Transparencia Internacional presentó este martes su índice de percepción de corrupción 2022.

Parafraseando al célebre Gabriel García Márquez, podría hablarse de la “crónica de una mala noticia anunciada”. Una vez más, el continente latinoamericano presentó niveles altos de percepción de corrupción.

El instrumento clasifica 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, en la que cero equivale a "muy corrupto" y 100, a una muy baja corrupción.

El promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.

DW entrevistó de manera exclusiva a la presidenta de la organización, Delia Ferreira Rubio, quien, desde su estudio en la Ciudad de Buenos Aires, analizó causas, consecuencias y perspectivas del fenómeno en Latinoamérica.

DW: ¿Cuál es el balance principal que deja este nuevo índice para América Latina?

Delia Ferreira Rubio: Una asignatura pendiente, reiteradamente pendiente. Si uno analiza Latinoamérica, con excepción de Chile y Uruguay, y en menor medida Costa Rica, estamos muy por debajo del promedio global. La mayoría de los países están por debajo de los 40 puntos, y en una escala de 100, estar ahí es, claramente, un problema.

Es el caso de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, México, Paraguay y Honduras. O sea, en Latinoamérica estamos mal. Y muchos países están en una situación de estancamiento.

A mí me preocupa mucho, porque esto va junto con el deterioro de la democracia, la falta de respeto por la independencia del Poder Judicial, que, a su vez, conecta con las investigaciones de corrupción y la necesidad de que haya consecuencias, es decir, de que no haya impunidad.

Eso significa que, si hay altos grados de corrupción, el periodismo informa, la sociedad civil denuncia, y no pasa nada, lo único que se genera es falta de confianza en las instituciones.

Y se conforma un círculo vicioso...

Yo digo que incluso es peor que un círculo: es un espiral, porque va creciendo. Si hay instituciones que no funcionan, es una oportunidad para la corrupción. Y una vez que la corrupción está, esas instituciones funcionan aún peor.

Además, en nuestra región, vemos que en los países que avanzaron contra la corrupción, apenas cambian los gobiernos, empiezan a cuestionarse los resultados de investigaciones anteriores.

Hay gobiernos autoritarios o populistas, que llegan al gobierno de manera democrática, pero lo primero que hacen es usar el poder que han adquirido para tratar de eliminar los controles, atacar al Poder Judicial y atacar a los medios de comunicación. Como el gobierno de Bukele, en el Salvador, o el gobierno de Guatemala. Y en Argentina, estamos asistiendo a los ataques a la Corte Suprema de Justicia, porque se ve más cercana la posibilidad de una condena para la vicepresidenta por casos de corrupción. Es el mundo del revés.

En nuestras sociedades latinoamericanas los consensos sociales básicos están rotos, vivimos en la cultura del  "cambalache", como dice la letra de ese tango: "Da lo mismo ser derecho que traidor". Latinoamérica, con excepción de Uruguay y Chile, es un cambalache: "Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor".

Corrupción es una palabra que, de tan usada, puede hasta perder su contundencia en el significado, pero ustedes sostienen que va asociada a un terreno fértil para el crimen organizado y el abuso a los derechos humanos.

Así es. A la corrupción se le suma, en algunos países, el crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Con lo cual, el índice de violencia en la región aumenta. Algunos países directamente viven una captura del Estado. En el caso de Venezuela o de Nicaragua, son estructuras de crimen organizado que están enquistadas en el Estado.

Y también es un terreno fértil para los ataques a los medios de comunicación, y particularmente a los periodistas. Pensemos en México, el país más peligroso para los periodistas. Y eso, porque informan sobre la colaboración del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas con los grupos del narcotráfico.

Pero, además, la corrupción no solo implica beneficios económicos o políticos. Muchas veces en nuestros países tenemos casos de corrupción en los que la moneda de cambio -y esto afecta particularmente a las mujeres y a las niñas más jóvenes- es un acto de sexual.

¿Qué hacen bien Uruguay y Chile?

En ambos casos, no es que no haya corrupción, la diferencia es la reacción, que es aplicar la ley, rápido, y sancionar a quienes tienen que sancionar. Pero, además, hay algo que está como telón de fondo de esto, que tiene que ver con cultura. En Chile, en particular, hay un respeto a la norma, a la ley. En Uruguay, existe una condición de ciudadanía por la que se sienten obligados a actuar de acuerdo a ciertas reglas, como la honestidad, el respeto al otro y el diálogo.

¿En este sentido, cuáles son las salidas a la corrupción?

Las salidas son múltiples. Hay cosas que las puede hacer el Estado, con buenas leyes, que se apliquen, con organismos de control que sean independientes. Pero el sector privado también tiene una responsabilidad muy alta, que es no participar en la corrupción y no incentivarla: la corrupción no puede ser un mecanismo para hacer negocio. Y la sociedad tiene que dejar de ser indiferente, y dejar de votar a los corruptos.

¿Cree que existe voluntad de cambio?

Ese es precisamente el problema que tenemos. Pero si nos quedamos callados, no solo no vamos a poder luchar contra la corrupción, sino que el terreno que nos da garantías mínimas, también va a seguir deteriorándose.

El mensaje tiene que ser claro: la corrupción está en la base de todos nuestros fracasos como sociedad, y de nuestras crisis: desde la deforestación del Amazonas, hasta la guerra en Ucrania.

(cp)