Cientos de miles de jóvenes en Colombia volvieron a las calles el 28 de abril de 2021 para protestar contra la propuesta – y luego fracasada – reforma tributaria del Gobierno del entonces presidente Iván Duque.

El asesinato de Santiago Murillo, de 19 años, que murió el 1° de mayo de 2021, víctima de una bala que policías le dispararon al tórax, desató la ira y la violencia, en medio de una protesta masiva que, en un principio, había sido pacífica. Al final, la ONG Temblores registró "5808 casos de violencia policial, incluídos 80 asesinatos, 47 violaciones sexuales, 103 mutilaciones oculares y 66 casos de montajes judiciales".

Unos 300 jóvenes habrían sido encarcelados. Algunos condenados, según la Fiscalía General de la Nación, por "secuestro, tortura u homicidio" de por lo menos dos agentes de la Policía.

Se necesita reconciliación, pero por la vía legal

"El estallido social fue una crisis profunda de la sociedad colombiana, que necesita estrategias de reconciliación, más allá de la aplicación rigurosa del derecho penal en tiempos de normalidad", señala a DW el jurista Rodrigo Uprimny, autor del libro "Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia".

Tras la aprobación de la Ley 2272 del 2022, o de "la Paz Total”, el Gobierno de Gustavo Petro quedó habilitado para negociar con grupos armados y crear mecanismos para la paz como política de Estado. En ese marco, Petro anunció que "jóvenes detenidos por acciones cometidas durante las movilizaciones sociales serán nombrados 'voceros o gestores de paz' y serán suspendidas sus órdenes de captura".

No hay vínculos con la mesa de negociación con el ELN

"De entre los jóvenes encarcelados, fue una minoría la que cometió delitos graves, y estos no están contemplados dentro de la propuesta de gestores de paz", explica a DW el sociólogo y asesor de paz Luis Eduardo Celis, así como aclara que "ninguno de los posibles nuevos gestores de paz va a estar relacionado con la mesa de negociaciones con el ELN".

El decreto emitido por el Gobierno para definir las condiciones en las que se llevaría a cabo la propuesta es considerado por críticos como "anticonstitucional”.

El profesor Rodrigo Uprimny hace tres críticas fundamentales a la propuesta gubernamental. La primera, es que "es equivocado usar la figura del gestor de paz, hecha realmente para que guerrilleros o criminales pudieran salir de la cárcel, cuando justamente los jóvenes encarcelados durante las protestas han dicho que no tienen vínculo alguno con organizaciones criminales".

Por su parte, el senador independiente Humberto de la Calle, indica que "dicha ley solo permite la suspensión de órdenes de captura. Y los militantes de la Primera Línea están imputados o condenados, luego, no aplica, por cuanto el problema no es su captura”. De la Calle, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, advirtió, además, en entrevista con DW, que "de allí sí se podrían derivar consideraciones constitucionales sobre la separación de poderes, porque la capacidad del Ejecutivo de incidir en decisiones de la Justicia es excepcional y limitada".

La segunda crítica de Rodrigo Uprimny al decreto de Petro es su vaguedad, porque "la ley no dice de que quién serán voceros los jóvenes, ni cuáles van a ser sus labores”. El profesor Uprimny recuerda que "en un Estado de Derecho, las condiciones de privación de la libertad, pero también de liberación, deben estar definidas en la Constitución y en la ley" y pone de presente que mientras el presidente de Estados Unidos tiene la facultad abierta de indultar a condenados/as, en Colombia esta no existe, a no ser que se incluya una ley específica en la Constitución, por lo que un simple decreto no es admisible.

Es más, agrega el jurista: no en vano la Constitución considera que el indulto que "es un tema tan sensible que no puede quedar a discreción del Ejecutivo”.

La Constitución ofrece una solución legal

En ese mismo contexto, el senador De la Calle dice que la excarcelación en el caso de Colombia "se restringe a los delitos políticos, debido a que las decisiones desde el Ejecutivo frente a la Justicia atañen a la división de poderes, del respeto a los jueces”, por lo que De la Calle, quien fuera Jefe del Equipo Negociador con las FARC, no descarta que se presenten demandas por inconstitucionalidad.

El profesor Uprimny, cofundador de Dejusticia, está de acuerdo con De la Calle y considera que, en efecto, "el decreto es "inconstitucional, y debiera regresar al Congreso”. El ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, ha hecho frente a las críticas explicando en Twitter que "los gestores de paz, una vez hecha su labor, regresarán a la cárcel y los procesos permanecerán intactos".

Con lo que Uprimny arriva a la tercera crítica: "¿Acaso la idea no era encontrar una salida jurídica para los jóvenes?", pregunta el experto, por lo cual considera que "el Gobierno distorsiona la figura del gestor de paz”.

¿Cuál sería la salida? Uprimny insta al Gobierno de Gustavo Petro a "tomar el toro por los cuernos y volver al Congreso a decirle ‘necesitamos una ley para enfrentar los legados negativos del estallido social”. Una salida para la que Colombia dispone de una solución legal, según Uprimny: "La Constitución y una ley, con sus debidos ajustes, pueden hacer posible la aplicación del principio de oportunidad, junto con mecanismos de justicia restaurativa”.

En el diario El Tiempo, el Presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz, lanza una certera advertencia: "En las democracias, son los jueces los que tienen la última palabra en las decisiones sobre libertades procesales”.

En Chile, la idea no prosperó, ¿lo hará en Colombia, y por el camino correcto?

(cp)