Poco después de los atentados de Nueva York y Washington, el 2 de octubre de 2001 el primer ministro inglés, Tony Blair, declaraba en un congreso laborista: "En este país y en todo el mundo, habrán de modificarse leyes. No para negar las libertades básicas, sino para evitar que se abuse de ellas y proteger por encima de todo la principal de las libertades: el sentirse libre de terrorismo".

Blair anunció nuevas leyes de extradición y nuevas regulaciones en el derecho de asilo. "Este país está orgulloso de su tradición de ofrecer asilo a quienes huyen de la tiranía", explicaba Blair, "pero tenemos la obligación de salvaguardar el sistema de la mala utilización que de él hacen algunos". El primer ministro daba en ese momento a conocer su intención de transformar radicalmente dicho sistema.

"Hombro con hombro"

Como consecuencia de los atentados del 11-S, Blair prometió en nombre de todos sus conciudadanos luchar "hombro con hombro" con sus aliados transatlánticos para ganarle la batalla al terrorismo. Mientras enviaba tropas a Afganistán para combatir a Al-Qaeda y a los talibanes, Blair abría en la retaguardia otro frente: el de la lucha por la seguridad de Gran Bretaña y por tranquilizar a la nación amedrentada.

Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, con la intención de aumentar las medidas de seguridad las leyes fueron aprobadas a toda prisa a lo largo de 2001. Washington dio luz verde a la PATRIOR Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Intercept an Obstruct Terrorism Act). La versión británica se llamó ATCSA (Anti-Terrorism, Crime and Security Act)

Aumento de las competencias

La ATCSA permitía al ministro del Interior británico, David Blunkett, catalogar a personas de supuestos terroristas internacionales y retener o deportar a ciudadanos extranjeros que fueran considerados sospechosos. La intranquilidad desplegada entre la ciudadanía reforzaba la labor del Gobierno. El hecho de que la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950 haga excepciones con la legislación migratoria británica apoyaba que las reformas fueran aceptadas como necesarias sin crear apenas controversia.

Con entrada en vigor de la ATCSA, el Gobierno británico recibió por primera vez desde la II Guerra Mundial el derecho a retener sospechosos sin que tuviera que mediar acusación alguna y sin que hubiera de serles otorgado el derecho a defenderse. El Gobierno sostenía que, si las pruebas que mantenían encarcelados a los sospechosos sin cargos se daban a conocer ante un tribunal, la seguridad nacional y el trabajo de los servicios secretos correrían peligro.

El atentado de Madrid del 11 de marzo de 2004, que con 192 muertos y 2050 heridos ha sido hasta la fecha el peor acto terrorista acaecido en Europa, hizo tambalear a todo el continente y se sintió con especial intensidad en Gran Bretaña. El atentado en España fue llevado a cabo por opositores a la guerra de Irak en señal de lo erróneo del camino tomado. En Gran Bretaña crecía el miedo a que un acto similar pudiera suceder en el país. No en vano, igual que España, Gran Bretaña se había colocado del lado de los defensores de la guerra en Irak y de la lucha contra el terrorismo.

Tras los atentados de Madrid, Gran Bretaña de debate entre el endurecimiento de las leyes y el respeto a los derechos fundamentales. ¡Siga leyendo!

Viento en contra

Las voces que reclamaban medidas concretas contra el terrorismo se hicieron más fuertes tras los atentados de Madrid. Sin embargo, los Law Lords, la comisión de justicia de la Cámara Alta británica, se pronunciaron en contra de la retención de nueve sospechosos de terrorismo que gracias a la ATCSA estaban encarcelados sin cargos. Los Law Lords hicieron uso de su derecho a veto con la justificación de que el procedimiento iba en contra de la Ley y de lo estipulado en la Convención Europea de los Derechos Humanos. Blair reaccionó presentando una nueva ley para prevenir el terrorismo.

Sobre la base de la ATCSA se construyó la Ley a la que los Law Lords mostraron su resistencia. El ministro del Interior, que entretanto era Charles Clarke, recibía a través de ella competencias mayores en todo lo relacionado con supuestos terroristas. La Ley permitía a Clarke aprobar "detenciones de control", lo que en la práctica suponía someter a los sospechosos a arresto domiciliario. Al mismo tiempo, el acceso a la red de telefonía móvil y de Internet podía restringirse y todo visitante debía anunciar su llegada para que el control de los servicios secretos fuera completo.

La Ley Preventiva encontró muchos críticos entre las filas de la oposición. Finalmente tuvo que ser aprobada con numerosos cambios y se debió incluir una cláusula que obligaba a revisar el documento pasado un año (en febrero de 2006, el ministro del Interior consideró que la revisión era innecesaria y quedó así postergada hasta 2007). Blair defendió la Ley argumentando que la protección del país ante la amenaza del terrorismo era la prioridad del Gobierno. Todo lo demás, incluido la defensa de los derechos fundamentales, era una cuestión secundaria.

El terrorismo llega a la isla

Las elevadas medidas de seguridad no pudieron evitar que el 7 de julio de 2005 Londres cayera víctima del terrorismo. En un atentado suicida morían 52 personas y más de 700 resultaban heridas. La amenaza se hacía así real, también en Gran Bretaña. El país tenía de una vez la prueba indiscutible de no ser inmune al terror. De nuevo se pedía un endurecimiento de las leyes antiterroristas y la consecuencia fue la aprobación en 2006 de la altamente controvertida Terrorism Act.

La nueva Ley incluía delitos antes no estipulados, como la simpatía con el terrorismo o la exaltación del mismo. Y delitos ya existentes fueron ampliados. El punto más debatido de la nueva Ley fue el aumento del tiempo que un sospechoso podía permanecer en cautiverio sin que se presentaran cargos en su contra que, según los planes del Gobierno británico, debía pasar de 14 a 90 días. Por primera vez, Tony Blair tuvo que aceptar una derrota en la Cámara Baja: el periodo para las detenciones sin acusación se quedó en 28 días.

Las autoridades británicas han confesado haber evitado desde el 11 de septiembre decenas de atentados, cuatro sólo en el pasado año. El Gobierno asegura que gracias a la nueva legislación y a la ampliación de las competencias de las fuerzas de seguridad e instancias gubernamentales, Gran Bretaña se ha convertido en un lugar más seguro. Grupos pro derechos humanos y defensores del ciudadano se preguntan si la reducción de los derechos individuales no es un precio excesivo por el aumento de la seguridad. Pero por otro lado, según las encuestas, el 73% de los británicos estaría dispuesto a renunciar a parte de sus derechos a cambio de más seguridad.