“Las trenzas, que las tenía largas, fueron cortadas con cuchillo. Mi madre fue amordazada y abusada sexualmente por militares”, cuenta Juana Calfunao, de la comunidad mapuche Juan Paillalef. Como lonko, autoridad ancestral del pueblo mapuche, vino a una conferencia en el Parlamento Europeo –la primera sobre el tema- para denunciar acoso y genocidio contra su pueblo. “Fui atada de pies y manos por carabineros, me quitaron la ropa y me orinaron encima”, cuenta. ¿Qué había hecho? “Sólo defender nuestras tierras, el derecho a la vida”, afirma en conversación con DW.

15 años de cárcel por desorden público

En un informe avalado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, se explica que Calfunao y su esposo en 2005 bloquearon un camino que cruza ilegalmente su comunidad, usurpándoles 10.000 metros cuadrados de terreno. En el año 1999, representantes de intereses en los bosques aledaños habían comenzado el hostigamiento. “Tres veces fue quemada mi casa, tres veces la volví a hacer”, cuenta la lonko.

Según el informe, la noche de su encarcelamiento, Calfunao presentaba lesiones.La investigación contra las fuerzas policiales nunca tuvo lugar. En los últimos seis años, su esposo, su hijo y ella han pasado varios períodos de encarcelamiento. En uno de ellos se pretendía que su marido, por otro bloqueo, cumpliera una pena de 15 años.

“En Chile, el pueblo mapuche está considerado como un peligro”, cuenta Maria Railaf, forzada al exilio junto con su familia a la edad de tres años. Desde Holanda, la joven mapuche-holandesa investiga y difunde la causa de esta nación indígena dentro de un Estado que, al parecer, no los protege. Así, la lonko habla, por ejemplo, de Michele Bachelet, como “la ex presidenta de los chilenos; no la mía personal, yo soy mapuche”.

Aplicación de ley anti-terrorista

“Por incendio se multa a un ciudadano chileno; a un mapuche se lo condena a diez años de cárcel. A militares que durante la dictadura cometieron actos de lesa humanidad, se los ha condenado a cuatro años”, cuenta por su parte Jimena Reyes, abogada especializada en derechos humanos. La ley antiterrorista, que entró en vigor en la época de Augusto Pinochet sigue en vigencia –y a pesar de la insistencia de organismos internacionales- sigue siendo aplicada. “El problema es que en esa ley el terrorismo está definido muy ampliamente”, dice Reyes. En este momento, hay 147 mapuches presos; 40 de ellos están acusados de terrorismo. 26, en huelga de hambre.

Si bien los mapuches son una minoría de cultura y lengua diferente, en el fondo hay un problema territorial. Los historiadores ven probados los derechos a las tierras al sur del río Biobío por cédulas aprobadas por la corona española al final de la época colonial. No obstante, los enfrentamientos de los activistas mapuches no son por la defensa de grandes extensiones, explica Reyes, sino por violaciones y usurpamientos de pequeñas parcelas que les fueron otorgadas legalmente en tiempos de la reforma agraria. La dictadura pinochetista, en parte se las quitó. Y ahora son empresas las que se las quitan.

El precio de la ética

“Para los mapuches, el problema es el Estado chileno”, dice el europarlamentario Oriol Junqueras, de la bancada de Los Verdes; añadiendo: “pero el problema son los recursos, la lucha por los precios energéticos”. Chile, unido a la UE por un acuerdo de asociación tiene excelentes relaciones comerciales con el bloque europeo. Y aunque siempre se vuelve a insistir en que tales acuerdos tienen también un aspecto de diálogo político –en donde hay un capítulo de derechos humanos-, cuando se trata de defender intereses, dice Junqueras, “la Unión Europea no es especialmente ética. Pero los hay peores, China por ejemplo. Con los precios energéticos al alza, la competencia es dura. Y entonces el precio de la ética es insoportable”.

¿Quiere decir esto que no hay nada que hacer? No. “La Unión Europea puede hacer mucho, porque es el primer mercado consumidor del mundo, con más de 500 millones de consumidores; por tanto tiene una capacidad de negociación extraordinaria con cualquier otro agente económico internacional. Otra cuestión es que la UE quiera aprovechar esta fuerza que tiene”, dice el parlamentario a DW.

Una carta de europarlamentarios

Con todo, por la penúltima huelga de hambre de los mapuches –en septiembre de 2010-, en una carta abierta al presidente Sebastián Piñera y a la representación de Chile ante la UE, un grupo de parlamentarios europeos de diferentes fracciones pedían que no se considere como terroristas a personas que han participado en la protesta social, que se reforme la ley antiterrorista, que se desmilitaricen las regiones mapuches, que se les de acceso a la justicia ordinaria.

Pero la reforma se hace esperar y los juicios a los mapuches, así Reyes, se siguen haciendo con testigos sin rostro, sin pruebas. Y otra vez, ¿qué puede hacer la UE? La lonko mapuche responde: “que no envíe a sus empresas a dañar nuestras tierras, nuestra vida”. A la misma pregunta, los activistas por derechos humanos responden: enfocar el problema, ponerlo a discusión en las instancias de diálogo político, enviar observadores para que los mapuches tengan, si no tierras, por lo menos juicios justos.

Autora: Mirra Banchón
Editor: Enrique López