“Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015”, dice un boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional fechado el 14 de abril de 2016. Según el mismo documento, el Ejército mexicano se enteró el pasado 10 de diciembre de 2015 de los mismos “hechos”, es decir, de que dos oficiales de dichas fuerzas armadas habían participado junto con un policía federal en la tortura de una mujer acusada de secuestro y acopio de armas en el municipio de Ajuchitán del Progreso, estado de Guerrero. El delito fue grabado en video y, un año y medio más tarde, difundido en las redes sociales.

Los militares implicados, un capitán y una mujer con el rango de Soldado Policía Militar, fueron detenidos el 5 de enero de 2016 por la Procuraduría General de Justicia Militar. Seis días después, el 11 de enero, se les dictó auto de formal prisión y desde entonces se encuentran sujetos a proceso acusados de desobediencia según se define en el Código de Justicia Militar. Además, la PGR investiga los presuntos delitos de orden civil, según declaró al diario Milenio el procurador General de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez.

A raíz de este caso, el secretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos Zepeda, realizó un gesto que muchos califican como inédito en la historia de las fuerzas armadas mexicanas. El general convocó el pasado 16 de abril a cerca de 30,000 elementos del ejército mexicano, ante los cuales emitió una disculpa “a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”.

Gesto tardío

“Que se tenga noticia, es la primera vez que un secretario de Defensa ofrece disculpas por actos de tortura por parte de alguno de los elementos del Ejército. Es importante que haya sucedido y marca, en ese sentido, una diferencia importante frente a cómo ha respondido el mando castrense frente a casos similares”, apunta Carlos Pérez Ricart, quien realiza investigaciones sobre temas relacionados con la seguridad en México en la Universidad Libre de Berlín.

Aún así, la disculpa llega tarde, dice Pérez Ricart a DW. “El Ejército conocía la denuncia desde enero de 2016. No obstante, solo hasta que se publicó el video se hizo un reconocimiento formal de la intervención de militares en ese caso particular. ¿Qué ha cambiado? ¿Los medios de divulgaciones de información? ¿La actitud de los mandos militares frente a los derechos humanos? La respuesta está por verse“, señala el investigador. Por su parte, Raymundo Rivapalacio, uno de los columnistas mexicanos más influyentes, afirmó en una columna del diario El Financiero que la reacción del gobierno mexicano "sucedió como consecuencia directa de la llamada de atención que le dieron a Enrique Peña Nieto en dos de las principales capitales del mundo: Washington y Berlín."

En su entrevista con Milenio, el Procurador General de Justicia Militar de México destacó que desde 2007, el ejército mexicano ha canalizado 229 casos de tortura a la justicia civil; es decir, a la Procuraduría General de la República. En cuanto a la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, dijo que tres militares permanecen en prisión acusados de homicidio, sujetos a proceso federal.

Pero, ¿es suficiente la respuesta del Ejército ante los casos de violación a los derechos humanos a cargo de elementos del ejército? Pérez Ricart opina que hacen falta mayores avances. “El ejército debería permitir que tribunales civiles juzguen la totalidad de los casos en que fuerzas militares están involucradas en casos de violación a los derechos humanos”, dice a DW. “La reforma al fuero militar en México está aún sin completarse; ello ha permito que los militares sigan disfrutando enclaves de poder poco saludables en una sociedad que se pretende plural.”