Christian Pfeiffer es director del Instituto de Investigaciones de Criminológicas de Baja Sajonia. Por encargo de la Iglesia Católica, fue director de un proyecto de investigación sobre casos de abusos por parte de los sacerdotes. Cuando exigió más transparencia con los informes, la Iglesia rescindió su contrato a principios de 2013.

DW: Sr. Pfeiffer, las Naciones Unidas exigieron a la Iglesia Católica que se distanciase de los sacerdotes sospechosos por miles de casos de abusos sexuales. ¿Qué piensa de esta iniciativa de la ONU y cuán realista es que termine con éxito?

Christian Pfeifer: Creo que las Naciones Unidas tienen razón. A través de las investigaciones que comenzamos, y que luego tuvimos que abandonar, descubrimos que hace años, durante las décadas de los 50, 60 y 70, muchos de los sacerdotes pudieron continuar trabajando en distintos “cargos”. Fueron trasladados pero no siempre se les condenó. Hoy en día es distinto. Actualmente, cuando un sacerdote comete abusos pierde su trabajo y se le condena en base al Derecho Canónico, además de recibir una condena de las instituciones del Estado. Hubo un cambio, pero si miramos a casos del pasado, aún hay mucho que aclarar. Por eso creo que está plenamente justificado que las Naciones Unidas exijan a la Iglesia que trabaje con reglas claras en todo el mundo

En años anteriores hubo un gran eco mediático sobre este caso de abusos, pero como usted describe, al parecer no fue suficiente para mostrar el alcance de estos escándalos.

La Iglesia tenía intención de hacerlo. El proyecto que nosotros comenzamos estaba destinado a analizar casos de abusos desde 1945 hasta ahora. Pero pronto descubrimos que había ciertas barreras y que, en muchos casos, los informes no contenían los archivos originales. Había desaparecido mucho material y no había transparencia sobre cómo acceder a los expedientes para esclarecer completamente los casos a través de nuestra investigación.

Cuando lo advertimos llegó el despido. Entretanto, la Iglesia aprendió y ahora está a punto de negociar un nuevo informe de investigación con otros colegas. Todavía no se publicó quiénes serán los encargados. Pero sí nombraron un consejo compuesto también por renombrados colegas, que investigarán a la Iglesia al detalle. Lo que pasó con nosotros, amenaza de censura y similares, no podrá existir en un futuro. Por eso apoyo la tendencia del informe de la ONU, de que la Iglesia está aprendiendo de sus fallos. También en Alemania.

La iglesia aprende de sus fallos pero lo que ha descrito significa que el delito original tuvo consecuencias, por ejemplo… ¿a través de copartícipes que eliminaron los archivos?

No son copartícipes. Se trata de Derecho Canónico y ésa es una consideración problemática. Según ese derecho, en caso de expedientes de sacerdotes fallecidos y en otros casos donde el acto se produjo hace más de 10 años la iglesia tiene que eliminar la parte del informe que describe lo que pasó. Ahora, debería preocuparse de adaptar esos procedimientos a sus buenas intenciones para que se pueda esclarecer cómo se trataban a los autores de casos de abusos en las décadas de los 50, 60 y 70.

Pero eso sí significa que se pueden manipular expedientes de forma diferente. ¿O se eliminan automáticamente todos los informes de casos de sacerdotes que cometieron estos delitos o hayan muerto?

No. Al parecer la mayoría no se han eliminado. Pero nunca hubo transparencia a la hora de saber en qué medida se han eliminado y si es posible esclarecer los casos. Estoy seguro de que nuestros sucesores volverán a exigirlo, tendrán esa transparencia y será posible esclarecer los delitos del pasado. Entonces se podrá decir con certeza si hay sacerdotes que permanecieron en el cargo a pesar de haber cometido el delito y cuántos de los desplazados de su cargo volvieron a cometerlo. Todos estos pecados del pasado han de ser investigados abiertamente. Ahora sólo se puede hacer con ciertos límites. Quedará claro hasta dónde se puede llegar si la nueva investigación es pública y logramos hacernos una idea de qué cantidad de archivos fueron destruídos y no se pueden investigar más.

¿No hay forma legal para obligar a la Iglesia a que publique sus informes?

Si la Iglesia se hubiese comprometido con los investigadores a hacerla a través de un contrato, podrían haberse aplicado consecuencias jurídicas. Con nosotros no lo hizo. Ahora decidirá si lo hará y cómo se contemplará en el nuevo contrato y si, en su caso, nuestros sucesores podrían emprender una demanda parar recibir los informes. Así sería factible. Si no, todo quedaría en manos del Derecho Canónico y nadie podría obligar a la Iglesia a hacer ciertas cosas o abstenerse de ellas.

¿Tampoco la fiscalía del Estado?

No. Mientras la Iglesia cumpla con las obligaciones a las que se comprometió hace 12 años, a través de las cuales ha de comunicar a la fiscalía lo que sabe de los abusos por parte de sus sacerdotes, la fiscalía podrá iniciar sus investigaciones sin necesidad de archivos eclesiásticos. Eso se está haciendo correctamente. Sin embargo, para la investigación también es decisivo lo que pasó con los archivos desde 1945 hasta el presente. Saber si están a nuestra plena disposición y qué parte de los archivos originales fue destruida. Eso no lo puedo juzgar puesto que esa información nos fue negada en otoño de 2012 y luego llegó el despido.