La Justicia llama a declarar al padre y al hermano de Macri
11 de diciembre de 2018
Ambos están entre los veinte empresarios y cargos públicos llamados a declarar hoy en la causa de los 'cuadernos de las coimas'. El padre del presidente argentino, sin embargo, se encuentra impedido.
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El juez Claudio Bonadio citó este lunes (10.12.2018) a declarar al empresario Franco Macri y a su hijo Gianfranco, padre y hermano del presidente de Argentina, Mauricio Macri, en el marco del caso de los 'cuadernos de las coimas', que investiga una presunta red de sobornos entre altos cargos de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) y el mundo empresarial para lograr contratos de obras públicas.
Los dos deberán presentarse el próximo jueves para prestar declaración sobre el presunto pago de sobornos en la concesión vial del Acceso Norte y Autopistas del Sol (de las que los Macri fueron titulares hasta 2017), dos de las principales carreteras por peaje de acceso a Buenos Aires. Sin embargo, según su entorno familiar, Franco Macri, de 87 años de edad, no se encuentra en condiciones ni siquiera de mantener una conversación. Desde febrero, cuando fue ingresado por una fractura de cadera, su estado de salud es delicado y su deterioro mental lo mantiene bajo cuidados paliativos en su casa.
También fue convocado nuevamente a declarar Julio de Vido, ministro de Planificación durante los gobiernos kirchneristas, quien tenía bajo su órbita las obras públicas y las concesiones de servicios y que se encuentra detenido desde finales de 2017. En total, la lista de citados a prestar declaración indagatoria abarca a una veintena de directivos de empresas vinculadas a las concesiones viales. Entre los imputados en el caso, abierto a principios de agosto, se encuentra también ya Ángelo Calcaterra, primo de Macri.
Mientras tanto, la gobernante fuerza Propuesta Republicana (PRO) del presidente Macri hizo hoy balance de los tres años de su líder al frente del Gobierno argentino y se mostró unidad de cara a los comicios generales de 2019. "Es bueno pararse en los aniversarios y usarlos como excusa para hacer balance. Sin duda, fue un camino difícil, pero cuando uno se detiene a mirar hacia atrás, 1.095 días para cambiar los últimos años, parece poco para que se vea lo enorme del cambio", afirmó María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
lgc (efe/clarín)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.