Durante la negociación previa a la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la sociedad civil del país sudamericano no jugó un papel decisivo; algunos de sus representantes fueron testigos de las conversaciones en Cuba, pero no protagonistas. Por eso es tan importante que ahora la ciudadanía tenga una voz fuerte, no sólo el próximo 2 de octubre, cuando votará a favor o en contra del pacto de La Habana, sino sobre todo después.

Y es que, exceptuando a los beneficiarios del longevo conflicto armado, a todos los colombianos les interesa llegar a un consenso que ponga fin a la violencia. Dada la complejidad de la materia, expertos opinan que el convenio alcanzado por los portavoces del Ejecutivo de Santos y de las FARC no podía sino ser imperfecto, insatisfactorio en mayor o menor grado para todas las partes afectadas. Pero, ¿qué tan dispuestos están los ciudadanos a hacer concesiones en las urnas y qué tan preparados para proponer mejores opciones?

“Por un lado percibo poco entusiasmo de cara al acuerdo de paz. Muchos están cansados de oír promesas y de abrigar expectativas incumplidas, o sienten un enorme resentimiento hacia las FARC, o simpatizan con quienes satanizan el convenio de La Habana, o se acostumbraron, en cierta medida, a vivir rodeados de violencia; ese fenómeno recibe el nombre de ‘naturalización del conflicto',” explica Cletus Gregor Barié, quien vivió varios años en Colombia asesorando a organizaciones para el fomento de la paz, como CERCAPAZ.

Aunque gane el “no”

“Por otra parte, abundan las iniciativas que quieren contribuir a ponerle fin al estado de aislamiento en que se ha visto sumida Colombia debido a su guerra civil. Y sus impulsores se sienten animados a participar en el proceso de pacificación nacional, votando a favor del pacto de La Habana, pero también independientemente de los resultados del referendo del 2 de octubre”, acota Barié, quien produjo un documental junto a Alexander Preuss sobre activistas que luchan contra las causas, no los síntomas, de la violencia en el país.

“Sin la participación de la sociedad civil no va a haber paz en Colombia. Para que el pacto de paz tenga éxito son imprescindibles la promoción de la reconciliación nacional, la búsqueda del equilibrio a la hora de considerar los intereses de los protagonistas del conflicto armado y de sus víctimas, y la coordinación de esfuerzos para hacer viable el perdón y la reinserción social de los guerrilleros, entre otras cosas”, señala Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín.

“Esos procesos dependen de que la sociedad civil se involucre activamente en ellos”, agrega el especialista, admitiendo que eso no será tarea fácil. “La violencia en Colombia destruyó vidas, desbarató el tejido de numerosas familias y también las relaciones de confianza que hacen posible la cohesión social. De ahí la necesidad de que, aparte de votar, se debata pública y sistemáticamente sobre el acuerdo al que llegaron las FARC y el Estado colombiano. El plebiscito es sólo el comienzo de una historia larga”, dice Maihold.

“Los colombianos deberán estar atentos”

“El asunto deberá ser tratado a escala nacional y comunal, no sólo por funcionarios estatales, sino también por organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que estimulen y demanden el compromiso de la ciudadanía”, comenta el politólogo berlinés. A sus ojos, de apoyar el convenio suscrito por las FARC, la sociedad civil deberá estar tan pendiente como la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya de que la llamada “Justicia de transición” colombiana llegue a veredictos claros en lapsos razonables.

“La CPI sólo interviene cuando el sistema judicial de un Estado no puede castigar las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio. Con los procesos judiciales transitorios, el Estado colombiano ha creado un instrumento innovador. Ahora está por verse si ese mecanismo funciona más allá de la teoría y le permite, tanto a los imputados como a sus víctimas, presentar sus posiciones. No deja de ser problemático que la infraestructura de esta Justicia de transición aún esté por erigirse. Eso toma tiempo”, aclara Maihold.

“Los colombianos deberán estar atentos a que no se incurra de facto en una denegación del derecho a la audiencia jurídica por la simple razón de que los juicios tardan en desarrollarse y las víctimas no tienen chance de articular sus demandas debidamente. La Fiscalía, que está procesando la información de los casos, ya es objeto de escrutinio público porque diversos actores políticos no quieren que las fuerzas de seguridad del Estado sean enjuiciadas por los mismos magistrados que enjuician a los subversivos y los guerrilleros, como está contemplado en el acuerdo de paz. Allí hay material explosivo suficiente para el debate público”, asegura Maihold.