Una entrada en escena como a ella le gusta: vestida de negro, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner se ubica entre la bandera celeste y blanca y un retrato de Eva Perón. Antes de haber pronunciado una sola palabra, la presidenta es aplaudida por miembros selectos del Gobierno y por representantes de la juventud del Frente para la Victoria (FVP). Después, Cristina Kirchner levanta la mano y pronuncia la frase que su público espera: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la mayor productora de petróleo del país, se estatizará por motivos “de interés público y nacional”, expropiándosela a su principal accionista, el grupo español Repsol.

A nivel oficial, el Gobierno argentino defiende esta sorprendente medida, que se votará en el Senado el miércoles próximo, argumentando que Repsol –a quien pertenece un 57 por ciento de YPF- hace años que se ocupa más de los intereses de sus accionistas que de la extracción de petróleo, que disminuye cada vez más. Lo cierto es que los yacimientos que explota YPF se están agotando, mientras que la demanda energética en Argentina aumenta, lo cual tiene como consecuencia que Argentina haya debido importar crudo en 2011 -por primera vez desde hace 17 años- por más de 9.000 millones de dólares.

No hay diálogo con España

Pero en lo referente al tema de las inversiones, los reproches de Cristina Kirchner no se sostienen. Además de haber rechazado un plan de inversiones de Repsol tachándolo sin más de “insuficiente”, desde hace semanas se niega a dialogar directamente con el director de Repsol, Antonio Brufau. Por otra parte, Cristina Kirchner ya era presidenta de Argentina cuando se instó a YPF a aceptar la participación de accionistas argentinos. Y éstos eran, y no por pura casualidad, amigos de la familia Kirchner. Los nuevos socios financiaron también su paquete de acciones -como mínimo un cuarto de la participación de YPF- con dividendos de la empresa, deudas que aún siguen sin saldarse.

Los verdaderos motivos para esta audaz jugada de Kirchner son otros: Argentina necesita dinero. La tercer mayor economía de América Latina experimenta una caída en sus exportaciones y se estima que su crecimiento económico se reducirá este año a la mitad, alcanzando un cuatro por ciento. La tasa de inflación no supera –según datos oficiales- el uno por ciento, pero el Fondo Monetario Internacional la ubica en alrededor de un 20 por ciento. Para ahorrar divisas, el Gobierno argentino impone absurdas barreras a la importación, lo que tiene como consecuencia la escasez de muchos productos de uso cotidiano.

Sacar dinero de diversas fuentes

A fin de obtener el dinero que necesita, el Gobierno de Cristina Kirchner considera que la estatización es un medio adecuado. Ya se quedó con el patrimonio de las cajas de jubilación privadas, con las reservas de divisas del Banco Central argentino y con los ingresos de los partidos de fútbol, disfrazando todo, por supuesto, de acto patriótico para el bien de los argentinos. O, como lo describe el politólogo Rosendo Fraga, “La señora Kirchner pasa del capitalismo para los amigos al capitalismo estatal”. Y ahora le toca a YPF, con un volumen de negocios de 15.000 millones de dólares y único candidato para la explotación del gigantesco yacimiento de gas y petróleo de Vaca Muerta, recientemente descubierto en la provincia de Neuquén.

Las consecuencias de la medida podrían ser fatales, ya que con ella se espanta a inversores potenciales. Y si se toman en cuenta las palabras de Oscar Lesano, un influyente sindicalista cercano al Gobierno, se intuye el alcance que podría llegar a tener: “Al obsevar la línea que sigue el Gobierno en este momento, percibo la señal de que también se podría estatizar a otras empresas”, dijo Lesano en entrevista con una radio argentina. Y ese tipo de declaraciones hacen sonar la señal de alarma en las centrales de las compañías extranjeras en Argentina.

Pero la estatización de YPF también es un intento de distraer de los propios errores en cuanto a política energética. Los precios al consumidor se mantienen bajos desde hace años gracias a las subvenciones. Al mismo tiempo, el Gobierno argentino le pone límite a los precios de los productores. “Para paliar ese déficit se deben mejorar las normas en el mercado energético”, dice el economista argentino Daniel Montamat, que fue ministro de Energía a fines de los años 90. Pero un manejo realista de los precios provocaría rechazo en el electorado de Cristina Kirchner, algo que la presidenta no quiere arriesgar.

En la mira de los vecinos

En lugar de eso, Kirchner alega que todos los países latinoamericanos controlan sus reservas energéticas, un argumento poco convincente, como demuestra lo que sucede en Brasil. Si bien el grupo Petrobras es controlado por el Estado, puede justamente actuar libremente en cuanto a los precios, y por eso cuenta con la confianza de los inversores. “En el modelo brasileño jamás se han roto contratos así como así. Siempre se han respetado las reglas”, dice Rafael Schechtmann, del Instituto Brasileño para la Infraestructura, de Río de Janeiro.

YPF necesitará 25.000 millones de dólares en inversiones en los próximos 25 años, un capital que ahora será muy difícil de obtener. Algo que, tarde o temprano, también hará que disminuya el entusiasmo en el electorado de Cristina Fernández de Kirchner.

Autor: Marc Koch, corresponsal de DW en Buenos Aires (CP)
Editor: Enrique López