Esta semana, el diario británico The Guardian reveló acusaciones señalando que el exjefe del Servicio de Inteligencia de Israel, Yossi Cohen, presionó a la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para que detuviera las investigaciones en territorios palestinos, donde había comenzado con dicha tarea en 2015 de manera preliminar.

En marzo de 2021, Bansouda inició ahí una investigación formal. En junio de ese mismo año, el actual fiscal Karim Khan relevó a Fatou Bensouda.

Hace dos semanas, estas investigaciones culminaron con la petición de Khan para que se dictaran órdenes de detención contra dirigentes de Israel y de Hamás. El 20 de mayo, Khan anunció que había pedido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres dirigentes del grupo islamista Hamás.

Khan acusa a ambas partes de haber cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en la actual situación de Gaza. Se trata de una decisión que ha sido duramente criticada por Israel, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea.

Según The Guardian, las acusaciones contra el servicio secreto israelí Mossad se remontan a años antes de que se iniciara formalmente la investigación en 2021. Al parecer, las supuestas amenazas iban dirigidas personalmente contra Bensouda y su familia.

"Se trata de acusaciones graves”, confirmó a DW Tomas Hamilton, experto en derecho penal internacional del bufete Guernica 37 Chambers, con sede en Londres. Hamilton cree que, si las acusaciones resultan ser ciertas, la corte no podrá ignorarlas.

De acuerdo con The Guardian, un portavoz de la oficina del primer ministro israelí rechazó las acusaciones que les había hecho el diario británico, calificándolas de "falsas e infundadas".

La fiscalía es consciente de las "actividades de recopilación de información”

Ante las consultas de DW, la fiscalía declaró que "es consciente de las actividades de recopilación de información llevadas a cabo por varios organismos nacionales de carácter hostil hacia la CPI, y está aplicando continuamente medidas para contrarrestarlas”.

En septiembre, la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), se vio afectada por un "grave incidente de ciberseguridad”, que calificó de "objetivo de espionaje” en un comunicado de prensa cinco semanas después. La CPI interpretó el incidente como un "intento grave” de socavar su mandato. En ese momento, afirmó que no podía confirmar quién era el responsable del ataque y que las autoridades neerlandesas habían abierto una investigación.

En junio de 2022, el servicio de inteligencia neerlandés señaló que había descubierto a un agente militar ruso intentando entrar en la Corte como infiltrado. Previamente, en marzo de 2022, el fiscal de la CPI había abierto investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra ocurridos en Ucrania desde 2014. En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por el presunto secuestro de niños.

Intentar manipular la Corte tendría consecuencias legales

A principios de mayo, cuando comenzaron a circular en los medios rumores sobre próximas órdenes de arresto contra líderes israelíes, la fiscalía emitió un comunicado advirtiendo que "todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en sus funcionarios deben cesar de inmediato". Khan repitió dicha advertencia dos semanas después, cuando presentó su solicitud de orden de arresto. En su declaración, dejó claro que la fiscalía no "dudaría" en actuar de conformidad con el artículo 70 del Estatuto de Roma "si tal conducta continúa".

El artículo 70 del Estatuto de Roma prohíbe "obstaculizar, intimidar o influir de manera corrupta” en los miembros la Corte en un intento de persuadirles para que no cumplan debidamente sus funciones o no las cumplan en absoluto. La cláusula, entre otras cosas, también prohíbe el soborno de sus funcionarios.

Tomas Hamilton señala que, aunque ha habido casos anteriores de aplicación del artículo 70, principalmente con relación a la manipulación de testigos, las acusaciones contenidas en el artículo de The Guardian sugerían "una operación de inteligencia orquestada por el Estado a largo plazo” y, de ser ciertas, superarían todos los casos anteriores de delitos contra la administración de justicia en virtud del artículo 70. Hamilton considera que es "muy probable” que la CPI considere abrir un procedimiento ante la gravedad de las acusaciones.

¿Se avecinan sanciones contra Khan?

En Washington, senadores republicanos han amenazado con sancionar a funcionarios de la CPI, informa la agencia de noticias AP. Poco después de la petición de emitir las órdenes de detención, el secretario de Estado Antony Blinken habló ante el Senado indicando que estaría dispuesto a trabajar en una respuesta pertinente.

El gobierno estadounidense de Donald Trump sancionó en septiembre de 2020 a la entonces fiscal Fatou Bensouda por abrir investigaciones sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán. En 2021, estas sanciones se levantaron tres meses después de que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos.

(ee/ers)