La violencia es un problema común en El Salvador, Honduras y Guatemala y las pandillas son los grupos que más temen los habitantes de los tres países. El gobierno de El Salvador anunció hace unos días un plan para aplicar mano dura a las pandillas, tipificadas como organizaciones terroristas por la justicia salvadoreña.

"Hay un resentimiento grande entre la sociedad civil salvadoreña hacia las pandillas por sus acciones". Los miembros de las llamadas maras, como se conoce en Centroamérica a las pandillas criminales, se enfrentan entre ellos por el control territorial y han hecho de la violencia su modo de vida. Estos jóvenes, según datos oficiales unos 60 000, con unos 13.000 de ellos en las cárceles, han sido muchos reclutados por el crimen organizado y sobreviven de cualquier actividad ilícita, desde el secuestro y la extorsión, hasta el robo y la trata de personas.

"Ejercen mucha violencia contra la población, pero también son jóvenes que han sido violentados", afirma un joven psicólogo salvadoreño que prefiere el anonimato bajo el pseudónimo de Alejandro. El psicólogo hace labor social con los miembros de una de las grandes maras, pero eso no lo sabe ni su familia. Su actividad, como las maras mismas, está penalizada.

Sin prevención no se resuelve el problema

"Es muy difícil superar este problema a través de la represión como única vía. El Salvador debió haber comenzado a invertir en la niñez y la juventud desde hace por lo menos quince años para restablecer el tejido social, que es lo que permitirá solucionar este problema", dice Alejandro.

Aunque el grueso de los jóvenes que integran estas pandillas es de entre 15 y 25 años de edad,  también hay niños de 10 y 12 años que ya llevan tres muertos en sus espaldas, según Alejandro, lo que demuestra la dimensión del problema. "Son los jóvenes de entre 15 y 25 años los que corren más peligro, son los jóvenes que están muriendo víctimas de la autoridad o de los pandilleros". 

El psicólogo advierte que el país vive una situación de inseguridad insostenible, con unos 11 muertos diarios. "Algunos días llega a haber entre 40 y 50 homicidios. Es algo que a cualquiera le pone los pelos de punta".

Aunque el activista destaca que la estrategia del Estado requiere un componente represivo para controlar la situación, debe estar acompañado del respeto a los derechos humanos de los detenidos por parte de los cuerpos de seguridad, así como de programas de prevención efectivos, que no hay.

Eso se debe a las leyes que criminalizan también a quienes se acercan a las maras para hacer trabajo social.  "Ya ha habido una persecución y vigilancia a personas que trabajan con las pandillas,  pues son considerados cómplices, la ley prohibe acercarse a las maras. El Estado no ha ofrecido una respuesta, pero tampoco permite que otros se ocupen del problema".

El Salvador, sumido aún en la pobreza

Por su parte, José Santos Guevara, director de la Asociación de Comunidades Unidas del Bajo Lempa, en el este del país, recuerda que la actual situación se deriva de una guerra de 12 años, pero la pobreza y la marginación ya la vivían campesinos y pobladores rurales antes del conflicto.

"Muchos campesinos emigraron a las ciudades y surgieron así numerosos asentamientos marginales a orillas de los ríos. Las pandillas, que tuvieron su origen en Los Angeles con el objetivo de protegerse del hostigamiento de otros grupos de inmigrantes, al ser deportados de Estados Unidos volvieron al Salvador sin saber otra cosa que la práctica de la violencia. "Un grupo no muy grande inicialmente, ha ido aglutinando a otros jóvenes que sufren desintegración familiar y marginación en estas zonas pobres, que no han encontrado oportunidades", explica José Santos Guevara.

Los activistas fueron invitados a Alemania por la Oficina Ecuménica para la Justicia y la Paz en el Mundo, con sede en Múnich. Durante su recorrido por Alemania se reunieron con representantes de otras organizaciones de ayuda humanitaria. En Berlín sostuvieron reuniones en el Ministerio alemán del Exterior, con el Ministerio para la Cooperación y el Desarrollo, y tuvieron pláticas con organizaciones como Pan para el Mundo (Brot für die Welt) y Misereor.

Los activistas sostienen que la violencia es un efecto de la injusticia social y la pobreza extrema que vive el país, que se manifiesta en la falta de oportunidades para la gente, sobre todo la de escasos recursos, un 80% de la población de 7 millones.

La corrupción se beneficia de la violencia

Aunque la violencia que vive El Salvador se traduce en una limitante para la población que no puede hacer libremente su trabajo, beneficia a la corrupción extendida en la clase política y empresarial. Es el otro lado de la moneda.

"Tres expresidentes están siendo investigados por actos de corrupción en los que están involucrados cientos de millones de dólares", subraya José Santos Guevara. El activista enumera los casos conocidos: "el ya fallecido Francisco Flores (1999-2004, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista -ARENA), Elías Antonio Saca (2004-2009, ARENA) y el izquierdista Mauricio Funes  (2009-2014, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), que está exiliado en Nicaragua", dice Santos Guevara. 

El activista destaca que también hay otros casos, como el del ex embajador de El Salvador enAlemania, el ex militar José Atilio Benítez, investigado por tener vínculos con el crimen organizado al que vendió armas.

"Es fundamental un cambio de visión en los quienes nos gobiernan y para ello es importante la presión de la comunidad internacional, de los gobiernos como el de Alemania que destinan a El Salvador  recursos en el rubro de cooperación al desarrollo, para que las políticas atiendan las necesidades de las mayorías".

Alejandro, que trabaja con los jóvenes de las maras añade: "Tenemos gente en la política con mucho poder económico, que tiene vínculos con el crimen organizado. A ellos les conviene que la situación de inseguridad que tenemos en el país se mantenga, porque de eso gana el crimen organizado y ellos son una fuerza invisible que tiene secuestrado a El Salvador".