La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU anunciará este viernes su decisión sobre la imposición de medidas cautelares a Israel para parar su guerra en Gaza mientras tiene lugar el procedimiento por el que Sudáfrica acusa al Estado israelí de tener una "intención genocida” hacia los palestinos de la Franja.

El caso iniciado por Sudáfrica el 29 de diciembre trata la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) con sus operaciones militares en Gaza y, según señaló el equipo legal sudafricano, declaraciones de altos cargos israelíes muestran un "patrón de conducta genocida” en su "política estatal”.

Pero antes de entrar en si Israel violó o no ese tratado con la ofensiva militar iniciada el 7 de octubre, tras el ataque del grupo terrorista Hamás a su territorio, la CIJ se pronunciará sobre la necesidad de medidas cautelares que paralicen la guerra, hasta que haya una decisión sobre el fondo del caso, lo que tardará años.

Las medidas solicitadas

Sudáfrica solicitó nueve medidas -incluido un alto el fuego - para "proteger contra daños mayores, graves e irreparables los derechos del pueblo palestino” y "asegurar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones de no cometer un genocidio y de prevenir y castigar el genocidio”. De emitirse, estas medidas no supondrían una sentencia de que Israel esté cometiendo un genocidio.

También pidió a la CIJ exigir a Israel "tomar todas las medidas razonables que estén a su alcance para prevenir el genocidio” del pueblo palestino; y "garantizar” que cualquier organización o persona bajo control, influencia o dirección "no adopte medidas para fomentar las operaciones militares” en curso. 

Asimismo, exigió que Israel "desista” de la expulsión, desplazamiento forzado y la "destrucción de la vida palestina en Gaza”, y deje de impedir el acceso de alimentos y agua potable, y asistencia médica y humanitaria (combustible, alojamiento, ropa, higiene y saneamiento).

A juicio de Sudáfrica, Israel también debería preservar y prevenir la destrucción de las pruebas relacionadas con las acusación de genocidio, y permitir el acceso de misiones de investigación.

ct (efe, afp)