Los países adheridos, que también financian a la CPI, discutirán sobre el futuro trabajo del tribunal y su presupuesto, que se cifra en 69 millones de euros.

Sobre todo la resolución en torno al presupuesto adquiere gran importancia, ya que el fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo, anunció que quiere comenzar investigaciones lo antes posible en el Congo y Uganda.

La CPI, que fue creado hace dos años, persigue en todo el mundo figuras delictivas tales como genocidio, crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra, en tanto no lo hagan los juzgados nacionales de los países afectados.

Críticas de organizaciones de DD.HH.

Voceros de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos criticaron antes del comienzo de la reunión que el CPI no ha previsto suficientes fondos para la protección de testigos y víctimas de guerras civiles.

También han criticado la actitud de los EE.UU. de intentar impedir la presentación de ciudadanos norteamericanos ante la Corte a través de acuerdos individuales con diferentes Estados. EE.UU. está invitado a la reunión anual como observador.

Catálogo de figuras delictivas

Los 18 jueces de la Corte pueden recurrir en el futuro a un catálogo aprobado por todos los Estados parte, en el que se definen las figuras delictivas en las que tienen competencia, a veces difíciles de especificar.

Entre esas figuras se cuentan tortura, violación, persecución por motivos étnicos o religiosos, deportaciones, separación de razas y esclavitud. También se perseguirán las "agresiones" y el "terrorismo", no bien los países miembros se pongan de acuerdo acerca de cómo definir jurídicamente esos delitos.

La CPI no puede perseguir delitos cometidos antes del 1 de julio de 2002, la fecha de su fundación. A diferencia de los tribunales especiales de las Naciones Unidas, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en Arusha, la CPI es una institución permanente.

También iniciativa propia

La Corte puede ser convocada por países miembros o por la ONU, pero también iniciar diligencias por iniciativa propia, a través de un fiscal, cuando así lo crea necesario.

Entre los países que han ratificado hasta ahora los estatutos de la CPI se hallan todos los de la Unión Europea, y Suiza. Alemania y Holanda son dos de los mayores impulsores de la CPI. Los mayores detractores son EE.UU. y otros importantes Estados, como Rusia, China e India.

Los temores de EE.UU.

EE.UU. teme que sus soldados destacados en el exterior puedan ser acusados "por razones políticas" y expuestos a "persecución arbitraria". Una posición que muchos expertos no pueden comprender, ya que, como lo indican los estatutos de la CPI, ésta intervendrá sólo cuando no lo haga el Estado en cuestión.

Sea como fuere, el gobierno de George W. Bush ha impuesto dos veces por un año la inmunidad ante la CPI para ciudadanos norteamericanos. Esa regulación especial está por acabar. Mientras tanto, EE.UU. firmó acuerdos bilaterales con casi 90 países para impedir una extradición de ciudadanos norteamericanos de esos países a La Haya.

En la lista de 18 jueces elegidos para la CPI se hallan Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica; Sylvia H. de Figueiredo Steiner, de Brasil y René Blattmann, de Bolivia y el alemán Hans -Peter Kaul.