrados por forenses extranjeros. Sin embargo, otros puntos de la lista todavía están abiertos, como las mejoras de la infraestructura para la educación en las zonas rurales, causa por la que se manifestaron los estudiantes desaparecidos.

Antes de que la CIDH comience su trabajo en México, el tratado todavía tendrá que cumplir ciertos trámites y se espera que sea la próxima semana cuando se firme el acuerdo entre el Gobierno mexicano y representantes de las familias de las víctimas.