"Nosotros como víctimas del conflicto armado en Colombia todavía seguimos esperando el retorno de nuestros familiares desaparecidos. Desde hace años, décadas y meses seguimos esperando que los culpables de la desaparición nos den una voz que nos diga en dónde están nuestros seres queridos, ¿qué pasó con ellos?”, dice a DW Olguín Mayorga, vicepresidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado (ANVIRCAC). 

Una experiencia que el jurista Olguín Mayorga ha vivido a lo largo de 20 años de desplazamiento y revictimización. Su ONG aún intenta convocar a los 10 millones de víctimas  del conflicto armado en Colombia a unirse en torno a la misma causa: "Reparación integral, vivienda digna, ayuda humanitaria, educación, empleo y el derecho a elegir y ser elegidos como representantes de las víctimas”.

Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, en los últimos 63 años, en Colombia ha habido 80.674 víctimas de desaparición forzada: el 98.45% han sido civiles, y el 1,53% combatientes. Los crímenes son atribuidos a paramilitares, guerrillas y a agentes del Estado.

A estas cifras se suman unos 60 jóvenes desaparecidos durante el estallido social en Colombia en mayo de 2021, según Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad e integrante de la Mesa de Trabajo y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

La amenaza y el desarraigo impiden la organización

"Reclamar la verdad puede costar la vida, como lo demuestra el asesinato de cientos de líderes sociales y ambientales”, advierte Mayorga a DW, cuya familia ha sido desplazada dos veces. Explica que "justamente esta es una de las razones que impiden a las víctimas organizarse, o sencillamente ponerse de acuerdo para reclamar la verdad, hacer valer sus derechos fundamentales o fundar un partido político”.

Las desapariciones tienen lugar en América Latina por las más diversas razones y en medio de los más complejos conflictos: "La guerra entre grupos de narcotraficantes que dominan regiones enteras, como en México; la lucha a muerte entre maras que no respetan ningún código social, como en El Salvador; el acoso de las Fuerzas Armadas de un país como Venezuela contra civiles cuyos nombres han sacado de listas de votantes por la oposición, o en Colombia, un país en donde durante más de medio siglo y en medio del fuego entre guerrillas, paramilitares y Ejército han desaparecido más de 80 mil personas, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)”, dice a DW una representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desde Ginebra. Reitera que "las condiciones en las que la desaparición forzada tiene lugar, son las mismas que impiden que los familiares puedan organizarse y reclamar sus derechos vulnerados”.

"Si nosotrxs les buscamos, ¿el Estado en dónde está?"

"En México, los familiares de los desaparecidos también nos sentimos huérfanos porque el Gobierno, en cambio de ayudarnos, dicta leyes regresivas para las víctimas”, dice a DW una portavoz del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que agrupa a unos 60 colectivos de familiares de México y tres países de Centroamérica, respaldados por 40 ONG.

"Si nosotrxs les buscamos, ¿el Estado en dónde está?”, es el lema de la asociación que le exige al gobierno la implementación de la Ley General de Víctimas del 2 de enero de 2018. El MNDM calcula que en México hay más de 90 mil personas desaparecidas y 50 mil cadáveres sin identificar en las morgues del país.

Los organismos internacionales, la tabla de salvación

A menudo, la tabla de salvación de las víctimas y sus familiares son algunas ONG locales u organismos internacionales como la Cruz Roja, ACNUR o la CIDH, como instancia jurídica.

La oficina de Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llama la atención sobre los muertos no identificados y desaparecidos entre el más de millón de migrantes que cada año cruza la ruta desde el Tapón del Darién a través de Centroamérica hasta México, cuyos propios familiares han huido por otras rutas o hacia otros destinos, no menos peligrosos.

Con la campaña "Doy la Cara por Ellos” ACNUR busca visibilizar el problema del desplazamiento forzado, los migrantes y a quienes desaparecen durante la huida. "Para la Unión Europea es importante crear conciencia sobre esta crisis”, dice a DW Liesbeth Schockaert, Asistente Técnica para América Central y México del departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria.

Profunda desconfianza en sus propios gobiernos y Estados

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, atiende el problema con la ayuda del "Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, que auxilia a las familias a determinar la suerte o el paradero de los familiares desaparecidos. "En nuestra calidad de agente humanitario, el Grupo de Trabajo sirve, por una parte, de vía de comunicación entre los familiares de las víctimas de desaparición forzada y otros denunciantes y, por otra, entre estas y los Gobiernos”, dice el equipo en la página de la ONU.

La desconfianza de las víctimas en los entes gubernamentales es parte de la vulnerabilidad de quienes reclaman la verdad ante órganos oficiales. A menudo, sus familiares han desaparecido por la decisión de un funcionario, un político o la acción de un militar. "Hasta estas palabras que hablo con DW me pueden poner en riesgo”, advierte Olguín Mayorga, que critica "la inoperancia y desidia del ente oficial colombiano Unidad de Víctimas y del ejecutivo que, hasta el día de hoy, no ha cumplido a cabalidad con la indemnización y ha impedido la representación de las víctimas en el Congreso, a pesar de estar estipulado en el Acuerdo de Paz”.

(er)