Esteban Cuya es coordinador de la Koalition gegen Straflosigkeit, la Coalición contra la Impunidad, una organización que lucha desde 1998 por que se aclaren los casos de desapariciones de ciudadanos alemanes y víctimas germanas de la dictadura argentina. Los derechos humanos son su especialidad y también el caso de Perú lo conoce bien.

Después de que la Corte Suprema considerara probada la implicación del ex jefe de Gobierno peruano, Alberto Fujimori, en la matanza de 25 personas y lo condenara a permanecer un cuarto de siglo en prisión, Deutsche Welle conversó con Cuya.

Deutsche Welle: 25 años de cárcel para Alberto Fijimori, ¿son una pena justa?

Esteban Cuya: Hablar de una pena justa es muy difícil. Alberto Fujimori ha sido responsable de ordenar homicidios masivos y la vida de una persona no se puede reparar con 25 o 50 años de cárcel. Es una pena tipificada por las leyes peruanas. La sanción es merecida, es a lo mínimo a lo que se le podía condenar, pero la vida humana no tiene precio.

¿Se cierra con esta sentencia un capítulo de la historia de Perú?

No lo creo. Los delitos contra los derechos humanos cometidos en el Perú antes de Fujimori y durante su periodo de gobierno son delitos tan graves que, como nos demuestra la experiencia de otros países, van a tener que pasar varias generaciones hasta que se pueda alcanzar una paz social.

En España han pasado más de 70 años y los nietos de los muertos durante la Guerra Civil o de los asesinados por la tiranía del franquismo todavía siguen buscando respuestas que les ayuden a comprender lo que les sucedió a sus abuelos. En Argentina, en Chile… han transcurrido 30 años y aún hay demandas de justicia, demandas de verdad.

En el caso del Perú, el proceso ha sido muy rápido, pero yo no diría que se cierra una etapa. Más bien se está abriendo una nueva en la que se facilita a las víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia.

¿Le seguirán a ésta más sentencias?

Yo espero que sí y creo que sí, porque los delitos de Fujimori no han sido sólo estos casos paradigmáticos por los que se le ha condenado ahora, sino que hay más acusaciones de homicidio múltiple que deben ser investigadas.

Perú tiene que encontrar un camino, conjuntamente con Chile, que fue el país que autorizó la extradición de Fujimori partiendo de la base de determinados crímenes que en su día fueron reclamados por Perú, pero no abarcaban todas las acusaciones que pesan sobre Fujimori.

Yo tengo la esperanza de que la justicia peruana continúe cumpliendo con lo establece la ley y honrando el compromiso de combatir las violaciones de los derechos humanos que Perú ha adquirido con las Naciones Unidas y con la comunidad internacional.

¿Qué consecuencias podría tener la condena de Fujimori para Alan García?

Para Alan García ésta es una llamada de atención muy severa. Ya hay instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reclaman una investigación independiente de delitos cometidos durante el primer gobierno de Alan García como, por ejemplo, el asesinato de unas 300 personas en las cárceles del Perú, en el Frontón, en el Callao y otras prisiones.

Existen evidencias de posible responsabilidad penal de Alan García en estos casos, pero eso lo tienen que decidir los jueces y es importante que el presidente demuestre que respeta la independencia del poder judicial a la que el Perú le viene concediendo tanta relevancia desde la transición a la democracia. Si Alan García no es culpable, no tiene nada que temer.

La condena contra Fujimori, ¿un precedente para otros juicios contra ex presidentes y dictadores y contra otras guerras sucias? ¡Siga leyendo!

Perú no es el único país con un oscuro pasado que ha logrado establecer una democracia y, sin embargo, parece llevar el proceso de revisión de lo acontecido mejor que otros, ¿cuál es secreto?

Perú ha aprendido mucho de las experiencias de las comisiones de la verdad, de las comisiones investigadoras que se crearon anteriormente en otros lugares: primero en Chile, después en Argentina, y más tarde en San Salvador, Guatemala, Haití y otros países. El Perú ha podido capitalizar y evitar los errores que se cometieron en otras etapas de transición a la democracia. Errores como no identificar a los culpables de crímenes contra los derechos humanos porque eso pondría en peligro el proceso de reestablecimiento de la democracia.

Otro factor, en mi opinión muy importante, es que ninguno de los gobiernos de transición tenía un compromiso político arreglado de perdonar o dejar en la impunidad. La transición a la democracia fue lograda por la lucha del pueblo peruano y no por medio de acuerdos políticos. Y, además, al haber un vacío de poder (Fujimori abandonó el cargo en el año 2000, presionado por las acusaciones que pesaban sobre él), los Ejecutivos tanto de Paniagua como de Toledo pudieron aprovechar muy pronto los casos de corrupción existentes para mandar a la cárcel a muchos altos militares, de tal forma que el ejército quedó sin posibilidades de perpetuarse, de reproducir su forma de manipular los poderes civiles.

Ex presidentes y ex dictadores susceptibles de sentarse en el banquillo de los acusados hay más de uno en América Latina, ¿podría esta condena sentar un precedente?

Naturalmente, toda decisión en el ámbito del derecho penal, a nivel nacional o internacional, sienta un precedente jurídico muy importante que puede ser retomado en otras instancias. Y, efectivamente, aquí en Alemania, el Tribunal de Núremberg está solicitando la extradición del ex presidente argentino general Jorge Videla por los asesinatos de los ciudadanos alemanes Elisabeth Käsemann y Klaus Zieschank durante la dictadura militar.

El modo de proceder de la sala especial penal de la Corte Suprema del Perú, con sede en Lima, que juzgó a Fujimori debería incitar a la justicia argentina a cumplir ella también con sus compromisos internacionales de castigar los delitos de lesa humanidad. Lo mismo sirve para Guatemala.

¿Y podría sentar este caso un precedente en el esclarecimiento futuro de otras guerras sucias latinoamericanas?

Efectivamente, esta sentencia contra el ex presidente del Perú debe ser una llamada de atención a los otros gobiernos latinoamericanos en el sentido de que, si existe violencia interior en un país, si existe una guerra civil, la respuesta del Estado ha de ser acorde a lo que establece la ley. Esto puede aplicarse al caso de Colombia, donde se presentan como éxitos militares los asesinatos de muchos inocentes.

No es posible que un Estado responda a la violencia terrorista con una mayor violencia. El combate a la subversión tiene que desarrollarse en el marco de lo que establece el derecho de cada país, y no creo que ni la tortura, ni el asesinato estén permitidos por las leyes de los actuales Estados en América Latina.

Autora: Luna Bolívar Manaut

Editora: Mirra Banchón Ramírez