La larga recuperación de las tierras indígenas en Costa Rica
Judit Alonso
26 de enero de 2021
Indígenas de Costa Rica intentan reapropiarse de territorios que pertenecieron a sus antepasados.
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Han pasado décadas desde que el gobierno costarricense garantizó a los pueblos originarios del país que recuperarían sus tierras. Entretanto, estos se reagrupan por su cuenta y lleven a cabo reapropiaciones de territorios que un día fueran suyos y que actualmente están en manos de ganaderos.
"Tenemos documentación desde 1940-1956, donde los mayores reclamaban que los colonos se les estaban metiendo a las tierras y le pedían al gobierno que resolviera lo más pronto el derecho a la tierra porque lo estaba perdiendo”, explica en entrevista con DW Pablo Sibar, integrante del Consejo de Mayores de los Brörán, en Térraba (Costa Rica). "Es la organización que representa a los indígenas que hacemos los procesos de lucha sobre la tierra”, explica.
Sibar es miembro de la comunidad brörán, un pueblo originario costarricense, con apenas 600 miembros, que lucha por conseguir que las tierras de sus ancestros vuelvan a ser suyas. "En Costa Rica hay 24 territorios indígenas en 8 culturas, pero el territorio Térraba son 9.355 hectáreas y el 80% está en manos de no indígenas”, recalca.
Responde desde una finca recuperada. "Soy parte de la recuperadora. Acá somos 16 familias compuestas por 100 personas que no teníamos nada, no teníamos dónde sembrar”. "Llegamos a las cuatro de la mañana, nos instalamos en la finca e hicimos un comunicado diciendo que la finca estaba recuperada por la por vía de hecho y que la persona que usurpaba la tierra tenía un tiempo prudencial para sacar todo lo que le pertenecía a él y que la tierra nos pertenecía a nosotros”, recuerda.
"Los peones, a petición del usurpador, decían que tenían que sacarnos y fueron momentos muy violentos. Pusimos una demanda por usurpación ante el juzgado de penal y él también nos demandó al juzgado penal; se la rechazaron pero acudió al juzgado agrario y ahí todavía no se ha resuelto”, relata.
Lamenta la situación en la que se encuentran. "Cuando entramos a esta finca no había ni un solo árbol, había pasto. Hoy, tres años después es muy interesante porque han comenzado a llegar animales y nosotros tenemos seguridad alimentaria, aquí producimos nuestros alimentos”, explica. "Los pueblos indígenas no tenemos dónde cultivar y los finqueros tienen las tierras solo para ganado”, critica.
Aunque por el momento pueden permanecer ahí, su futuro es incierto. "El 6 de enero de 2019, el juez ordenó el desalojo. Apelamos y teníamos el juicio el 14 de diciembre 2020, pero lo suspendieron y no sabemos cuándo lo van a programar”, lamenta.
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Un conflicto sin resolver
En 1956 se designó la Reserva Indígena de Boruca-Térraba mediante un decreto. Por otro lado, “la Ley Indígena de 1977 dice que a los que tenían algún derecho sobre las tierras, el Estado tiene que indemnizarlos, expropiarlos o reubicarlos. Hasta el día de hoy el finquero no ha demostrado tener derechos antes de la ley”, recalca, recordando que “el Estado reconoció bajo decreto que estas tierras le pertenecían al pueblo Brörán”.
Sibar subraya que en el marco de la Ley de 1977, “el Estado dice que las tierras serán regidas por las comunidades indígenas y sus estructuras comunitarias, o las leyes de la República”. En 1982, se aprobó un decreto sobre la representación legal de las Comunidades Indígenas por las asociaciones de desarrollo y como gobierno local. “Ahí empezó todo el problema”, considera Sibar, recordando que la de Térraba se creó en 1975.
”Esta asociación era la que iba a recuperar la tierras y hacer las denuncias, pero en 40 años nunca hizo un proceso de desalojo”, critica. Asimismo, “esta asociación de desarrollo lo que hace es defender los intereses de los no indígenas, los terratenientes”.
Ante esa situación, así como la paralización, durante décadas, de un proyecto de ley sobre autonomía indígena en la Asamblea Legislativa motivó al pueblo originario a organizarse. “En 2010 creamos el Consejo de Mayores Brörán, del pueblo Térraba y empezamos con el proceso de recuperación de hecho”, recalca. “La ley dice que la esta tierra le pertenece al pueblo Brörán, por lo tanto si el gobierno no lo hace, lo vamos a tener que hacer nosotros”, justifica.
Aunque el proceso también es largo. “En 2014, hicimos una propuesta al gobierno de 17 fincas urgentes de recuperar. Sin embargo, desde 2014 hasta ahora el gobierno no ha hecho absolutamente nada y esas son las fincas que estamos en proceso de recuperar”, aclara.
Una operación que hasta ahora ha derivado en la recuperación de siete fincas que representan 2.600 hectáreas. “Quedan más de 6.000 hectáreas por recuperar. No es nada fácil”, admite, calculando que para concluir con el proceso se necesitará una década.
“Esas recuperaciones se vuelven muy violentas, tenemos muchos riesgos”, asegura. Sibar no puede olvidar el asesinato de su compañero Jhery Rivera, en febrero de 2020, y cuyo caso todavía no se ha resuelto. “Fue muy violento, nos sacaron de una de las fincas que estábamos acompañando, tuvimos que salir, huyendo prácticamente, casi nos linchan”, recuerda.
A esta muerte se le une la de su “hermano y compañero” Sergio Rojas, líder bribri, en marzo de 2019. “Le asesinaron a las nueve de la noche en su casa”, lamenta, denunciando que “esos asesinatos siguen impunes”. Y recuerda que ambos líderes eran peticionarios de la medida cautelar que puso Naciones Unidas a Costa Rica en 2015 para proteger a los pueblos indígenas de la violencia.
La ola de violencia se detuvo tras el asesinato de Rivera. “El Gobierno pidió que no se siguiera con las recuperaciones y que él iba a resolver el problema pero hasta el día de hoy no ha resuelto absolutamente nada”, critica.
Asimismo, la crisis sanitaria mundial paralizó sus actividades que pretenden retomar este año. Todo ello, a pesar de vivir con miedo. No obstante, “no tiramos la toalla porque tenemos que dejar algo mucho mejor las futuras generaciones”
La diversidad de los pueblos indígenas en América Latina
Según datos de UNICEF, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas. México, Bolivia, Guatemala Perú y Colombia aglutinan el 87% de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Imagen: Christopher Pillitz
Amazonia, fuente de diversidad
Según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina de UNICEF, la Amazonia es la región con mayor diversidad de pueblos indígenas (316 grupos), seguida por Mesoamérica, la cuenca del Orinoco, los Andes y la región del Chaco. Brasil (foto) es el país con más diversidad de pueblos indígenas con un total de 241. Colombia es el segundo con (83), seguido por México (67) y Perú (43).
Imagen: DW/T. Fischermann
Diversidad de pueblos y lenguas
Cinco pueblos agrupan varios millones de personas: Quechua (foto), Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki'che; y seis aglutinan entre medio y un millón de habitantes: Mapuche, Maya q'eqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí. Cerca de una quinta parte de los pueblos indígenas perdió su idioma nativo en las últimas décadas. De 313 idiomas indígenas, el 76% es hablado por menos de 10.000 personas.
Imagen: picture-alliance/Robert Hardin
Cada vez más urbanos
Aunque más del 60% de la población indígena de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá todavía vive en zonas rurales, más del 40% de la de El Salvador, México y Perú reside en áreas urbanas. En Chile (foto) y Venezuela, la población que vive en ciudades supera el 60% del total. Éstos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua corriente que los de zonas rurales.
Imagen: Rosario Carmona
Conviviendo con la pobreza
Según un informe del Banco Mundial, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas, más del doble de la proporción de no indígenas. El 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más que la proporción de hogares no indígenas. En 2011, en Guatemala, tres de cada cuatro habitantes de zonas con pobreza crónica pertenecían a un hogar indígena.
Imagen: picture-alliance/Demotix
Educación superior: un privilegio para muy pocos
El reporte del Banco Mundial 'Latinoamérica indígena en el siglo XXI' apunta que la finalización de estudios primarios entre indígenas urbanos es 1,6
veces mayor que entre los que habitan en zonas rurales, mientras que los que terminan la educación secundaria es 3,6 veces mayor y los que cursan estudios superiores es 7,7 veces mayor. El acceso a la universidad es un privilegio para muy pocos.
Imagen: Uskam Camey
Brecha digital: exclusión social
A pesar de la aparente familiaridad de este miembro de la tribu Kayapó (Brasil) con la tecnología, los miembros de pueblos indígenas no se han beneficiado de su masificación. Estos tienen cuatro veces menos acceso a internet que los no indígenas en Bolivia y seis veces menos acceso en Ecuador. Asimismo, los indígenas tienen la mitad de acceso a un computador que los no indígenas en Bolivia.
Imagen: AP
Implicados en la vida política
Los pueblos indígenas participan activamente en la vida política de sus comunidades, ya sea a través de parlamentos locales o nacionales, en los municipios o a nivel estatal. Sus líderes están involucrados en partidos políticos nacionales o han creado sus propios partidos. Así, existen partidos indígenas muy influyentes en Bolivia y Ecuador, pero también en Venezuela, Colombia y Nicaragua.
Imagen: Reuters/J. L. Plata
Empoderamiento ciudadano
Con una población de más de 800.000 habitantes, principalmente de origen aymara (foto), El Alto (Bolivia), comenzó a organizarse en juntas vecinales. A través de éstas, exigieron tener acceso a sus propios recursos financieros y ejercer control sobre ellos. Las Juntas se crearon con el objetivo de que éstas planificaran, financiaran y construyeran infraestructura básica y proporcionaran servicios.
Imagen: picture-alliance/dpa/EPA/BOLIVIAN INFORMATION AGENCY
Protección vulnerada
Cerca del 45% de cuenca del Amazonas está protegida en el marco de diversas formas legales. A pesar de que 15 de los 22 países de la región han ratificado el Convenio Nr. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a menudo se vulnera el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que pretende garantizar su participación en cambios que pueden afectar su estilo de vida.
Imagen: Survival International
Indígenas en el punto de mira
Los representantes de pueblos indígenas son víctimas de criminalización y hostigamiento y suelen sufrir amenazas, violencia e incluso la muerte al posicionarse en contra de la instalación de grandes infraestructuras en su territorio. En la fotografía, miembros de las comunidades indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ubicado en el río San Pedro Mezquital, en Nayarit (México).
Imagen: AIDA/C. Thompson
Minería: fuente de conflictos
La minería también es una amenaza para los pueblos indígenas y provoca migraciones y conflictos. Se calcula que una quinta parte de la cuenca amazónica tiene potencial minero: 1,6 millones de kilómetros cuadrados, 20% de los cuales están en tierras indígenas. La extracción ilegal de oro también se ha propagado en la región, provocando deforestación, contaminación de los ríos y violencia.
Imagen: Jorge Mario Ramírez López
Defendiendo el territorio
Los Munduruku (foto), que cuentan con una población de entre 12.000 y 15.000 personas que viven en la orilla del río Tapajós, en los estados de Pará, Amazonas y Mato Grosso (Brasil), sufren el peligro de ambas actividades. Durante tres siglos, han tratado de demarcar oficialmente su territorio, una área de 178.000 hectáreas amenazado por actividades de extracción y proyectos hidroeléctricos.
Imagen: DW/N. Pontes
Socios clave en la lucha contra el cambio climático
El reconocimiento y la protección de los territorios indígenas es una estrategia eficaz para prevenir la deforestación y combatir el cambio climático. Entre 2000 y 2012, la deforestación en la Amazonia brasileña fue de 0,6% dentro de los territorios indígenas protegidos legalmente, mientras que fuera llegó al 7%, lo que produjo 27 veces más emisiones de dióxido de carbono.
Imagen: Ádon Bicalho/IPAM
Los grandes desconocidos
Algunas comunidades indígenas siguen negándose a tener contacto con el mundo exterior y viven en áreas aisladas, usando lanzas y dardos envenenados para cazar monos y aves. Es el caso de los Waorani (foto) que viven en la selva amazónica, en Ecuador. En las últimas décadas, muchos de ellos han pasado de vivir como cazadores a asentarse en el Parque Nacional Yasuní.
Imagen: AP
Contacto mortal
Lamentablemente algunos de los que han sido contactados han sufrido las consecuencias. Los indígenas matsés o “mayorunas” que viven en la ribera del río Yaquerana, en la frontera entre Brasil y Perú, conocidos como “el pueblo del jaguar" (foto) fueron contactados por primera vez en 1969. A raíz de este encuentro muchos murieron por enfermedades como tuberculosis y hepatitis.