"Llevo ya tres horas en este tráfico y todavía voy por la mitad”, se queja por la ventanilla uno de los conductores que trata de cruzar el puente fronterizo Santa Fe, en Ciudad Juárez, un paso que antes se hacía en apenas una hora. La reducción de los agentes aduaneros estadounidenses (CBP) ha provocado el cierre de algunos carriles y la consecuente ralentización del paso de vehículos. También la unión de transportistas de esa región norteña, en Chihuahua, se quejó por las demoras que los retenes migratorios han ocasionado en la carretera que une la capital del estado con Ciudad Juárez.

La solidaridad con la que los juarenses recibieron a los migrantes de la caravana a finales del pasado año ha virado hacia un creciente rechazo. "Al principio les llevábamos comida, los apoyamos. Pero encima se quejaban de esa comida, de las condiciones en los albergues. Sobre todo sucedió con los cubanos, que se ponían sus moños (se ponían exigentes)”, comenta una periodista local que prefiere guardar su identidad.

Este malestar ante el incremento de migrantes derivó en varias marchas de protesta contra ellos y un notable estallido en redes sociales. Como sucede en muchas partes del mundo, una porción de la ciudadanía los culpó por el aumento de la delincuencia, aunque las cifras no lo justifiquen.

Las palabras del secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Ricardo Realivázquez, reflejan esas acusaciones infundadas. "La migración es algo que afecta a la población. Hemos detectado en las últimas fechas la detención de migrantes en posesión de drogas y armas de fuego (...) Son escasas tres situaciones de este tipo, no podemos decir que aumentó la inseguridad por el tema de migrantes, pero claro que afecta”, afirma a DW sobre la que fuera la quinta urbe más violenta del mundo el año pasado.

Apoyo a la militarización fronteriza

Ante este clima y percepción de inseguridad, la mayoría de los juarenses apoya el despliegue de la Guardia Nacional, que no sólo actúa en labores migratorias sino también en apoyo a operativos contra el crimen organizado. "Está bien que pongan más militares, aquí hay un chingo (mucha) de violencia. Y que paren a los migrantes, porque no necesitamos que vengan más, ya tenemos bastantes problemas”, se queja Rosalía Ibáñez, una de las comerciantes del centro de la ciudad.

El alcalde del municipio, Héctor Armando Cabada, respalda esta afirmación. "La población está de acuerdo (con el despliegue). Ayuda a bajar índices de violencia. Nunca será suficiente (su presencia), pero creemos que se está atendiendo de una manera mucho más seria. Distinto a cuando llegó la primera caravana en que se les dio muchas facilidades a los migrantes”, dice a DW.

Las cifras, sin embargo, indican lo contrario. Cuando el ejército desembarcó en Ciudad Juárez en marzo de 2009 para atender la acuciante crisis de violencia, los homicidios disminuyeron un 67 por ciento y 10 por ciento en los dos primeros meses, pero en el sexto se contabilizaron 300 asesinatos, un 40 por ciento más que antes de su llegada.

Asimismo, el experto en seguridad Alejandro Hope indica que el apoyo al ejército se reduce considerablemente cuando entra en contacto con la población. "Los militares son la fuerza pública con mayor índice de popularidad (a diferencia de los diferentes cuerpos policiales). Sin embargo, como se vio en Ciudad Juárez en 2009, al actuar entre la población ese respaldo cayó del 70-80 por ciento al 30-40 por ciento debido a los abusos y prácticas que se cometieron”, indica el analista a DW. Pero al parecer los juarenses han pasado página de aquel episodio de su historia reciente y han aprobado una militarización que de momento se encuentra en su primera etapa.

Hermetismo de la actuación en la frontera

"No grabes mientras comemos” o "no grabes ahora que hay mucha basura” son algunas de las indicaciones recurrentes que suele dar la Guardia Nacional a los periodistas en el bordo que separa Ciudad Juárez de El Paso, Texas. Las autoridades mexicanas guardan un especial secretismo en cuanto a los detalles del despliegue fronterizo, así como sobre la actuación del Instituto Nacional de Migración (INM). Ese hermetismo abre numerosas interrogantes sobre los  cambiantes protocolos, operatividad y cifras, tan dinámicos como la propia frontera norte, y que suelen contrastar con la agenda oficial que marca el Ejecutivo desde Ciudad de México.

El lunes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció el despliegue de 15 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte y 26 mil en total para todas las zonas fronterizas. No obstante, en Ciudad Juárez, uno de los pasos de la frontera norte con más cruces ilegales, la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a cerca de 100 mil migrantes entre octubre y abril, intentos de ingreso que fueron en aumento hasta las 860 detenciones de abril y mayo.

Un despliegue a medias

El comandante Domínguez, uno de los encargados de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, asegura a DW que en el turno matutino tiene desplegados a 100 efectivos que abarcan los cerca de 30 kilómetros de valla urbana, desde Zaragoza hasta Anapra. Es decir, un policía militar cada 300 metros. Más allá de los lindes de la ciudad, el efectivo no sabría decir si existe vigilancia. Según el mismo oficial, en total hay 300 efectivos de la policía militar que ejercen como guardias nacionales en labores fronterizas, a los que se suman otros 300 miembros de la Policía Federal. "Dicen que la semana entrante envían otros 1.000 agentes, pero lo dudo”, indica Domínguez sobre un supuesto despliegue que todavía no alcanza la magnitud anunciada.

"Es una situación complicada poder cubrir la frontera en su totalidad. Es poco personal que se tiene para eso”, comenta Realivázquez a DW, quien añade que ante esa falta de efectivos la policía municipal también apoya a la Guardia Nacional en el patrullaje fronterizo con unos 120 agentes a lo largo del día. Los guardias nacionales deben doblar turnos de un promedio de 12 horas diarias (un día 8 horas y el siguiente 16) para cubrir toda la jornada.

Pese a las dificultades para blindar esa extensa frontera, la cantidad de intentos de cruce ilegal en ese punto se ha reducido a la mitad, de 800 a 400, desde el inicio del despliegue hace dos semanas, según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense compartidos por autoridades locales. El reforzamiento del control ha tenido un efecto disuasorio en esta zona. En las seis horas que recorrió la frontera, DW observó solo a una decena de migrantes que habían logrado saltar al lado estadounidense y otros cinco interceptados por la Guardia Nacional. Cifras mínimas en comparación con meses anteriores en los que los cruces eran masivos.

Confuso protocolo de actuación

La forma de frenar el flujo migratorio todavía genera confusión. El comandante Domínguez es uno de los oficiales que detuvo a un grupo de mujeres nicaragüenses el pasado viernes. Unas imágenes que causaron polémica por el posible exceso de fuerza. Los agentes "no tienen la orden de detener a migrantes que tratan de cruzar el río Bravo”, manifestó el propio López Obrador tras su publicación. "Vamos a revisar el caso, no es esa nuestra función (evitar el cruce). Puede ser que haya excesos (...) Legalmente sí (pueden asegurar indocumentados), pero no es un asunto legal, hay que respetar los derechos humanos”, añadió.

Sin embargo, la orden que llegó a Domínguez fue distinta. "Me dijeron que el problema no era que las hubiésemos agarrado, el problema fue que íbamos con armas en ese momento”, explica. Desde entonces, para evitar esas escenas, un par de efectivos van desarmados e identificados con chalecos naranja en cada destacamento de la Guardia Nacional y son los encargados de llevar a cabo las aprehensiones. El resto de las unidades porta las armas habituales para cualquier operativo de la policía militar: fusiles de asalto y una pistola de 9mm. En ningún caso hacen uso de ese armamento para disuadir a los migrantes.

En ese sentido, también se desconocen los protocolos de actuación para "asegurar” –eufemismo utilizado por las autoridades para detener– a los migrantes en pleno intento de cruzar el límite fronterizo. Tras la puesta en marcha de la Patrulla Fronteriza mexicana en 2014, los Grupos Beta, se lanzó una normativa en que se prohibía a dichos efectivos perseguir a los migrantes que huían corriendo, ya que algunas de esas persecuciones terminaban en la muerte accidental de migrantes cuando intentaban escapar.

No obstante, como revelaron las fotografías del viernes pasado, esta práctica se vuelve a repetir. Domínguez defiende que ellos tratan de "rescatar a los migrantes para evitar que arriesguen sus vidas”. Pero, el río Bravo no tiene agua en ese punto fronterizo de Ciudad Juárez, por lo que el cruce es totalmente seguro.

Una Guardia Nacional improvisada

Pese a los reiterados anuncios de la Cancillería mexicana de enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera tras el acuerdo con Washington, formalmente ese cuerpo ni siquiera se ha constituido como tal, pues la primera generación concluirá su capacitación este 30 de junio. De momento, el patrullaje lo realizan policías militares que portan brazaletes con las siglas GN (Guardia Nacional) y policías federales que todavía no han recibido sus insignias.

La mayoría de los policías militares desplegados en esa frontera y que conformarán la Guardia Nacional se alistaron por obligación, reconoce el comandante Domínguez. Esto debido al fracaso de la convocatoria para que civiles ingresaran a la Guardia Nacional: tan sólo se presentaron seis solicitudes, según una investigación de la revista Proceso. "A casi todos nos enviaron obligados, de un momento al otro, venimos de todas partes de México. Si no cumplimos, nos pueden sancionar por desacato”, cuenta el oficial.

Asimismo, las condiciones para integrarse a la nueva Guardia Nacional tampoco son idóneas. Un policía militar cobra alrededor de 7.500 pesos mensuales. Un sueldo que aumentará en unos 4.000 pesos al entrar a la Guardia Nacional, según calcula Domínguez. Sin embargo, se eliminan sus años de antigüedad, por lo que a fin de cuentas no resulta rentable.

Compleja coordinación

Ese despliegue fronterizo del lado mexicano está coordinado junto al del lado texano. La Patrulla Fronteriza estadounidense se ha reunido en varias ocasiones con autoridades locales para evaluar resultados. Los agentes mantienen comunicación para repartirse las áreas de vigilancia, según indica un agente de la policía militar a DW.

Menos fluida ha resultado la coordinación entre el ejército y la Policía Federal, según el mismo oficial. "Ahorita la relación está bien. Antes existían muchos roces entre corporaciones, pero gracias a las nuevas coordinaciones que se tienen de los altos mandos, pues hemos empezado a trabajar de la mano. Había roces en la manera de actuar. Los militares no tenemos los mismos reglamentos, las mismas funciones, no nos entendíamos”, admite.

Una falta de entendimiento que también expresa uno de los policías federales que patrullan ese bordo: "Todavía hay mala coordinación, esto va para largo. Ellos están preparados para la guerra, actúan con fuerza, no para trabajar junto a la ciudadanía, y eso nos deja mal a todos”. Los federales de esa unidad se refugian en su vehículo de los 40 ° C de ese desierto. Otros buscan la sombra entre los arbustos para cubrirse del abrasante sol.

La mayoría de los federales apostados en este punto también han sido enviados por obligación. "Nos realizan pruebas físicas, nos ponen a correr, y los que están gorditos los mandan con la Migración. Es como un castigo”, cuenta el policía tercero, que prefiere patrullar las calles que achicharrarse bajo el incesante calor.

A esas condiciones se suma el malestar por las últimas declaraciones del recién nombrado comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, que tildó de "fifís” a los policías federales destinados a la frontera por haberse quejado de las pésimas prestaciones de alojamiento y alimentación que recibían debido a la falta de planeación de su traslado. "Han generado molestia esas palabras. Se supone que era un hombre educado y sale con esas”, se queja el federal.

La improvisación y la falta de detalles sobre ese despliegue, así como la contradicción en las instrucciones, al menos de cara a la prensa y la opinión pública, pone en cuestión la actuación de los militares y policías que conforman una Guardia Nacional que ahora realiza las funciones de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Todo ello a contrarreloj ante el plazo de 45 días que estableció el presidente Donald Trump para lograr unos resultados que sólo él tendrá la potestad de validar como suficientes o no. (rr)

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