“Es el paquete de medidas para proteger el medio ambiente más ambicioso del mundo”, contaba José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, a sus colegas del Parlamento europeo. La fórmula mágica ha sido bautizada como 20-20-20: emitir un 20% menos de CO2 con respecto a los niveles de 1990, aumentar la participación de las energías renovables en la producción eléctrica hasta un 20% del total y ahorrar un 20% de energía. Todo ello, hasta 2020.

Expuesto así, el objetivo resulta sencillo. También lo parecía cuando hace un año, bajo la presidencia alemana, los 27 países miembros de la Unión Europea se comprometieron a cumplirlo. En la práctica la cosa se complica. La nueva legislación medioambiental europea causa estragos dialécticos en Bruselas, entre los que reclaman excepciones y quienes pronostican grandes daños. El Consejo de Ministros y el Parlamento europeo tendrán aún que aprobar lo que ahora les propone la Comisión.

Las cuatro directivas

El mercado de compraventa de emisiones existe en Europa ya desde 2005, pero ha llegado la hora de endurecerlo, opinan en Bruselas. Así, los certificados que permiten a las empresas ciertos grados de contaminación, y que éstas pueden vender si no han hecho uso completo de ellos, o comprar si emitieron más de lo debido, dejarán de ser en un primer momento gratuitos. Hasta el 2013, las compañías tendrán que disponer de un tercio de los derechos de emisión que necesiten. En 2020, los gobiernos dejarán de vender estos títulos y habrá que recurrir al libre intercambio.

El resto del CO2 que se vierte a la atmósfera, aquel que no procede de la industria sino de los hogares, del transporte y del consumo humano en general, se minimizará estableciendo cuotas (como año base se toma aquí el 2005) de ahorro específicas para cada Estado miembro, determinadas en función de su Producto Interior Bruto. La idea es que los países más ricos tengan que apretarse el cinturón ecológico, mientras que a los pobres se les permita incluso contaminar más.

Estas son las dos primeras directrices que han trascendido del paquete de la Comisión, con las que se buscaría cumplir el objetivo de reducir en un 20% el CO2 que la Atmósfera recibe de Europa. Para aumentar la presencia de las energías renovables en la producción eléctrica, una tercera directiva comunitaria optaría de nuevo por las cuotas reguladas por país, además de por una reducción del 10% del consumo de carburantes.

A falta de confirmación oficial del contenido de las medidas, la última de las cuatro directivas establecería la puesta en marcha de sistemas de almacenamiento de dióxido de carbono para rebajar la contaminación que generan las plantas eléctricas de carbón.

Los críticos con el “paquete”

Como suele suceder en estos casos, y el medio ambiente no iba a ser especial, las voces críticas se multiplican y nadie parece estar del todo satisfecho con las propuestas de la Comisión. Incluso desde dentro del mismo organismo europeo, Günter Verheugen, comisario de Industria, ha decidido hacer uso de la palabra para entrar en el debate dejando claras sus objeciones.

“Estoy de acuerdo en que seamos un ejemplo para el mundo pero no estoy conforme con que nos suicidemos económicamente”, declaraba el comisario esta mañana en la cadena de televisión pública alemana ARD. Verheugen quiere excepciones, igual que Sigmar Gabriel, ministro alemán de Medio Ambiente.

Los germanos proponen que a aquellas ramas de la industria cuya actividad requiera de gran cantidad de energía se les siga permitiendo obtener gratis los certificados para emitir CO2, con el fin de no debilitar su posición en el mercado respecto a otras compañías no europeas. “No se trata de toda la industria: es la del aluminio, la química, la del papel, la del acero, la cerámica o el cristal. Es un grupo delimitado y reducido”, dijo Verheugen.

Todo apunta a que la Comisión ha incluido este trato especial en su plan medioambiental. Alta traición, opinan los ecologistas. “Sigmar Gabriel es el mejor ejemplo de la 'doble estrategia'. En la conferencia de Bali era el héroe de todos, y ahora es el primero que lucha por imponer excepciones”, criticaba Rebecca Harms, parlamentaria europea del Partido Verde, en el diario Thüringer Allgemeine.

En lo que sí están de acuerdo el comisario de Industria, los verdes y las organizaciones sindicales, es en que la Unión Europea establezca tasas aduaneras especiales para aquellos productos que se importan habiendo sido fabricados sin atender a la conservación del medio ambiente y que en el mercado europeo entran en concurrencia con otros que sí lo hicieron.

“Por supuesto que es posible”, respondía Verheugen a la pregunta de la presentadora de la ARD, que quería saber si esos impuestos son factibles. “Además, no todo tiene que decidirse ahora. El paquete [de medidas] ha sido elaborado de cara a las negociaciones en las que actualmente se discute sobre un compromiso a nivel internacional”.