La crisis venezolana I (ENE – MAR 2016)
9 de septiembre de 2016
Controvertido decreto
El Parlamento rechazó la prórroga del decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro, emitido el 14 de enero para poner coto a los factores que, a juicio del Gobierno, han propiciado la crisis productiva nacional. La mayoría opositora en la Asamblea Nacional ya se había negado a otorgarle un “cheque en blanco” al Ejecutivo sin conocer el trasfondo del difuso decreto, pero el Tribunal Supremo de Justicia terminó declarándolo constitucional. (18.3.2016)
Una meta, cuatro rutas
La “agenda común” de la oposición venezolana evidencia más disenso que concordia. Ésta presentó cuatro estrategias para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro: exigir la renuncia del mandatario, enmendar la Constitución con miras a reducir la duración de los Gobiernos de seis a cuatro años, convocar a una Asamblea Constituyente para promulgar una nueva Carta Magna y renovar los poderes públicos, y organizar un referendo revocatorio. (8.3.2016)
Oposición denuncia “emboscada judicial”
El Tribunal Supremo de Justicia –alineado con el oficialismo– emitió una sentencia según la cual el Parlamento carece de facultades para remover a trece magistrados de esa corte o interpelar a funcionarios de otros poderes, aún cuando esas son funciones que la Constitución le atribuye. El fallo abre la posibilidad de anular las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. (1.3.2016)
Más poder para los militares
Con respaldo del TSJ, el presidente Maduro aprobó la fundación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), que puso la explotación de los hidrocarburos en manos de las Fuerzas Armadas sin consulta popular ni debate legislativo previo. La empresa está supeditada únicamente al ministro de Defensa, mayor general Vladimir Padrino López. (10.2.2016)
Impugnados diputados opositores
Tras refutar los resultados de las elecciones parlamentarias en el estado Amazonas y otras circunscripciones, el partido de Gobierno logró que el Tribunal Supremo de Justicia –dominado por fichas del oficialismo– interrumpiera sus vacaciones y aceptara los recursos de impugnación contra varios diputados antichavistas. El TSJ ordenó suspender cautelarmente la juramentación de tres de ellos y limitó las prerrogativas de la oposición al reducir su incipiente hegemonía en la Asamblea Nacional, de una mayoría calificada de dos tercios a una de tres quintos. Tras ser declarado en desacato por no reconocer la sentencia de la corte, el Parlamento separó de sus cargos a los tres legisladores en cuestión. (13.01.2016)
Prioridades de la oposición
Al inaugurar el período legislativo 2016-2021, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el antichavista Henry Ramos Allup, confirmó que la mayoría opositora promulgaría una ley para amnistiar a los presos políticos y tomaría medidas “pacíficas, constitucionales y democráticas” este mismo año para adelantar el fin del Gobierno de Nicolás Maduro, que termina oficialmente en 2019. (05.01.2016)
Se instala el nuevo Parlamento
En los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, el partido de Gobierno (PSUV) obtuvo 55 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional y la mayor alianza de formaciones opositoras (MUD), 112 curules; una mayoría calificada de dos tercios que le permitiría al antichavismo, entre otras cosas, modificar leyes, designar y remover a autoridades electorales y judiciales. (05.01.2016)
Cambios de última hora
El Poder Judicial, que es de facto el brazo ejecutor y normativo del Gobierno de Maduro, fue renovado arbitrariamente por los diputados oficialistas salientes en diciembre, cuando el período parlamentario 2011-2016 ya había culminado y el Tribunal Supremo de Justicia ya estaba de vacaciones. Los cargos de esos nuevos jueces –todos chavistas– tienen doce años de vigencia. (23.12.2015)
El “Parlamento paralelo”
Los diputados salientes, en su mayoría oficialistas, instalaron un “Parlamento Comunal Nacional” que abogados constitucionalistas tacharon de ilegal por constituir una suerte de “Asamblea paralela”. La moción fue respaldada por el presidente Maduro, quien prometió darle “todo el poder al Parlamento Comunal” para que fuera “una instancia legislativa del pueblo desde la base”. (15.12.2015)
Preludio de una crisis de gobernabilidad
El presidente Maduro prometió aceptar los resultados de los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015; pero tan pronto se constató que la oposición obtuvo la mayoría de las curules, el partido de Gobierno (PSUV), que controla casi todas las instituciones del Estado, dejó entrever las estrategias legalistas que usaría para restringir las prerrogativas de la Asamblea Nacional. (9.12.2015)
Evan Romero-Castillo