La Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, fue aprobada en Suiza el 22 de marzo de 1989. En 1992, entró finalmente en vigor. El objetivo del tratado es disminuir los residuos peligrosos y sentar los lineamientos para una mejor gestión al desecharlos.

Durante los años 70 y 80, la conciencia social sobre los peligros de los desechos electrónicos y otros residuos tóxicos adquirió gran aceptación. La población rechazó con vehemencia el almacenamiento de residuos tóxicos en áreas cercanas a las ciudades. El desechar la basura se hizo más difícil y costoso, de ahí que las empresas empezaron a buscar otras formas de deshacerse de los residuos. Las regulaciones medioambientales y de salud en los países en desarrollo y las antiguas repúblicas soviéticas eran menos estrictas, por lo que se convirtieron en un destino popular para los residuos.

Sin embargo, a principios de los años 80, esta práctica también provocó indignación pública en los países industrializados. Finalmente, los gobiernos respondieron a las protestas y aprobaron el Convenio de Basilea.