“La corrupción daña gravemente la economía y la sociedad en general. […] Los estados miembros de la Unión Europea no son inmunes a esta realidad”, comienza diciendo el primer Informe sobre la lucha contra la corrupción publicado hoy por la Comisión Europea. El estudio desgrana, país por país, las medidas anticorrupción que se han tomado y su eficacia. Paralelamente, detalla también los resultados del Eurobarómetro sobre la percepción del problema por parte tanto de los ciudadanos como de las empresas.

“La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, daña la economía europea y priva a los Estados de unos ingresos fiscales muy necesarios”, ha declarado la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, quien ha recalcado el esfuerzo realizado estos últimos años para combatir esta lacra. Sin embargo, ha admitido, “el informe de hoy muestra que no es suficiente”.

Un mal desigualmente extendido

Tres cuartas partes de los europeos consideran que la corrupción está muy extendida en sus países y más de la mitad considera que en los últimos tres años ha aumentado. El dato oscila entre la práctica totalidad de los griegos (99%), italianos (97%) o españoles (95%) que consideran que “la corrupción está muy extendida en su país de origen”; y el 75% de los daneses, que, junto al 64% de finlandeses o el 54% de los suecos, piensan que es algo “excepcional” en los suyos.

Sin embargo, solo el 2% de los españoles y el 4% de los europeos admite que el año pasado se les pidió el pago de un soborno. Y el 8% afirma haber sido testigo directo de un caso de corrupción. Respecto a las empresas, el 43% de las que operan en la Unión Europea consideran que la corrupción es un problema. La Comisión se ha motrado preocupada, principalmente, por los casos de Rumanía (cuyo ex primer ministro ha sido enviado a prisión cuatro años por aceptar sobornos) y de Bulgaria.

Recetas contra la corrupción

Entre las propuestas que hace el informe están las de mejorar los mecanismos de control en los procedimientos internos de las administraciones públicas, el fortaliecimiento de las acciones penales para castigar la corrupción y la subsanación de las deficiencias, en algunos países, respecto a la financiación de los partidos políticos. El urbanismo, la construcción y la sanidad, así como la contratación pública y la gestión de las grandes empresas estatales, son los sectores que más de cerca hay que vigilar, según la Comisión.

Sin embargo, la corrupción a pequeña escala es, según el informe, un problema menor, presente solo en algunos países, frente a las relaciones entre la clase política y la industria. Muchas veces no tan evidentes, como ha explicado desde Bruselas Carl Dolan, de Transparencia Internacional, citado por Reuters: "La recompensa por favorecer a empresas, al destinar contratos o hacer cambios en la legislación, es un puesto en el sector privado cuando dejan el cargo, en lugar de un soborno".

LGC (reuters, servicio de prensa de la Comisión Europea)