Hoy, cuando el Estado de derecho parece haberse consolidado en los países suramericanos que hasta la década de los ochenta se hallaban bajo el yugo de dictaduras militares, nadie quiere aguar la fiesta oreando malos augurios. Pero desde hace algún tiempo se viene advirtiendo que el fin de las tiranías castrenses en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay debe ser conmemorado sin bajar la guardia, vigilando que a las Fuerzas Armadas no se les atribuya un protagonismo desmesurado que ponga en riesgo la institucionalidad democrática.

En Argentina y Paraguay, las Fuerzas Armadas no gozan de la posición privilegiada que alguna vez ostentaron; en el caso argentino, eso se debe a lo sangrienta que fue la dictadura militar y a las circunstancias que condujeron a su colapso. “En Paraguay, el poder que tienen los militares contrasta con el que tienen en otros lugares, no porque sean más democráticos, sino porque su ámbito de influencia es menor”, asegura Thomas Otter, investigador de la Universidad Georg August de Gotinga, residenciado en Bolivia, en entrevista con Deutsche Welle.

“Los problemas a los que se enfrentan son distintos: en Paraguay hay menos tráfico de drogas y los índices de criminalidad son más bajos que en los países vecinos”, explica Otter, mencionando áreas de competencia más bien propias de la policía. Peter Altekrüger, subdirector del Instituto Iberoamericano de Berlín, disiente; este conocedor de la historia paraguaya del siglo XX está convencido de que, pese a lo reducido de su tamaño y su presupuesto, la castrense es la única institución en Paraguay con capacidad para encarar la amenaza real de los carteles de la droga y otras organizaciones criminales que están armadas hasta los dientes.

El Ejército, ¿la nueva policía?

“¿Quién se les va a enfrentar sino el Ejército, cuando los policías están tan mal apertrechados?”, dice Altekrüger, subrayando que una de las máximas de la democracia paraguaya ha sido la de “fortalecer el rol civil de las Fuerzas Armadas”. Justamente por eso cabe preguntar en qué forma se ha dado el creciente involucramiento de los militares en la vida ciudadana, no solamente en Paraguay. Para algunos analistas políticos, el camino que han tomado las relaciones cívico-militares en buena parte de Suramérica es motivo de razonable preocupación.

“En el pasado, en momentos de crisis, no pocos ciudadanos soñaban con que el Ejército diera un golpe de Estado para restaurar el orden. Pero ahora es en el marco de la institucionalidad democrática que se recurre a los militares a fin de reforzar la seguridad en el ámbito interno. Aunque los oficiales de las Fuerzas Armadas ya no asumen el poder político ni tampoco intervienen por iniciativa propia como lo hacían antes,  el solo hecho de que ciertos Gobiernos apelen a los militares en lugar de a la policía para resolver conflictos internos del país es un serio problema”, sostiene Claudia Zilla, investigadora de la Fundación Ciencia y Política (SWP) de Berlín.

La candidez con que el Ejército brasileño declara que la pérdida de vidas inocentes es inevitable en la “guerra” contra los narcotraficantes en las favelas de Río de Janeiro, la violenta represión de las manifestaciones del movimiento social mapuche por parte de la policía militar chilena y otros excesos, a los que los militares parecen condenados por su formación cuando se avocan a tareas que no les corresponden, evidencian lo que está en juego cuando se aborda esta materia.

El riesgo de los excesos militares y la falta de controles civiles

En un análisis publicado en diciembre de 2010, Zilla señalaba además que, en Uruguay, el predominio de militares por sobre los civiles en la directiva del Ministerio de Defensa compromete el control público del estamento castrense; una situación que sólo se ve compensada por la existencia en el Parlamento uruguayo de una comisión para asuntos de seguridad que tiene injerencia sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Instancias de control similares existen en Argentina y Chile también, aunque no todas las fuentes de ingresos del Ejército chileno están sujetas al escrutinio del Poder Legislativo.

“Pero sería muy fácil decir que los militares son los culpables del actual estado de cosas; en la mayoría de los casos, es un Gobierno democrático el que decide concentrar tanto poder en las manos de las Fuerzas Armadas y entrar en una relación de dependencia tan asimétrica”, aclara Zilla, enfatizando la importancia de que se establezca una definición mucho más precisa de las funciones del Ejército y se refuercen los controles cívico-democráticos sobre él; objetivos que sólo pueden alcanzarse si los Gobiernos promueven sin tapujos una política de seguridad más abarcadora y transparente.

Autor:  Evan Romero-Castillo
Editora: Mirjam Gehrke