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Estado de derechoAmérica Latina

La corrupción alienta el asesinato de líderes en Colombia

José Ospina-Valencia
3 de marzo de 2023

La amenaza, persecución, destierro y asesinato de líderes sociales en Colombia no cesa. La corrupción alimenta la violencia, y esta hace más pobres y vulnerables a los habitantes afrocolombianos del Pacífico colombiano.

Centro de la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó, Colombia
Quibdó, capital de Chocó, departamento sobre el Pacífico colombianoImagen: Juancho Torres/AA/picture alliance

"La amenaza es la puerta al cementerio", dijo el líder social colombiano Leyner Palacios este 19 de febrero en Twitter, al anunciar su salida obligada de Chocó, su región natal en el Pacífico colombiano.

"Con indignación y dolor recibimos la noticia sobre las amenazas contra la vida de Leyner Palacios y contra su familia. Leyner, compañero de la Comisión de la Verdad, víctima (de la masacre) de Bojayá, ha entregado todo en su lucha civil por la verdad y los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas sometidas al confinamiento, el desplazamiento y el terror”, dice un comunicado.

"En Chocó, los grupos armados imponen su ley; no puedo desestimar amenaza”, concluye el sobreviviente del conflicto colombiano y ganador del Premio Pluralismo Global 2017, así como nominado al Premio Nobel de Paz.

En Colombia, se sigue matando a quienes defienden sus tierras y derechos en los territorios, en especial en el Pacífico. En 49 días que van de este año 2023, catorce líderes sociales, comunitarios, ambientales y culturales han sido asesinados en diversas regiones en  Colombia, reporta INDEPAZ, una onegé de Derechos Humanos.

Chocó: bellezas naturales, corrupción y pobreza

¿Por qué, a pesar del Acuerdo de Paz de 2016, la persecución contra los líderes sociales persiste, especialmente en el Chocó? Para ello hay dos razones, dice a DW el jurista Richard Moreno Rodríguez, coordinador del Consejo Nacional de Paz (CONPA): "Una tiene que ver con las denuncias contenidas en el informe que sacó la Comisión de la Verdad, en donde Leyner Palacios, como comisionado, puso el dedo en la llaga en las fuentes del conflicto en la región, la violencia social en territorios étnicos, develando sus causas estructurales”, dice a DW. CONPA, es un espacio de organizaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que "articulan esfuerzos y acciones al interior del movimiento social afrocolombiano en virtud de alcanzar la garantía del derecho de paz”.

Leyner Palacios, exmiembro de la Comisión de la Verdad en Colombia y Juta Urpilainen, política finlandesa encargada de asociaciones de la Unión EuropeaImagen: Lukasz Kobus/EU

El departamento del Chocó cuenta con unos 544.764 habitantes, en un 82,1 por ciento afrocolombianos. El resto son indígenas y colonos y mestizos. Moreno, nacido en Tangui, Chocó, explica que allí "ninguno de los actores armados representan a las comunidades ni estas tienen cómo defender sus derechos”. Esto, debido "a la falta de gobernabilidad de un Estado históricamente débil, racista y excluyente”.

La debilidad institucional en Chocó se manifiesta, según el jurista Richard Moreno, en la falta de oportunidades de los líderes, su desprotección, la corrupción y connivencia entre actores armados y algunos funcionarios. El jurista agrega que "hay muchos miembros de Fuerza Pública, funcionarios y empresarios como lo develó la Comisión de la Verdad, que han tenido o tienen alianzas con grupos armados”.

Economías de guerra que se resisten a desaparecer

Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Derechos de Derechos Humanos INDEPAZ opina que, a pesar de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, "persisten las economías de guerra con intereses que afectan a las comunidades que defienden su territorio”. Por lo que "hoy, en este momento en Colombia, se libran dos grandes batallas: una por la defensa del territorio y otra por quienes quieren continuar en la guerra para perpetuarse en el poder, especialmente local y regional”.

En medio están, desde hace años, líderes sociales como Leyner Palacios, y muchos más. En 2022 fueron asesinados 199 líderes y lideresas sociales, el mayor número desde 2016, año en que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo inició el registro sistemático de estos crímenes.

Richard Moreno enfatiza que el conflicto armado en el Chocó ha sido alimentado por el conflicto social. En Chocó, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), así como la corrupción entre funcionarios es rampante, así el 74,3 por ciento de los/las chocoanas sufre pobreza monetaria. Quibdó, su capital, lidera con 21,9 por ciento de desempleo en 2021, los más altos índices de desempleo de Colombia.  Así no aparezca en titulares, concluye Moreno, "en Chocó mueren más personas por falta de atención de salud, que por las balas”. Los propios lugareños suelen decir: "Los turistas vienen a avizorar ballenas, mientras pocos chocoanos pueden ver un pescado en el plato".

(ms)

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