“La dictadura militar argentina fue la más sangrienta del siglo pasado, no sólo en la Argentina, sino en toda América Latina. Massera fue, como miembro de la Junta Militar, desde el inicio de la dictadura una de las figuras decisivas de la misma”, explica el abogado alemán Wolfgang Kaleck, secretario general del “European Center for Constitutional and Human Rights” (ECCHR) y autor del libro Lucha contra la impunidad: militares argentinos ante la Justicia, en conversación con DEUTSCHE WELLE.

Carrera contra el tiempo

“La lucha contra la impunidad en Argentina tiene dos caras: por un lado, los acusados vivieron impunemente tanto tiempo que pudieron llegar a muy viejos. Por el otro lado, se pudo finalmente juzgar a algunos de ellos. Pero, va a volver a pasar muchas veces que represores conocidos se mueran antes de ser condenados”, opina el experto alemán.

Aunque este hecho, ciertamente, puede resultar frustrante, sobre todo para activistas por los Derechos Humanos, Kaleck destaca que “el éxito o fracaso de una organización de DDHH no puede depender de que un acusado reciba una alta pena de cárcel y cumpla realmente su condena. Lo que importa es que haya quedado en claro que esta persona será responsabilizada jurídicamente hasta el final de su vida, por los crímenes cometidos durante la dictadura militar”.

Wolfgang Kaleck admite que “es muy difícil aceptar que la justicia sea tan lenta y compleja y que haya sólo dos alternativas: o se hace como en Irak con Sadam Hussein y se aplica directamente la pena de muerte - pero ésta no es, evidentemente, la manera de reestablecer el Estado de Derecho en un sistema jurídico que se guía por los Derechos Humanos - o la otra alternativa es que también los peores criminales, que también un Massera, tenga el derecho a defenderse. Y esto insume mucho tiempo. Es por esto que la elaboración y superación del pasado no puede ocurrir únicamente en las salas del juzgado, sino también en otros ámbitos”.

Massera ante la justicia

El antiguo almirante había sido condenado en 1985, durante el Juicio a las Juntas, a cadena perpetua, por asesinato, aplicaciones de tormentos, robos y secuestros, entre varios otros cargos. Pero, a finales de 1990, quedó en libertad nuevamente, gracias al indulto del entonces presidente Carlos Menem. Ocho años más tarde fue detenido por una causa por robo de bebés a víctimas de la dictadura militar. Por razones de salud, Massera, que tenía en aquel entonces 73 años, fue beneficiado con el arresto domiciliario. En 2001 se ordenó una nueva detención del ex-almirante por la apropiación de propiedades de desaparecidos. Un año más tarde, Massera sufre un derrame cerebral, teniendo que ser internado en el Hospital Naval. Finalmente, en el 2005 la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, reabriendo así centenares de causas, incluyendo la de Emilio Eduardo Massera.

“Hay que ser realista, la justicia penal no va a poder juzgar a todos los implicados por todas las violaciones cometidas. Pero, Massera fue juzgado por una parte de sus crímenes. Y por la otra parte de los crímenes cometidos, tuvo que acudir ante el juez todos estos años. Está bien que haya sido así. Esto deber ser visto como un logro del movimiento por los DDHH.”, afirma Kaleck.

Compleja situación social y humana

Según Wolfgang Kaleck, la impunidad de las últimas dos, casi tres décadas, tuvo por consecuencia que ahora haya que enfrentar de un modo racional una situación irracional y muy emocional. Su tarea, como jurista especializado en DDHH y conocedor de la justicia penal, consiste en explicar el funcionamiento del sistema, para no despertar expectativas demasiado altas en la sociedad. Pero, asimismo, debe hablar con sus clientes, con las víctimas y sus familiares, para transmitirles expectativas realistas.

El especialista alemán coincide con organizaciones, como Madres de Plaza de Mayo, que exigen que se aceleren los procesos jurídicos contra los demás represores de la dictadura. Sin embargo, destaca que “hay que acelerar los juicios, pero no a costa de los principios del Estado de Derecho” y añade “la Justicia argentina tiene que trabajar más rápido. Pero, para ello tiene que disponer de los medios necesarios, tener suficientes jueces y encontrar soluciones adecuadas a determinadas preguntas”.

Wolfgang Kaleck no se atreve a pronosticar si en el futuro inmediato la Justicia argentina dispondrá realmente de los medios para trabajar con mayor efectividad. Pero, incluso ante un posible cambio de Gobierno en Argentina el año próximo, concluye: “Por un lado, hay que hacer todo lo posible en Argentina para mantener esa presión, para que se concluyan las causas abiertas. Y por el otro lado, para nosotros en Europa, esto significa reconocer que todo lo que está ocurriendo en Argentina, ocurre también en nuestro interés.”

Autora: Valeria Risi

Editora: Emilia Rojas-Sasse