Este jueves (5.10.2017), Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), emitió un comunicado en el que anunciaba la implementación de "medidas cautelares” contra dos de sus empleados para "proteger” los intereses de la institución mientras se realiza una investigación interna. Se sospecha que los funcionarios en cuestión filtraron información al exfiscal de ese tribunal Luis Moreno Ocampo (2003-2012) y que, al hacerlo, comprometieron el funcionamiento cabal y la reputación de la institución.

El lunes pasado (2.10.2017), un reportaje periodístico reveló que Ocampo había trabajado para Hasán Tatanaki, un magnate libio cercano al dictador libio Muamar el Gadafi (1969-2011) que cambió de bando cuando comenzaron las revueltas de la llamada Primavera Árabe en 2011. Tatanaki decidió apoyar a Jalifa Hafter, un mariscal libio sublevado que es objeto de averiguaciones en el CPI. Tras pasar años fuera de su país, Hafter regresó a Libia para apoyar a los adversarios de Gadafi durante la guerra civil que afligió al Estado magrebí.

En 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU le pidió a la CPI que evaluara los indicios de posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos en Libia. En ese momento, Ocampo todavía era fiscal jefe del tribunal. Un año más tarde, cuando se separó de ese cargo, Ocampo habría aceptado una oferta de tres millones de euros para asesorar a Tatanaki y "protegerlo de procesos penales”. Eso sostienen medios miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC) y con acceso a miles de documentos de la CPI filtrados.

El “caso Ocampo”

Cuando Ocampo ya no formaba parte de la corte de La Haya, un empleado de la Fiscalía del tribunal se habría puesto en contacto con él para advertirle que Hafter estaba por ser investigado en la CPI debido a un discurso televisivo en el cual el militar amenazaba de muerte a aquellos que no se unieran a su causa. Esa alocución fue retransmitida a través de un canal de Tatanaki. Ocampo decidió elaborar "una estrategia para aislar” al magnate libio, según los documentos de la investigación periodística.

El exfiscal ha precisado que sólo recibió del magnate 750.000 dólares y ha dicho estar convencido de que ayudarle fue algo "no sólo legal, sino también correcto”. Por otro lado, fuentes de la Fiscalía aseguraron que desde que Ocampo terminó su mandato, "la oficina se abstiene de iniciar contactos o de entablar conversaciones con él sobre la labor” de ese órgano. La actual fiscal, Fatou Bensouda, "ha aclarado esta posición a Ocampo en el pasado” y "le ha pedido que se abstenga de cualquier pronunciamiento o actividad pública que pueda interferir con las actividades de la Oficina o desacreditarla”, pues "no habla ni actúa en nombre de la Fiscalía”, indicaron las fuentes.

La investigación periodística también ha señalado que Ocampo tuvo una empresa "offshore” durante su mandato. El exfiscal ha negado esa imputación. La CPI "no prejuzga la exactitud de esas acusaciones” y, en caso de ser ciertas, la corte "no era consciente de esas cuentas”, arguyeron las fuentes. Por otra parte, la Oficina de la Fiscal sí iniciará una investigación de parte de su personal para averiguar si no se ha respetado "el marco jurídico interno del tribunal”. El periódico neerlandés "NRC” ha señalado que una trabajadora de la Fiscalía está bajo sospecha de haber usado una dirección electrónica falsa para gestionar una petición de Ocampo a cambio de dinero. Bensouda no ha revelado la identidad de los empleados contra los que ha ordenado medidas cautelares, pero lo ha descrito como "dos miembros de mi equipo”.

ERC ( EFE / epd / AFP )