La Cumbre de la OEA concluye con un plan de ruta para renovar la estrategia de drogas en la región, después de debatir en torno a un reporte solicitado por la Cumbre de la OEA, en Colombia en 2012. Dicho reporte fue elaborado por 56 especialistas, entre ellos, el catedrático uruguayo Edgardo Buscaglia.

“Este reporte no fue llamado jamás a hacer recomendaciones de un lado o del otro, sino a brindar un recuento de opciones de política pública. El problema era la ausencia de datos sobre el impacto de las diferentes políticas públicas que se están implementando dentro del marco de la ONU. Esa falta de datos sobre los efectos de legalizar la producción de drogas limita las opciones que se pueden presentar de manera responsable ante presidentes”, afirma Buscaglia en entrevista con Deutsche Welle.

No se esperaba un anuncio espectacular sobre cómo enfrentar el desafío de las drogas en los debates de los jefes diplomáticos de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunidos en una Asamblea General en Antigua, Guatemala. Lo que quedó claro fue la división de intenciones. Por lo menos unos 14 países se pronunciaron a favor de una legalización de las drogas; el resto se pronunció en contra.

Tendencia a la discriminalización del consumo

“El reporte da cuenta de que los países están marchando hacia una descriminalización del consumo de drogas blandas, o de drogas en general psicoactivas. Pero el consumo se define de manera diferente en cada país”, afirma Buscaglia. El experto advierte que hay criterios administrativos y legislaciones diferentes. “La diversidad es muy grande, y las convenciones de la ONU que fueron redactadas y aprobadas hace décadas generan una camisa de fuerza que no permite que los países se pongan a legalizar la producción. Aún cuando un presidente dijera ‘lo voy a hacer', estaría violando las convenciones de la ONU”, explica.

Buscaglia recuerda la creatividad de la administración del presidente José Mujica, en Uruguay, que envió al Congreso un proyecto para legalizar la producción de marihuana y dejar su producción como monopolio en manos del Estado. “No es compatible con algunos de los artículos de las convenciones de la ONU, que solamente permiten la producción de psicoactivos cuando hay fines medicinales”.

Pese a la poca convergencia entre los países latinoamericanos en cuanto a regulaciones, la tendencia es la despenalización al consumo. “La despenalización del consumo de drogas psicoactivas es incontenible. Va a suceder paulatinamente, con definiciones de consumo diferentes de país a país, y con drogas también diferentes. No se puede tratar el consumo de la heroína de la misma manera en que se trata el de la marihuana”, añade el experto, que también advierte sobre el problema que provoca la falta de convergencia entre los sistemas regulatorios de los diferentes países.

“En el caso de países limítrofes con sistemas regulatorios diferentes, lo que sucede es que la gente se traslada hacia las ciudades, donde hay una regulación más permisiva, y eso provoca una demanda excedente, que termina siendo abastecida por la delincuencia organizada”, dice, y recuerda el caso holandés, en donde las demandas excedentes son abastecidas por grupos criminales.

¿Recursos para la salud pública?

Otro tema muy importante en el reporte es el de la salud pública. “Esta cuestión es esencial en el debate”, afirma el experto Günther Maihold, que dirige la cátedra Humboldt en el Colegio de México. Para el experto, una despenalización al consumo implicaría una enorme inversión en salud pública. “No vemos por ningún lado los recursos para asumir realmente un compromiso fuerte que otorgue la asistencia necesaria a las personas que tienen una dependencia”, afirma Maihold. Además, señala la problemática del consumo en Estados Unidos:“El debate con el país del norte es cambiar el enfoque tradicional, que se centra solamente en la oferta. Falta el compromiso de Estados Unidos y de otros países para asumir también el problema de la demanda y la atención médica que necesitan las personas narcodependientes”.

Buscaglia teme la falta de recursos en los países del sur. “Esa es mi preocupación. En México, y en Centroamérica -con excepciones, como Costa Rica- tenemos a países que no pueden siquiera regular el acceso a Paracetamol. Cuando hay Estados que ni siquiera pueden regular el consumo y la venta de aspirinas, no se puede pretender simplemente legalizar, pensando que porque existe una norma la realidad va a cambiar. Eso se llama fetichismo normativista", subraya el experto.

Solicitada por DW, la comisionada para las drogas del Gobierno alemán, Mechthild Dyckmans, saludó a través de un comunicado el intenso y amplio debate en el seno de la OEA en torno a la política de drogas, y destacó su interés particular en el planteamiento sobre salud pública que muchos países han asumido como parte integral de su estrategia.

“Desde mi punto de vista, esta estrategia sólo puede ser exitosa si se adoptan al mismo tiempo medidas para reducir la oferta y el consumo, pero el enfoque sanitario debe tener la misma prioridad que el de seguridad”. Dyckmans explicó la necesidad de fortalecer medidas de prevención, de asesoramiento, tratamiento, rehabilitación y limitación de daños, cuya línea directriz debe ser la defensa de los Derechos Humanos. “Durante mis recientes conversaciones con representantes de Ecuador, Bolivia y Perú he señalizado que estamos dispuestos a intensificar la cooperación”.

Autora: Eva Usi

Editora: Cristina Papaleo