El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 24 de mayo la intención de denunciar al Estado colombiano ante Naciones Unidas por "incumplimiento del Acuerdo de Paz”, asegurando que dicho pacto entre el Estado y las extintas FARC  permitiría convocar una nueva constituyente.

Una insólita declaración que ha provocado reacciones de rechazo, desconcierto y hasta de temor: "Usar el Acuerdo de Paz para convocar una constituyente es un absurdo", indicó rápidamente el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz.

En La Habana nunca se planteó una constituyente

"Lo cierto es que el Acuerdo de La Habana en ningún momento planteó aprobar una Constituyente”, acota en DW la jurista Liliana Estupiñán Achury, vicepresidenta de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial (Rinde). "En La Habana se plantearon reformas políticas, pero nunca se planteó una convocatoria nacional constituyente”, reitera, por su parte, el sociólogo Eduardo Pizarro, quien califica de "error” de Petro "buscar una salida por la puerta falsa, dada su debilidad para adelantar reformas por vía parlamentaria, como le corresponde, queriendo convocar a una Asamblea Constituyente”.

El Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, es un compromiso nacional para ejecutar una reforma rural integral, ampliar la apertura democrática, acabar el conflicto, solucionar el problema de las drogas ilícitas y reparar a las víctimas. Puntos a implementarse en el marco de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, garantizando los derechos humanos.

Lo que el Acuerdo de Paz necesita es ejecución

Pero ¿hace acaso falta algo para poder cumplir a cabalidad el Acuerdo de Paz? "Ya las principales reformas legislativas y constitucionales fueron aprobadas en 2017 y 2018, así que la esencia del Acuerdo de Paz no requiere ni siquiera de reformas legales sustantivas, sino de medidas ejecutivas, por lo que no existen obstáculos constitucionales que impidan su implementación”, respone a DW de Rodrigo Uprimny, investigador y profesor de la Universidad Nacional. Además, le recuerda al Gobierno de Colombia que basta con ejecutar su propio Plan de Desarrollo, ya aprobado como ley.

En la realidad, destaca Rodrigo Uprimny, "Gustavo Petro no cuenta con las mayorías en el Congreso, como tampoco con las fuerzas políticas y sociales para lograr ese cambio por fuera de la Constitución”.

El vergonzante "déficit de implementación" de dos gobiernos

La profesora Estupiñán considera que, aún conociendo la voluntad de paz de Petro, se trata del reconocimiento de la gigantesca culpa con la que cargan el actual Gobierno (2022-2026) y el anterior de Iván Duque (2018-2022), responsables de un "déficit de implementación” que la ONG Indepaz y la Defensoría del Pueblo ponen en escandalosas cifras: desde 2016 han sido asesinados unos 1.364 líderes y lideresas sociales. Y en solo 5 meses de 2024 van 10 firmantes de paz asesinados, así como 70 líderes sociales, y se han registrado 24 masacres (promedio de 3 personas) y 35 eventos de desplazamiento. Una vergüenza nacional que "no se resuelve con una constituyente sino con verdadero compromiso con la agenda de paz saboteada”, sentencia la profesora Estupiñán Achury, miembro de la Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina.

"Cretinismo jurídico": haz una ley y el problema se arreglará

Por otra parte, Eduardo Pizarro, sociólogo y ex embajador de Colombia ante Países Bajos, dice a DW que el presidente de Colombia está cayendo en el vicio latinoamericano del "cretinismo jurídico”, el cual radica en "creer que cambiando la Constitución se cambia la realidad”. El analista sospecha que el ELN - en negociaciones de paz - estaría presionando al Gobierno de Petro por una constituyente y concluye que no es la Constitución la que se tiene que adaptar a esa guerrilla, sino ésta a la Constitución.

Proponer una constituyente en tiempos de extrema polarización preocupa a muchos ciudadanos en Colombia, entre ellos a la constitucionalista Liliana Estupiñán, que ha investigado los dos intentos fallidos de consensuar una Constitución en Chile. A la investigadora colombiana le preocupa además el "cierre de filas”, tanto en torno al petrismo como en torno a la ultraderecha en la oposición en Colombia. Una postura que podría inducir a "contrareformas” y derivar en "antidemocracia”. Estupiñán Achury advierte a DW que las tentativas de Petro pueden degenerar en un "constitucionalismo abusivo o autoritario - contradictorio en sí - pero aún enmarcado dentro de la democracia, y puede resultar dañándola”. La analista enfatiza que todo intento de convocar o instalar una constituyente tiene que pasar por el Congreso, aparte de que "todo cambio de Constitución impulsado por un solo partido o movimiento político es tremendamente antidemocrático”.

La Constitución del 91 "une a los colombianos”

La conclusión de la experta y los expertos consultados por DW es unánime: el problema no es que la Constitución vigente en Colombia no sirva, lo que falta es la implementación del Acuerdo de Paz.

El profesor Rodrigo Uprimny, que dice seguir apoyando muchas propuestas del Gobierno, insiste en que es "un error garrafal de Gustavo Petro querer cambiar la Constitución", idea que considera "innecesaria, improvisada, inoportuna, contradictoria, ambigua y riesgosa”.

El sociólogo agrega que la Constitución de 1991 es aceptada por la gran mayoría de los colombianos, y recuerda que "Petro no fue electo para convocar una constituyente”. Por eso, "cualquier tentativa de invocar un etéreo poder constituyente por fuera de los procedimientos constitucionales sería simplemente una ruptura antidemocrática”. Eso sería un ataque a la moderna Constitución de 1991, según Uprimny, que la considera "una de las pocas cosas que hoy nos unen a los colombianos”.

(ers)