La lucha contra los paraísos fiscales comenzó ya en 1998 con el intento de crear una lista de países cuyas leyes fiscales no correspondieran a las de la competencia leal, promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Muy pronto hubo protestas de países miembros como Suiza, Austria, Bélgica y Luxemburgo, que veían peligrar su secreto bancario, pero que cedieron un poco luego de que se accediera a reducir las demandas.

Pero en 2005, cuando se aprobó la ley europea de impuestos a los intereses, esos cuatro países opusieron más resistencia, y con éxito: en lugar de la amplia transmisión de datos sobre inversores extranjeros a sus países de origen, como se había planeado, lograron imponer que se pudiera aplicar una “retención en origen” sobre los beneficios del capital. Es decir que el objetivo de lograr transparencia en el intercambio de información acerca del pago de impuestos quedó en el camino.

Presión debido a la crisis económica

No fue sino hasta el pleno desarrollo de la crisis financiera internacional, en 2009, que se logró generar una nueva dinámica en la lucha conjunta contra la evasión fiscal. Las arcas estatales necesitaban llenarse nuevamente, ya que sufrían bajo la carga del rescate bancario. La amenaza de una nueva “lista negra” de la OCDE de países no cooperativos hizo que los paraísos fiscales europeos, como Liechtenstein, Andorra y Mónaco, al menos relajaran su estricto secreto bancario.

Fin del secreto bancario

El 29 de octubre de 2014, 51 países abolieron prácticamente el secreto bancario. Firmaron un acuerdo basado en estándares de la OCDE. Otros cien países no lo firmaron, pero apoyaron las medidas contenidas en el tratado. Entre los firmantes se encuentran centros financieros importantes como Suiza, Liechtenstein y Singapur, así como varias islas del Caribe y del Canal (de la Mancha), tradicionalmente hogar de empresas con ventajas fiscales.

Panamá y EE. UU. eluden las normas

Panamá no aceptó los estándares de la OCDE, así como tampoco lo hizo EE: UU. “Al principio, Panamá estaba dispuesto a participar”, cita Der Spiegel online al experto en asuntos impositivos alemán Markus Meinzer, del Tax Justice Network. “Pero se echó atrás cuando vio que EE. UU. no participaba”. En el acuerdo, los firmantes se comprometen a informarse mutuamente sobre cuentas privadas en el extranjero. Ese intercambio automático de datos ayudaría a simplificar la tarea de las autoridades fiscales de controlar el flujo de capitales hacia el extranjero, para así poner freno a la evasión impositiva.

Cerrar los agujeros fiscales

Actualmente también se activó un plan de acción de los países industrializados para cerrar los agujeros fiscales a los grupos empresarios internacionales. A mitades de enero, representantes de más de 30 países firmaron un primer acuerdo detallado. Según él, los grupos empresarios deben informar sobre sus negocios y ganancias en los diferentes países en los que operan. El objetivo es que esas compañías paguen impuestos en todos los países de manera adecuada. Ese concepto también surgió de la OCDE, que se refirió a un “hito” luego de la firma con la perspectiva de la puesta en práctica de la iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, o Erosión de la base imponible y traslado de beneficios), es decir, las estrategias contra la reducción de las ganancias y el traslado de capitales por parte de las empresas.

Desde el verano de 2015 rige la cuarta normativa contra lavado de dinero de la Unión Europea, cuyo objetivo es impedir la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. En principio, se trata de verificar datos precisos y actuales sobre personas que poseen una cuenta bancaria. Para combatir el lavado de capitales, el Ministerio alemán de Finanzas estudia actualmente imponer también un límite a los pagos al contado, lo cual, considerando especialmente la protección de datos de ciudadanos sin antecedentes penales, es un controvertido tema de debate en Alemania.